Derechos Humanos

Quintana Roo actúa en respeto de derechos humanos

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Chetumal.- El secretario de Gobierno, Jorge Arturo Contreras Castillo informó que con asesoría de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se establecerán directrices mínimas para la actuación de funcionarios del Poder Ejecutivo durante protestas y manifestaciones.

Destacó que, durante tres días, oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizaron en la entidad conferencias y participaron en reuniones en los que se abordaron aspectos relacionados con el uso de la fuerza con perspectiva de género.

Arturo Contreras Castillo manifestó que el gobierno de Quintana Roo ha emprendido acciones para generar condiciones sociales, políticas y económicas que reduzcan las tensiones sociales y generen mayor conciencia sobre el respeto a los derechos humanos.

Por su parte, el Subsecretario de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad Humana, Elías Antonio Prado Laguardia, explicó que esta vinculación busca, al mismo tiempo, visibilizar la labor que realizan las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Dejó en claro que el gobierno del estado ha asumido el compromiso de promover, respetar, proteger y garantizar, así como investigar, sancionar y reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Elías Prado Laguardia señaló que es fundamental que las autoridades locales cuenten con protocolos de actuación en cuya conformación se reciba la asesoría de organismos nacionales internacionales y que permitan a los quintanarroenses ejercer sus libertades.

La agenda de las oficiales de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU incluyó la conferencia “Estándares internacionales de Derechos Humanos”, en la que participaron representantes de la Secretaría de Seguridad Pública; Academia Estatal de Seguridad Pública y Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.

También se realizaron mesas de trabajo en las que se trataron, en un contexto internacional y local, aspectos relacionados con la labor que realizan las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en la entidad.

Por igual, visitaron el Complejo de Seguridad Quintana Roo (C5) para conocer las herramientas y tecnologías con las que cuenta, además de que participaron en una reunión de trabajo con integrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Fuente: cgc.qroo.gob.mx

El respeto a los derechos humanos, una prioridad del gobierno de Carlos Joaquín

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Chetumal.- El gobernador del estado Carlos Joaquín presidió el día de hoy la inauguración de las Oficinas Centrales de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo.

Los derechos humanos son de gran importancia hoy en día, debido a la situación mundial en materia de salud ya que se han desarrollado estrategias para combatir la pandemia teniendo en un cuenta el respeto a las garantías de los ciudadanos, señaló Carlos Joaquín.

El gobierno del estado prioriza los procesos que requieren de atención y responsabilidad en la búsqueda de mejorar la salud, economía y seguridad de los grupos vulnerables como migrantes, trabajadores no asalariados, indígenas, mujeres, discapacitados, adultos mayores niñas y niños, entre otros, siempre respetando las libertades de los ciudadanos. «La gran consigna es el respeto a los derechos humanos, el respeto a las libertades», puntualizó el mandatario.

Carlos Joaquín expresó que ante la recuperación económica del estado, debemos estar conscientes de que debemos anteponer el cuidado a la salud y el cuidado a la atención de los derechos humanos, con un sentido más solidario desde el punto de vista comunitario, con responsabilidades personales, sociales, políticas y económicas para garantizar una recuperación justa para los quintanarroenses.

Así mismo, ll mandatario reconoció el trabajo independiente que ha realizado la Comisión, siempre apegada a la ley pero sin la intervención del Estado.

Grupos antiaborto clausuran de forma simbólica oficinas de Derechos Humanos

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Cancún.- Esta mañana, un grupo de personas contrarias a la despenalización del aborto se plantó afuera de las oficinas de la Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo (Cdheqroo), en la calle Pecari, Supermanzana 20, para reprobar la actual toma del congreso por grupos feministas, además de clausurar simbólicamente este espacio.

“Hoy, como ciudadanos, estamos aquí porque nos oponemos a que se siga engañando a la población quintanarroense desde estas oficinas, la protección de los derechos humanos no debe ser sólo para unos cuantos, debe ser para todos”, expresó Silvana Chávez, en representación de diversos grupos como “Red de Jóvenes por la Vida”, “Juventud Celeste”, “Frente Nacional por la Familia” y “Frente Próvida Quintana Roo”.
La activista onsideró que en el estado no se promueven los verdaderos derechos humanos y que desde la Comisión se apoya a las feministas, al emitirle medidas cautelares en su favor, para permitir la toma de instalaciones públicas como el recinto legislativo.

“Nosotros defendemos los derechos humanos, defendemos el primer derecho humano que es a la vida, defendemos los valores como la paz y la concordia”, finalizó la entrevistada.
Los inconformes colocaron sellos de clausura en estas oficinas, especialmente rotulados para la ocasión, en donde afirman que es por “promover la violencia de género” y por “apoyar únicamente a grupos afines a sus propias preferencias e ideologías”.
Es de destacar que estas oficinas todavía tiene las pintas realizadas el año pasado por grupos feministas.

Estrategia Integral de Intervención en Materia de Derechos Humanos

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Cancún.- El subsecretario de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad Humana de la Secretaría de Gobierno, Elías Antonio Prado Laguardia encabezó la primera sesión de trabajo para establecer la Estrategia Integral de Intervención en Materia de Derechos Humanos.

La intención es establecer protocolos de actuación que permitan evitar que se trastoque el goce de garantías, durante su participación en manifestaciones, de grupos específicos de personas, tales como mujeres, periodistas y defensoras de derechos humanos.

En este sentido, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos, Enrique Irazoque Palazuelos, dejó en claro que habrá total acompañamiento del Gobierno Federal.

Resaltó el compromiso del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, de respaldar las acciones que se implementen para garantizar en Quintana Roo el libre ejercicio del derecho a la manifestación.

Elías Prado Laguardia explicó que se pretende evitar que se repitan sucesos como la represión, agresión física, lesiones y detenciones que recientemente enfrentaron las personas que ejercían su derecho a la protesta en el municipio Benito Juárez.

Abundó que se pretende brindar una respuesta efectiva, por parte de los tres niveles de Gobierno, que permita fortalecer las acciones que propicien mejores condiciones para el goce y ejercicio de los derechos humanos de los habitantes en Quintana Roo.

Entre los principales acuerdos, hay que señalar que se establecerán nuevas mesas de trabajo para robustecer el análisis de los temas relacionados con violencia de género, derecho a la protesta, uso de la fuerza de corporaciones policíacas, atención a víctimas y protección para defensores de derechos humanos y periodistas.

Durante la reunión, la presidente municipal Mara Lezama, resaltó que el Ayuntamiento trabajará de manera coordinada con todas las instancias involucradas en las acciones para erradicar la violencia, con políticas públicas y atacando el problema de raíz.

Por su parte, el Encargado de Despacho de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, Lucio Hernández Gutiérrez reconoció que, con la suma de voluntades y estrategias coordinadas, se evitará que se repitan los lamentables hechos.

En la sesión de trabajo también participaron el Subsecretario Social e Interinstitucional de la Secretaría de Gobierno, Joel Espinosa Moreno y el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Marco Antonio Toh Euán.

Además, asistieron representantes de la Fiscalía General del Estado; Comisión Especial de Atención a Víctimas de Quintana Roo; Instituto Quintanarroense de la Mujer; Secretaría Estatal de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez.
Fuente:cgc.qroo.gob.mx

Garantizada atención para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

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Chetumal. – En Quintana Roo son permanentes las acciones que impulsan el respeto a las prerrogativas de los ciudadanos, por ello está garantizada la atención de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas durante la actual emergencia sanitaria causada por el Covid-19.

El subsecretario de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad Humana de la Secretaría de Gobierno, Elías Antonio Prado Laguardia informó que se ha dispuesto una guardia para atender con prontitud algún posible caso de agresión contra estas personas.

Explicó que la Subsecretaría a su cargo es el vínculo de comunicación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, instancia del Gobierno Federal responsable de atender y valorar todos los casos en los que podría estar en riesgo su integridad por el desempeño de su labor.

“Fungimos como enlace para que el Mecanismo cumpla su misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones. Contamos con protocolos para garantizar la atención en esta emergencia sanitaria”, indicó.

Antonio Prado Laguardia dejó en claro que el respeto a los derechos humamos y la libertad de expresión son premisas que ha impulsado la administración del gobernador Carlos Joaquín.

En este sentido, reconoció la labor que realizan los periodistas durante la cobertura de la actual contingencia sanitaria por porque, con su labor, contribuyen a proporcionar información fidedigna y difunden acciones para la protección de las familias.

Puntualizó que la instrucción recibida del Gobernador del Estado es respetar, garantizar, promocionar, proteger, dar a conocer y velar en todo momento por los derechos humanos de los quintanarroenses.
Fuente:cgc.qroo.gob.mx

Intervino Derechos Humanos en cinco municipios por “toques de queda”

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Cancún.- Durante la actual emergencia sanitaria, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) se ha mantenido activa, interviniendo ante cinco municipios que habían interpuesto un “toque de queda”, al igual que con la Secretaría de Seguridad Pública, por el filtro vehicular restrictivo instalado en Chetumal.
Marco Antonio Toh Euán, presidente de la Cdheqroo, comentó que “no hemos parado”, aunque debido a la pandemia del coronavirus COVID-19 priorizan la conciliación telefónica u otras medidas a distancia.

La primera actuación que realizaron, derivado de la actual contingencia, fue dialogar con cinco municipios que habían decretado “toque de queda”, sin tener facultad para ello, pues infringe el derecho a la libre circulación.

En estos casos, se dialogó con las autoridades para que modificaran el lenguaje empleado, quedando finalmente como exhortos.
Los ayuntamientos donde intervinieron incluyen a José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Othón P. Blanco.
También han tenido que revisar el tema de los filtros vehiculares, que pueden revisar a la ciudadanía, pero no impedirles el libre paso, situación que ocurría en Chetumal y que han visto en otros puntos del estado.

Toh Euán indicó que todavía mantienen diálogo con la Secretaría de Seguridad Pública, ante quien debieron intervenir, al existir ya cinco quejas contra su filtro.
Dijo entender que el derecho a la vida es primordial (argumento utilizado por el titular de la SSP, Alberto Capella Ibarra para justificar el filtro en redes sociales), pero también debe considerarse que ciudadanos de zonas rurales necesitan acudir a la ciudad para abastecerse de alimentos o productos, acudir a bancos o efectuar trámites.

La Cdheqroo, cabe recordar, también tuvo que emitir una medida cautelar contra este funcionario, que a diario publicaba fotos, nombres y apellidos de personas que presuntamente incitaban a saqueos, situación que vulneraba su presunción de inocencia.

Por último, la Cdheqroo ha tenido que atender personal médico o de enfermería que dicen tener problemas con sus centros de trabajo, por no garantizarles medidas de protección, o bien hacerlos trabajar pese a ser vulnerable ante el coronavirus.
También han gestionado atención diligente para enfermos que decían que no la recibían en diversos hospitales.

Imparten conferencia “Legislar con enfoque de derechos humanos”

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Chetumal, Quintana Roo. – Con el fin de generar leyes y ordenamientos apegados a los instrumentos internacionales de derechos humanos, legisladores y personal jurídico del Poder Legislativo participaron en la conferencia “Legislar con enfoque de derechos humanos”, organizada por la Comisión de Derechos Humanos de la XVI Legislatura que preside la diputada Judith Rodríguez Villanueva.

La conferencia, cuya inauguración inaugural estuvo a cargo de la diputada Reyna Durán Ovando, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO); fue impartida por el maestro Claudio Rubén Ku Pérez, catedrático de la Universidad de Quintana Roo, quien resaltó la importancia de que las acciones legislativas, tanto iniciativas, dictámenes y decretos que emita el Congreso del Estado, se realicen bajo los lineamientos de derechos humanos.

La diputada Judith Rodríguez Villanueva, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura indicó que esta conferencia es una de las primeras actividades que se estará impulsando la Comisión que preside, para fortalecer el trabajo legislativo del Congreso del Estado.

Por su parte la diputada Cristina Torres Gómez reconoció que, si bien los legisladores no necesariamente tienen que ser abogados, el personal que los asiste, así como los que trabajan en las direcciones de apoyo jurídico, proceso legislativo y en las secretarías técnicas; deben capacitarse y tener los conocimientos adecuados, pues son la base del trabajo legislativo.

En la conferencia estuvieron presentes las diputadas Linda Cobos Castro, Cristina Torres Gómez, Lili Campos Miranda, Atenea Gómez Ricalde; los diputados Edgar Gasca Arceo, Luis Fernando Chávez Zepeda, Carlos Hernández Blanco, José Luis Guillén López, y Alberto Batún Chulim, así como el secretario general del Poder Legislativo Arturo Castro Duarte.

Iniciativa para reconocer el “derecho al olvido” abre puerta a la censura y es contraria a los derechos humanos

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La iniciativa con proyecto de decreto, impulsada por el Senador Ricardo Monreal, para reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante, “Ley Federal”) y así instrumentalizar el mal llamado “derecho al olvido”, interpreta equivocadamente los derechos a la privacidad y protección de datos personales, restringe de forma ilegítima la libertad de expresión y debilita las garantías para ejercer los derechos humanos a través de las tecnologías.

Dicho instrumento propone reconocer, de manera expresa, la ampliación del derecho a la cancelación de datos personales, en principio, estableciendo que las plataformas digitales, los motores de búsqueda y los medios de comunicación sean responsables del tratamiento de datos personales y estén obligados a la supresión de los mismos, y habilitando a que toda información concerniente a una persona sea eliminada de Internet a petición de ésta. Lo anterior es un atentado directo a la libertad de expresión e información y puede afectar de manera directa la memoria histórica de nuestra sociedad.

Responsables de tratamiento
La iniciativa busca establecer que las plataformas digitales y los motores de búsqueda sean responsables del tratamiento de datos personales no en términos de la Ley Federal, si no por el contenido creado y compartido por sus usuarias y usuarios. Lo anterior contradice los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los cuales explícitamente señalan que “ninguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, búsquedas o conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios, siempre que no intervenga específicamente en dichos contenidos ni se niegue a cumplir una orden judicial que exija su eliminación cuando esté en condiciones de hacerlo”.

Además, propone que los medios de comunicación sean sujetos a responsabilidad por tratamiento de datos personales si en los contenidos que comparten (noticias, investigaciones, editoriales, entre otras) existe información que identifique o haga identificable a una persona; lo cual va en contra de los estándares interamericanos, los cuales señalan que “[l]as plataformas digitales de los medios informativos no son controladores de datos personales, sino fuentes públicas de información y plataforma para la transmisión de opiniones e ideas sobre temas de interés público, y como tal no pueden ser susceptibles de una orden de desindexación, ni tampoco la supresión de un contenido en línea de interés público”; y contradice lo estipulado en el Artículo 7 del Reglamento de la Ley Federal, que considera fuentes de acceso público a los medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica y de otra tecnología (siempre que el sitio donde se encuentren los datos personales esté concebido para facilitar información al público y esté abierto a la consulta general), así como a los medios de comunicación social.

La responsabilidad que les corresponde a las plataformas digitales, los motores de búsqueda y los medios de comunicación respecto a los datos personales que recaban y tratan, por ejemplo, para fines de publicidad, comercialización o estadísticos, es legítima y proporcional porque efectivamente configura un tratamiento de datos personales en términos de la Ley Federal. Sin embargo, no existe ni debe de existir responsabilidad por parte de plataformas y motores por el contenido que sus usuarias y usuarios compartan en sus espacios, ni por parte de los medios de comunicación por el contenido que divulgan como parte de su actuar profesional. Esta diferenciación es sumamente importante, pues su desconocimiento puede derivar en un mal entendimiento de los alcances de la protección de datos personales frente al ejercicio de otros derechos y en una mala interpretación del derecho de cancelación, como en la presente iniciativa.

Igualmente problemática resulta la siguiente redacción en la iniciativa: “[e]l responsable digital tendrá la obligación de realizar las operaciones necesarias para cancelar de manera inmediata y definitiva los datos personales digitalizados que hayan sido objeto de la solicitud del titular, así como las copias de seguridad y demás respaldos electrónicos existentes.” La responsabilidad que la iniciativa busca imponer a las plataformas digitales y motores de búsqueda para que éstas eliminen o des-indexen, directamente contenidos contraviene el Artículo 13.3 de la Convención Americana de los Derechos Humanosel cual señala que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos” que impidan la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Lo anterior, a su vez, podría dar lugar a una aplicación extraterritorial de una norma nacional de cuestiones administrativas y así plantear cuestiones complejas sobre el futuro de la jurisdicción en Internet y su interacción con la soberanía nacional.

Eliminación y desindexación de contenidos como restricción ilegítima a la libertad de expresión
La iniciativa propone que toda información que se encuentre disponible en el entorno digital sea eliminadaa petición de quien titule datos personales referidos en dicho contenido, aunque éste no haya sido obtenido ni utilizado a través de un tratamiento. Según “Los Principios Globales sobre la Protección de la Libertad de Expresión y la Privacidad” de ARTICLE19, una vez que la información se pone a disposición del público, la presunción es que debe permanecer accesible en el dominio público indefinidamente, y dicha presunción no extingue ninguna reclamación por violación del derecho a la privacidad o la aplicación de principios de protección de datos. La noción de que sea la persona titular de los datos la que deba mantener el control final sobre cualquier información que le haga referencia no es solo un enfoque limitado respecto a la ponderación de derechos humanos, sino que también ignora el derecho más amplio del público a recibir y compartir material que está legítimamente disponible en el dominio público. “La información removida no circula, lo que afecta el derecho de las personas a expresarse y difundir sus opiniones e ideas y el derecho de la comunidad a recibir informaciones e ideas de toda índole. Un efecto similar […] es el que produce la desindexación de contenidos, en tanto los mismos se hacen más difíciles de encontrar y se invisibilizan. Ambos tienen un efecto limitador en la libertad de expresión en tanto restringen la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por parte de todas las personas, sin consideración de fronteras nacionales.”

De hecho, según señala la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Organización de los Estados Americanos, “[c]on base en la doctrina originada por el caso Costeja y las normas de protección de datos personales existentes en América Latina, en la región se han registrado solicitudes de remoción y desindexación de contenidos a administradores de motores de búsqueda. También se ha documentado solicitudes que expanden significativamente el concepto del “derecho al olvido” para exigir a periódicos, blogs y periodistas, la remoción o eliminación de contenidos en lugar de su desindexación por motores de búsqueda. Organizaciones de la sociedad civil también han denunciado que funcionarios públicos de diversos países estarían utilizando el derecho al olvido para cancelar información de interés público, instaurando en muchos casos la práctica de reemplazar acciones de calumnias e injurias ante los tribunales por acciones de oposición ante la autoridad de protección de datos personales”. En ese sentido, ante distintas experiencias donde el “derecho al olvido” ha sido irresponsablemente reconocido, éste ha sido invocado para limitar o restringir la circulación de información de interés público.

Ante este escenario, las causales y limitantes descritos en la iniciativa que deben configurarse para ejercer el “derecho al olvido” se refieren a principios ya existentes en materia de protección de datos personales, los cuales son insuficientes para evitar un uso ilegítimo del derecho a la cancelación y la limitación exacerbada de la libertad de expresión en línea. De hecho, la RELE estima que la aplicación de un sistema de remoción y desindexación privada de contenidos en línea, con límites tan vagos y ambiguos como los aquí referidos, resulta particularmente problemático a la luz del amplio margen normativo de protección de la libertad de expresión bajo el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Las restricciones a la libertad de expresión solo resultan admisibles cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen que ésta (i) se encuentre establecida por medio de leyes en sentido formal y material, y dichas leyes deben ser claras y precisas; (ii) busque una finalidad imperativa (orientada al logro de objetivos imperiosos, interpretados de acuerdo a los principios de una sociedad democrática); (iii) sea necesaria, idónea y proporcional para alcanzar la finalidad perseguida; (iv) se someta a garantías judiciales; y (v) satisfaga el debido proceso.

Memoria histórica
La historia de México está marcada por la falta de garantía del derecho a la verdad y del acceso a la justicia. Las violaciones graves de derechos humanos se han ocultado pese a los intentos por investigar los crímenes del pasado.Por lo anterior, desde ARTICLE 19 consideramos que, aún con el establecimiento de las salvaguardas necesarias para resguardar el derecho a la libertad de expresión e información, el “derecho al olvido” no debería implementarse en México, debido a que el acceso a la información y el combate a la impunidad -sobre hechos graves de violaciones a derechos humanos y de corrupción- es una lucha contra el olvido y apuesta por la recuperación de la memoria histórica que el Estado mexicano ha querido enterrar. Más que olvidar, nuestra sociedad necesita saber, reconocer y recordar.

Una mala interpretación y, consecuentemente, una mala aplicación del derecho de cancelación de datos personales puede llegar a explotarse de forma inconstitucional para restringir la circulación y flujo de información relevante y útil para la sociedad bajo argumentos centrados en la privacidad y protección de datos personales, atentando contra los Artículos 6° y 7° constitucionales, así como el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto a la libertad de expresión e información. A la luz de los derechos humanos, el “derecho al olvido” no constituye una medida de restricción del derecho a la libertad de expresión idónea, necesaria y proporcional. El interés público y los derechos humanos, reconocidos en la Constitución Mexicana y en los instrumentos internacionales de derechos humanos que el Estado mexicano ha ratificado, deben prevalecer respecto del derecho de cancelación de datos personales de terceros interesados.

Desde ARTICLE 19 hacemos un llamado al Senado de la República, particularmente a las Comisiones Unidas a las que fue turnada la iniciativa (de Anticorrupción, de Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos) para advertir sobre los riesgos de la iniciativa y evitar su aprobación, a fin de enfatizar la garantía de los derechos a la libertad de expresión, información, memoria y verdad. ARTICLE 19 confía en que senadoras y senadores concuerden con estos argumentos para que pueda verse detenida tan lesiva iniciativa.
Fuente:https://articulo19.org/

Número de quejas ante Derechos Humanos aumentó en 2019

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Cancún.- El número de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) ha aumentado este año, situación que el presidente de la misma atribuye a una mejora en su atención y en la concientización de la ciudadanía sobre sus derechos. Faltando un mes para cerrar el año llevan ya mil 600.

“Tenemos resultados impresionantes, si de por sí, el año pasado significó todo un reto para superar otras administraciones, en este año ya logramos mejorar la estadística de atención jurídica y recepción de quejas, con un número mucho más alto que en el pasado; también (mejoramos) la parte de promoción y difusión; quiero resaltar que se concatena la parte de promoción con atención”, señaló en entrevista Marco Antonio Toh Euán.

Además, para este cierre de año han reforzado tres de los siete ejes que maneja la Cdheqroo.
“Investigación, atención a víctimas y sociedad civil. Tenemos el lanzamiento en los próximos días de la revista Dignidad en su nueva edición, que es una revista sobre derechos humanos, y esperamos ya también tener los productos de investigación sobre sondeos, encuestas y varios diagnósticos de varios asuntos y dinámicas de derechos humanos en el estado”, puntualizó.

DEPENDENCIAS MÁS SEÑALADAS
Confirma que, como es habitual, las dependencias más señaladas por su mal proceder son la Fiscalía General del Estado, por temas como dilación de justicia, procuración de justicia, no acceso a la justicia y ejercicio indebido de la función pública. Educación, cuyas mayores quejas son por negar el acceso a la educación o por maltrato infantil o por vulnerar los derechos de la niñez.
Mientras que las corporaciones de Seguridad Pública tanto a nivel estatal como las municipales, son denunciadas por detenciones arbitrarias, o trato inhumano o denigrante. Y al ser una constante las quejas sobre estas instancias, decidieron reforzar, desde la primera mitad del año, para poder trabajar en conjunto.

Otro tema en el que considera ha habido avances es en fortalecer los protocolos de investigación en temas como tortura, así como en las acciones en conjunto de consultoría jurídica para los municipios en temas como el respeto a la infancia, por ejemplo, el Operativo Mochila que querían algunos implementar. Además, reconoce que tienen frente a sí el gran reto de la situación penitenciaria.

Del total de quejas 65 por cierto se concentran en estas tres dependencias y hablando por municipios donde más quejas hay es Benito Juárez, después Othón P. Blanco y en tercer sitio Solidaridad.

Confirman violación de derechos humanos de Aleksei Makeev

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Chetumal.- El ruso Aleksei Makeev, detenido desde hace dos años por el asesinato de un hombre que formaba parte de la turba que ingresó a su casa con intención de lincharlo, no ha tenido acceso a su expediente en su idioma, e incluso hay una queja ingresada que él dice desconocer por completo, situación que es una violación a sus derechos humanos.
Así lo confirmó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), quien indicó que buscarán que pueda acceder a documentos traducidos, ya sea en ruso o en inglés.

“Primero que nada, él comenta que desconoce el documento, pero que sí tiene algunas quejas; en este caso, lo que hacemos es preguntarle si ratificaba el documento; su dicho tal cual fue que lo respalda si tiene que ver con sus quejas; en este caso, hacemos lo que pide la ley, que es tener oficialmente la traducción para que él pueda leerlo, porque se está violentando su derecho humano”, señaló en entrevista.

Dijo que este proceso de ratificación debe quedar concluido hoy mismo. Explicó además que buscan el acercamiento con el consulado ruso y, si no se lograra esta opción, aún queda el inglés, idioma que también habla el sujeto que se hizo famoso como “Lord Nazi Ruso”.
“Circuló un escrito que decía que era del señor (Aleksei Makeev); lo que hicimos fue ratificar los dichos del señor; obviamente él habla ruso; estamos buscando ahorita el encuentro con el Consulado Ruso de la región para la traducción como tal; ayer mismo se presentó gente de la Segunda Visitaduría General en Cancún para platicar con él en idioma inglés, porque tenemos a una persona y él dice que también habla inglés”, detalló.

Lo que también verificó la Cdheqroo fue que estuviera en buen estado de salud. Además, el ombudsman recordó que aún hay un expediente del caso abierto con la comisión. Han sido cinco quejas las que se han metido, cuatro han concluido y una sigue en trámite. A esta se adhiere la información que vaya surgiendo. “Hay que ser cuidadosos, si son los mismos hechos y distinta autoridad es una especie de acumulación o lo que proceda en su momento”, concluyó.

¿QUIÉN ESTÁ TRAS LA CUENTA DE TWITTER?
Con el supuesto desconocimiento del imputado en los escritos de queja por su detención, en el Centro de Readaptación Social de Cancún, queda en entredicho la veracidad y autoría de una cuenta de Twitter abierta a su nombre y que publica mensajes desde el 26 de octubre.
Los mensajes, escritos en mal castellano, además de hacer públicos estos escritos con queja que la Cdheqroo ahora trata de ratificar, señala una serie de supuestas vivencias y pensamientos, así como denuncias por el mal trato que sufre encarcelado.

Incluso, ayer señaló que no tiene acceso a un teléfono para comunicarse con su consulado, pero entonces surge la duda de cómo puede estar publicando en Twitter.
En estos mensajes, el supuesto Makeev se queja de que actuó en defensa propia. También se queja que su gobierno no le ha brindado apoyo.
Una turba quiso linchar a este ciudadano ruso, luego de que se supiera que él publicaba una serie de videos racistas en donde deploraba a los mexicanos. Una patrulla policiaca vio lo que iba a ocurrir y optó por retirarse del lugar, sin que regresaran, o llegaran otras autoridades sino hasta horas después, pese a existir trasmisiones en vivo de medios de comunicación del hecho en curso.

Acorralado, Makeev salió a defenderse con un cuchillo, hiriendo con el mismo a una de las personas que entró a su departamento. El ruso lo persiguió y volvió a herir, quitándole la vida; fue este detalle el que hizo que la Fiscalía optara por procesarlo. El fiscal incluso amenazó con hacer lo mismo con medios de comunicación presentes, aunque no con las autoridades omisas.

El gobierno ruso no quiso intervenir en el caso. La cónsul incluso señaló que este sujeto no los representaba, al tiempo de indicar que le advirtieron al gobierno mexicano sobre el comportamiento violento del sujeto.
Makeev tiene residencia permanente en México, obtenida como asilado, al alegar ser perseguido por su orientación sexual. En su país, estuvo internado en un psiquiátrico.