Justicia - Page 2

La justicia debe de tener un rostro humano, de acercamiento a la población, moderno: Magistrado Antonio León Ruiz

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Hace un año fue que el magistrado José Antonio León Ruiz ocupó la presidencia del Tribunal Superior Judicial de Quintana Roo. Con 12 votos a favor, por unanimidad, el destacado jurista ocupará el puesto principal de Justicia en este estado por un periodo comprendido del 8 de agosto del 2017 al 31 de agosto de 2022. El magistrado, como lo conocen sus cercanos y amigos es un hombre que ha dedicado su vida a la vigilancia e impartición de justicia, ya sea como Magistrado Numerario o como secretario particular de la ministra del Tribunal Superior Judicial, Lizbeth Loy Song Encalada.
Hombre de visión, el Magistrado León desde que asumió el cargo de Presidente del Poder Judicial del estado, se ha hecho de una misión: Dotar al Tribunal Superior Judicial de un rostro humano y acercarlo a la población. “Mi proyecto tiene futuro y en el futuro yo espero que cuando entregue este tribunal, sea un tribunal, que tenga una mayor índice de aceptación entre la ciudadanía”, ha reconocido el Magistrado en distintas entrevistas con medios.

Por eso no extraño que al presentar su Primer Informe de Actividades, hace un par de días, aprovecho para hacer hincapié en ello: “Esta gran oportunidad de compartir experiencias, logros y proyectos, motiva nuestro deseo de continuar avanzando hacia el fortalecimiento de un Poder Judicial dinámico, moderno, y con un nuevo rostro”, dijo.
Y a continuación explicó: “la justicia debe ser humana, esto es, que el juzgador deberá atender y resolver a partir de la ley pero con un enfoque humanista y de comprensión hacia la problemática propia de cada ajusticiado. La justicia debe ser moderna, haciendo uso de las tecnologías de la información para afrontar los retos de una comunidad en continua transformación. Y la justicia debe tener un nuevo rostro, nos hemos propuesto una justicia cercana con la sociedad para que los servidores públicos judiciales tiendan puentes directos de comunicación como dicen los postulados de la justicia abierta”.

Antonio León Ruiz presentó su Primer Informe acompañado de autoridades de los tres Poderes del estado, así como municipales. En la sala de sesiones del Tribunal Superior de Justicia estuvieron Francisco López Mena, secretario de Gobierno, como representante del gobernador Carlos Joaquín González y acompañado de los secretarios de la Contraloría, Rafael del Pozo; del trabajo Catalina Portillo Navarro; el Fiscal Miguel Ángel Pech Cen; los diputados Raymundo King de la Rosa, Emiliano Ramos, Ramón Padilla, Yamina Rosado y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y las presidentas del Instituto Electoral de Quintana Roo, Mayra Sanroman Carrillo, y del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Nora Cerón González.

Cuando León Ruiz llegó a la presidencia del Poder Judicial del estado fue, dijo, “para mejorar las cosas en el Poder Judicial de Quintana Roo, para mejorar la impartición de justicia; vamos a redoblar esfuerzos, les doy mi seguridad que no voy a traicionar esta confianza”.
A un año el Magistrado presenta números: el Poder Judicial inició en los Juzgados de Primera Instancia del Sistema Tradicional y Oral, un total de 25 mil 080 asuntos, de los cuales, siete mil 136 correspondieron a la materia civil, tres mil 967 al mercantil, 12 mil 485 al familiar y mil 492 al ámbito penal.
En tanto, en la segunda instancia fueron dos mil 760, en las salas especializadas, de las cuales, 965 correspondieron a la materia civil; 360 a la mercantil, 647 a la familiar y 788 a la penal.

Identificado como es parte de la vieja guardia del Poder Judicial del estado, el Magistrado León Ruiz, asegura que la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio es un hecho. Y reconoce que abatir el rezago y reducir los tiempos son algunos de los retos que enfrenta el Poder Judicial de Quintana Roo.
El Magistrado destacó el abatimiento al rezago en el Sistema de Justicia Tradicional, con lo cual se da certeza jurídica a quienes se encuentran privados de su libertad en los diferentes centros de reclusión del Estado.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia durante su Primer Informe de Actividades explicó: “En un estado de derecho, justicia y democracia se fusionan en una forma de vida responsable, en donde el imperio de la ley es la divisa bajo la cual actúa el máximo tribunal de Quintana Roo”.

Durante este año, en la gestión de León Ruiz se han logrado disminuir el rezago existencia en materia de sentencias de los juzgados de Playa del Carmen y Cancún, al dictarse 641 sentencias de un total de mil 441 expedientes rezagados. El Magistrado Antonio León Ruiz destacó dos iniciativas que fueron turnadas al Congreso del Estado. Una: derivada de una recomendación no vinculatoria del Sistema Nacional Anticorrupción, en busca de perfeccionar el procedimiento de designación de jueces, para hacerlo más transparente. Y dos: una iniciativa relacionada con la simplificación del procedimiento de convenios transaccionales, a fin de facilitar la resolución de controversias, y que corresponde a una demanda de los notarios en Quintana Roo.
Aficionado al Jazz y al blues y conocedor de la obra musical de Aretha Franklin, el Magistrado celebró después de su informe, ya en la noche junto al cuarteto de música clásica Alegro y al grupo de blues y jazz The Alba jazz, esto en los patios del Tribunal Superior Judicial.

«No queremos venganza queremos justicia con todo el peso de la ley»

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Chetumal.- La tragedia de la familia Itza Cobá ha golpeado el corazón de este municipio. A todos sus habitantes tocó las fibras más sensibles, el horrible crimen que sufrieron doña Roberta y su hija Yutzal.
Carlos Alberto Itzá Cobá, hermano de las víctimas y de la pequeña Julissa concede una entrevista a Pedro Canché Noticias. Serio, agradece el apoyo de los habitantes de este noble municipio, a familiares y vecinos sus múltiples muestras de afecto y cariño.

La vida sin duda no es la misma para Carlos y la pequeña Julissa. El hijo de doña Roberta exige “se aplique todo el peso de la ley por la forma en que fueron asesinadas brutalmente su madre y hermana”. No es justo, dice Carlos, “ellas sufrieron, fueron agredidas dentro de su casa hasta salir a la calle. Ellas sufrieron hasta el momento de dejar de latir sus corazones. Pido que la autoridad aplique la ley. Pido todo el peso de la ley”, repite con coraje el joven y añade: “si es un adolescente pero lo que hizo es de un criminal”.
Los pobladores de Felipe Carrillo Puerto y de la colonia Leonora Vicario están de acuerdo. El joven que asesinó a las dos mujeres puede recurrir a ser considerado un menor de edad y existe un recurso legal para que lo haga. Carlos no está de acuerdo con ello: “con los años que le van a dar en la cárcel no va a poder reparar el daño jamás, ni con todo el dinero del mundo”, y vuelve a exigir justicia: “yo quiero que los juzgados apliquen todo el peso de la ley, que el gobernador del estado que voltee a vernos porque ninguna autoridad se ha pronunciado. Nadie nos ha visitado, nadie nos ha apoyado, solo los pobladores, amigos y vecinos”.

Y reclama: “No tenemos apoyo ni siquiera la presidente municipal de Carrillo Puerto nos ha buscado. Ni se pronunció a favor de mi hermanita. Fue la sociedad la que se movilizó”, dice enojado.
Lo cierto es que las autoridades policiales han cambiado las versiones de este crimen a lo largo de la investigación, primero argumentando el robo como el móvil del crimen, después, que fue un asalto. Carlos Alberto dice enojado: “¿qué le van a robar a mis hermanitas? En la casa no tenían nada de valor, con trabajo tenían un televisor en la sala. Mi madre era ama de casa, era trabajadora doméstica, vivía de limpiar casas, vendía pozole que ella misma preparaba, salía a vender al mercado. No pueden decir que era un robo. Esto no fue un robo. Gracias a la sociedad que tiene la fuerza, que tuvo el coraje y el valor de apoyarnos es que ahora ya tenemos al delincuente detenido”.

La molestia de Carlos Alberto es evidente y pide el apoyo de la sociedad y de la prensa. Pide que sean vigilantes del proceso para que estos feminicidios no queden impunes. Carlos sentencia: “hoy es mi familia, es mi hermana, Nosotros estamos sufriendo y no queremos que vuelva a suceder. Esto debe de ser un foco rojo que se está encendiendo en Felipe Carrillo Puerto. No debemos permitir que esto pase. No queremos venganza queremos justicia con todo el peso de la ley”.
Hasta ahora, ni Carlos o sus familiares saben las razones del homicidio. Las autoridades han mantenido un fuerte hermetismo. Jesús Elizama, el presunto asesino, es hijo de un exfuncionario o funcionario de la CNC en Felipe Carrillo Puerto. Esto de alguna manera acongoja a Carlos y a su familia, pues no saben si la justicia será imparcial y expedita. “Nos han pedido que confiemos en la autoridad y eso vamos hacer, confiar en la autoridad. Esperamos que hagan su trabajo. Vamos a pedir ayuda a las organizaciones en contra feminicidios, vamos a pedir ayuda en donde sea si en el estado no nos quieren ayudar

Ni Carlos ni la pequeña Julissa han recibido apoyo psicológico. Las autoridades municipales los han dejado a la buena de Dios. Mientras las diligencias judiciales se llevan a cabo, Carlos confiesa que solo le han asignado un abogado de oficio.
Carlos y su hermana han tenido que trasladarse de Felipe Carrillo Puerto a Chetumal con sus propios recursos. Ninguna autoridad, municipal o estatal se ha acercado a ellos.
Carlos, emocionado, con un dejo de amargura reconoce: “Nadie se acercado ni una autoridad por eso estamos pidiendo el apoyo para un abogado. Pedimos el apoyo a asociaciones que se interesen en nuestro caso. Necesitamos un abogado que lleve nuestro caso y logre la condena. Nos urge un abogado. Necesitamos Justicia”, concluye Carlos.
Mientras espera las audiencias, donde verá por vez primera al asesino que le arrebato a su madre y hermana.

Apelarán Liberación de juez de caso Canché

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Si bien el periodista Pedro Canché Herrera celebró las detenciones de la agente del ministerio público Tila Patricia León y del juez Javier Ruiz Ortega, hablo al respecto de que sólo hayan otorgado auto de formal prisión a Tila Patricia y que bastase la declaración del juez para dejarlo en libertad.
“Parece que entre jueces no se leen la mano. Hubo mucha presión entre los jueces a nivel nacional para que no se sentara el precedente de castigar a un juez por delitos que atentan contra la libertad de expresión”, sentenció el periodista enviado a la cárcel por el exgobernador Roberto Borge Angulo en rueda de prensa, tras saber que este martes por la tarde fue liberado el juez Ruiz Ortega.
Reiteró que estas dos detenciones, producto de las resoluciones de la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) es solo el principio, pues hay más involucrados que podrían enfrentar a la justicia.

Por su parte, Araceli Andrade Tolama, representante de Artículo 19 y quien es abogada de Canché Herrera, así como de Lydia Cacho Ribeiro, dijo que la resolución de la Feadle hace visible que los funcionarios que tengan un mal proceder puedan ser enjuiciados por su mal desempeño, ya sean peritos, agentes del MP o incluso jueces.
“Nuestra finalidad es ir por los autores materiales, pues según las declaraciones sólo seguían órdenes, y así podremos escalar hasta los autores intelectuales”.
Señaló también que apelarán la liberación del juez y que en caso de ser necesario irán a la SCJN, aunque saben que seguirán enfrentando jueces.

El expediente que se usó para encarcelar al periodista estuvo lleno de inconsistencias, tan es así que su abogada ha dado a conocer que ha detectado más de 100.
“Prácticamente cada renglón es una inconsistencia. En toda mi carrera nunca vi un documento tal mal armado y con tantas fallas”, comentó.
Como ejemplo citó, “la denuncia contra Pedro fue presentada el 20 de agosto de 2014, sin embargo el peritaje es de fecha 19 de agosto, es decir un día antes de la denuncia. Podría pensarse que fue en error de dedo, pero en posteriores declaraciones un perito aceptó que fue un día antes y por órdenes del gerente de CAPA para hacer un peritaje, cosa que nunca sucede, que actúen tan rápido”.

Resaltó también que el sabotaje es un delito grave, y que no había muchos casos previos al de Canché Herrera, y que incluso, este fue el primer expediente que armó en su carrera la agente del Ministerio Público encargada del caso, es decir no tuvo referentes al armar la denuncia. Un proceso de este tipo, indicó la abogada, puede llevar de seis meses a dos años, sin embargo, al periodista lo detuvieron en menos de 42 horas.

PGR aprende a funcionarios por encarcelamiento del periodista Pedro Canché

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La PGR cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de Tila Patricia “N” y a Javier “N”, quienes en su calidad de servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia y del Poder Judicial de Quintana Roo, respectivamente, probablemente iniciaron, instruyeron y determinaron un proceso penal por el supuesto delito de sabotaje en perjuicio de un periodista en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto.

Los hechos que dieron origen a la integración de una indagatoria en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), se presentaron cuando el periodista Pedro Canche tomaba fotografías, grababa video y recababa información de una manifestación pública en las afueras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en esa ciudad.

Derivado de lo anterior, el comunicador publicó diversas notas periodísticas con una línea editorial crítica a la atención a la población maya de dicha comunidad por parte de las autoridades estatales y municipales y posteriormente fue detenido por acusársele de cometer el delito de sabotaje en perjuicio de la sociedad en general y encarcelado por un período de nueve meses aproximadamente.

La investigación señala que Tila Patricia “N”, en su calidad de agente del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de Justicia, inició una indagatoria sin contar evidencia alguna que acreditara los elementos del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del periodista, consignó y solicitó una orden de aprehensión en su contra, como represalia por su actividad periodística.

Por otra parte, la FEADLE señaló que presentó elementos suficientes a consideración de un juez federal para determinar que Javier “N”, como juez penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, dictó, sin contar con elementos probatorios que permitieran presumir la probable participación del periodista en el delito de sabotaje, el auto de formal prisión en su perjuicio y con la finalidad de afectar, limitar y menoscabar el derecho humano a la libertad de expresión.

Los probables responsables, a quienes se les imputa la comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 225, fracción VIII, (hipótesis de al que entorpezca maliciosamente la administración de justicia), del Código Penal Federal, quedaron a disposición de la autoridad judicial que los requiere y fueron internados en el Centro de Readaptación Social de Chetumal, Quintana Roo.
Fuente: Revistabe.com.mx

Para detener jueces y magistrados ya no se solicitaría autorización del Tribunal

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Con la iniciativa presentada por la diputada Eugenia Solís, las órdenes de aprehensión emitidas en contra de jueces y magistrados podrán ser ejecutadas sin solicitar antes la autorización del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo.

“De esta manera nos aseguramos de que todos seamos iguales ante la ley a la hora de enfrentar la justicia. El objetivo es eliminar las trabas o procedimientos especiales que ralentizan o dificultan la aplicación de la ley en contra de algunos servidores públicos”, dijo la legisladora panista, precursora de esta iniciativa.

Dicha propuesta, que ya fue turnada a Comisiones para su estudio y análisis, busca derogar la fracción IV del Artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, la cual establece que antes de ejecutar una orden de aprehensión en contra de un juez o magistrado, primero se debe turnar toda la información y el expediente al Pleno del Tribunal, que tiene la facultad de revisarlo e incluso hasta rechazar dicha orden de aprehensión.

“al eliminar este procedimiento especial, las órdenes de aprehensión se ejecutarán sin filtros y de manera directa, como ocurre con cualquier ciudadano”; puntualizó la diputada Eugenia Solís.

“Detenciones son por justicia, no venganza política”

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AGENCIA SIM

Chetumal.- Las detenciones de ex funcionarios deben verse como cuestión de justicia, no de venganza política, aseguró la precandidata independiente a la presidencia de la república, Margarita Zavala Gómez del Campo, durante su visita a Quintana Roo.

Entrevistada tras su arribo al aeropuerto de esta ciudad, la aspirante presidencial aseguró que Roberto Borge Angulo fue uno de los “gobernadores más tristes, en términos de corrupción, del país”, que ahuyentó inversiones, e hizo mucho daño, incluso a la estructura de procuración de justicia.

“Por corrupto y corruptor debe estar en la cárcel”, aseveró. “Pero eso no lo hizo solo, si gente también fue usada para corromper y se quedaron con un ‘cacho’, o no se lo quedaron, deben también ir a la cárcel”.

Por ello, la detención del ex secretario de Finanzas y Planeación, Juan Vergara Fernández, también debe ser visto como la acción de la justicia y “darle a cada quien lo suyo”.

Margarita Zavala aseveró que el periodo de precampañas que vivió el país fueron no sólo una simulación, sino incluso un “atentado a la inteligencia del mexicano”, pues se gastaron millones de pesos en supuestas contiendas internas inexistentes.

“Lo digo por Ricardo (Anaya), pero no sólo por él, sino por López Obrador. ¿Había duda que sería él el candidato? Lo mismo con Meade, ¿alguien dudaba que él sería el candidato del PRI?, pero hicieron precampaña y gastaron millones”, aseguró.

La ex panista indicó que su propuesta es eliminar el financiamiento público a los partidos, porque ya se cuentan con suficientes herramientas tecnológicas para asegurar transparencia y evitar que domine un privado o se use una fuente ilícita.

Sobre las acusaciones de triangulación de recursos en la fundación de Ricardo Anaya, aseguró que estas dudas deben ser aclaradas, pues un aspirante presidencial debe tener honestidad probada y estos movimientos financieros generan sospechas.

Zavala Gómez del Campo dijo tener más de 900 mil firmas y necesitar tan solo 2 mil 800, que serán obtenida en los próximos días.

“La Justicia llegará” dice Cristina Gómez

AGENCIA SIM

Playa del Carmen.- Al sostener que hay más personas implicadas y no únicamente el expresidente municipal de Solidaridad, Mauricio ‘N’, la actual alcaldesa, Cristina Torres Gómez, pidió a la población tener paciencia porque “la justicia llegará”.

“Hay procesos que son lentos pero van llegando. Eso es lo que buscamos, que Solidaridad recupere su progreso, no hay que mirar hacia abajo sino hay que mirar hacia arriba”, dijo.

La edil expuso que la carpeta contra Mauricio ‘N’ se integró bien, pero subrayó que no persiguen sólo que se actúe conforme con la ley sino que se resarza el daño.

“Estamos totalmente seguros que la carpeta de Solidaridad está bien integrada y que buscamos hasta el final que se resarza el daño. Una persona en la cárcel no nos sirve de nada si no se repara el daño causado al municipio solidaridense, que es lo que buscamos”, indicó.

En cuanto a que hay más implicados, dijo que son todos aquellos que han dirigido el municipio, aunque por el actual sistema de justicia penal no pueden dar nombres, «pero sí hay varios nombres”, citó.

Recordó que el quebranto es por alrededor de 700 millones de pesos.

“Le digo a la gente que confíe en las autoridades, la justicia va a llegar, ya está llegando, hay procesos que son lentos pero van llegando”, concluyó.