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¡Ya es legal!, la “legítima defensa” de las mujeres en Quintana Roo

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¡Ya es legal!, la “legítima defensa” de las mujeres en Quintana Roo

 

Cancún.- A partir de hoy entra en vigor la modificación al Código Penal del Estado, que permite a las mujeres y/o a persona que las defienda en una pelea, actuar al extremo para salvaguardar la vida, aunque sea en detrimento de la propia vida del agresor; también aumenta el castigo para quienes den muerte a personas menores de 17 años y a las mayores de 60 años.

Lo anterior, debido que ayer 1 de abril, los decretos 115 y 116 emitidos por la XVIII Legislatura, fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado, por orden del Poder Ejecutivo.

Así en el artículo 107 Bis, la modificación es en materia del aumento de penas hasta “dos terceras partes” para aquellas personas que agredan niños, adolescentes y ancianos, al grado de quitarles la vida.

Asimismo, entra en vigor la reforma del artículo 182 del referido Código, “Al que de cualquier modo dañe o destruya, alguna vía o medio de comunicación o transporte destinado a la prestación de los servicios público o privado de transporte en cualquiera de las modalidades contempladas en la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo que no sean de jurisdicción federal; o dañe o destruya las señales correspondientes, interrumpiendo o dificultando los servicios de emergencia, se aplicará prisión de seis meses a cuatro años y de cincuenta a doscientos días multa”.

El Decreto 115 publicado ayer en el Periódico Oficial del Estado, detalla las mismas penas se impondrán al que retenga cualquier vehículo destinado al servicio público o privado de transporte en cualquier de las modalidades contempladas en la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Otro Decreto publicado es el 116, donde la XVIII Legislatura publica que se reforman los párrafos cuarto y quinto de la fracción II, del apartado B, del artículo 20 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Artículo 20, “… Cuando quien ejerza la legítima defensa, sea una mujer, y al momento de desplegar la conducta, sea víctima, o esté en peligro inminente de ser víctima de violencia física, sexual, homicidio o feminicidio, y cuando una persona despliegue la conducta en auxilio de una mujer en el momento, sea víctima de violencia física, sexual, homicidio o feminicidio, a fin de repeler el acto violento de que se trate”, queda la modificación.

Verónica Acacio Trujillo viola la ley del Poder Judicial y funge como «juez y parte» en el caso de Sergio León Cervantes contra su ex esposa Catalina Castro

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Chetumal.- Catalina Castro Meneses, ex pareja del empresario Sergio León Cervantes y víctima del «influyentismo y amiguismo» que se vive al interior del Poder Judicial del Estado, presentó ante la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo las pruebas contundentes que confirman las violaciones a la ley en las que ha incurrido la Magistrada Consejera del Tribunal Superior de Justicia (TSJPJ), Verónica Acacio Trujillo, y por el que ha solicitado al Poder Legislativo un juicio político en su contra.

El pasado 24 de mayo, Catalina Castro y su representante legal Araceli Andrade presentaron ante la Comisión de Justicia del Congreso del Estado la solicitud de juicio político en contra de Verónica Acacio, en el que fue señalada por su intervención a modo en el juicio 148/2022 que enfrenta la víctima y que fue promovido por el ex presidente de COPARMEX Quintana Roo, Sergio León Cervantes.

Según las declaraciones de la mujer, la magistrada ha violado y manipulado la ley y a los servidores públicos del Juzgado Segundo Oral Familiar de Cancún en beneficio de León Cervantes, quien es su intimo amigo.

La víctima asegura que Acacio Trujillo es «juez y parte» en su caso, a pesar que la ley lo prohíbe.

Por estás razones, Castro Meneses y su abogada solicitaron el juicio político y fue el día de ayer viernes cuando presentaron las pruebas que argumentan las acusaciones contra la Magistrada.

Entre las evidencias presentadas, data lo siguiente:

1. Copia Certificada de la Escritura Pública número 2873 con fecha 13 de julio de 2009 expedida por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) y pasada ante la Fe Pública de la licenciada Carmen Nicolás Ramírez, titular de la Notaría Pública 38, relativa a la conformación persona moral «Corporación Jurídica Acacio Sociedad Civil» formada por Alfredo Romero Pasos, Verónica Gloria Acacio Trujillo, Benigno Renan Quezada Rodríguez, Gaspar Felipe Buenfil Caballero, Luis Miguel Paredes Cocom y María Luisa Del Rio Vent.

Prueba que acredita que la magistrada es socia mayoritaria al 80 por ciento del despacho, que representa jurídicamente los intereses de Sergio León Cervantes en el juicio 158/2022 del Juzgado Segundo Oral Familiar en Cancún.

La anterior, es la evidencia mayor de las violaciones a la ley en que ha incurrido Acacio Trujillo. Por un lado el artículo 100 de la Constitución Política del Estado que dice «… Ningún servidor público del Poder Judicial del Estado tener, servir o desempeñar al mismo tiempo otro empleo, cargo o comisión diverso, excepción de la docencia y los cargos honoríficos en instituciones públicas o privadas. asociaciones o sociedades científicas, literarias, culturales, educativas, deportivas, de investigación científica o de beneficencia, cuyo desempeño no perjudique las funciones o labores propias de su cargo…»

Por otro lado, el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo que expresa: «…Los servidores públicos del Poder Judicial no podrán prestar sus servicios en actividades que se relacionen con el ejercicio de la abogacía…»

Está ley ha sido ignorada por Verónica Acacio, quien ha preferido apoyar y defender a su amigo Sergio León en su despacho.

2. Certificado de Libertad de Gravamen expedida por Hilda Margarita Manrique Ley, delegada del RPPC en Cancún, relativa al inmueble con domicilio en Avenida Contoy Lote: 54 Manzana: 02 Supermanzana: 19, a nombre de Verónica Gloria Acacio Trujillo, propietaria del 100 por ciento.

Esta prueba, confirma que el despacho de la magistrada es el autorizado por Sergio León Cervantes «cómo domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones aún las de carácter personal, documentos, títulos y valores», en el juicio de divorcio.

Las dos evidencias anteriores comprueban la intromisión de Verónica Acacio en el juicio para favorecer a su amigo de fiestas y convivencias, y dejar en la calle y sin hijos a Catalina Castro.

Pero no fueron las únicas pruebas, también presentaron un documento de la Fiscalía General del Estado (FGE) que comprueba el tráfico de influencias de la magistrada Verónica Acacio en la institución a través del fiscal del Ministerio Público, Gaspar Felipe Buenfil Caballero.

Buenfil Caballero es socio de Acacio Trujillo en la «Corporación Jurídica Acacio S.C» y es también complice de las arbitrariedades que se han cometido en la FGE en agravio de Catalina Castro.

Tras las evidencias presentadas Castro Meneses y Andrea Tolima solicitaron a la Comisión de Justicia la medida cautelar de dar parte a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que investigue la procedencia de los recursos que ha adquirido Verónica Acacio por medio del despacho jurídico «Corporación Jurídica Acacio, Sociedad Civil», cómo una prueba más de la señalado en la solicitud de Juicio Político en su contra.

Expide XVI Legislatura ley de prevención, atención integral y control del VIH en Quintana Roo

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Chetumal.– La XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó la creación de una nueva ley para la prevención, atención integral y control del VIH en el estado de Quintana Roo para que, a través de la conjunción de esfuerzos gubernamentales combinados con la sociedad civil organizada, se generen acciones encaminadas a la prevención de la transmisión del VIH en la sociedad quintanarroense, así como la atención integral de las personas que padecen VIH, SIDA o infecciones de transmisión sexual (ITS).

En la sesión ordinaria número 27, se aprobó el dictamen con minuta de Decreto por el que se expide la Ley de Prevención, Atención Integral y Control para el VIH del Estado de Quintana Roo, en el cual se establece un estándar mínimo para la prestación de los servicios de salud relacionados con la atención médica de las personas que padecen las multicitadas enfermedades, así como la obligación de todas las autoridades y particulares de abstenerse a realizar actos discriminatorios a este sector social.

También se crean el COESIDA y el COMUSIDA, como organismos estatales y municipales respectivamente, que tienen bajo su encargo el diseño, consulta, evaluación y coordinación de las estrategias y programas de prevención y atención integral de las personas afectadas por el VIH, SIDA y otras ITS.

Por otra parte, se aprobó el Dictamen con minuta de decreto por el que se expide la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Quintana Roo y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo.

Con esta nueva ley, se dota a los pueblos y comunidades indígenas de la entidad de una ley local que, además de contemplar su derecho a la consulta previa por actos de naturaleza administrativa y legislativa, instituye procedimientos e incentivos institucionales para su materialización.

Además, con 17 votos a favor, el Pleno Legislativo designó al C. Gilberto Peña Cruz como titular de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura, para un periodo de cuatro años del 30 de mayo de 2022 al 29 de mayo del 2026.

Previamente, las diputadas y diputados aprobaron el dictamen que contiene la terna conformada por las personas candidatas para ocupar la titularidad de la Unidad de Vigilancia que cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 113 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; la cual estuvo conformada por Gilberto Peña Cruz, Julio César Kumul Cen y Freidy Ayala Zavalegui.

En las sesiones ordinarias se dieron lectura a las siguientes iniciativas: por la que se adiciona la fracción XXIV bis, Ll bis en el artículo 5 y un tercer párrafo al artículo 185 de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo y se reforma el párrafo quinto del artículo 43 de la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo; por la que se solicita se reforme el artículo 46 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, en materia de protección al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad.

También se dio lectura y se turnó a comisiones la iniciativa de Decreto por el cual se adicionan y modifican diversos artículos a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, al Código Civil para el Estado de Quintana Roo y al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de violencia vicaria.

Por último, se aprobó el acuerdo por el que la XVI Legislatura determina atendidas las recomendaciones puestas a vista por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, con las nomenclaturas CDHEQROO/12/2020/I y CDHEQROO/07/2021/II.

Gustavo violenta la ley

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Sin seguir los procesos de transparencia a los que se dijo se sometería, el diputado Gustavo Miranda García, aspirante a diputado federal y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, miente al contratar a una empresa que manejará la correspondencia y las iniciativas que presenten los diputados en la XVI Legislatura.
 
Gustavo Miranda, en conferencia de prensa, dio a conocer un sistema para recepción de documentación que proporcionará una empresa privada contratada por el Congreso y de la cual se reservó a toda costa el precio que pagará el Poder Legislativo por el uso de ese software, a pesar de la insistente pregunta de los medios de comunicación.
 
Incluso, la puesta en marcha de ese sistema de recepción de documentación se dio a conocer a medios antes que a los propios legisladores quienes aún desconocen los mecanismos bajos los cuales funcionará y tampoco han sido informados del costo, duración, seguridad y privacidad con que se habrá de manejar la información que estará en manos de personal ajeno al Congreso.
 
El diputado y aspirante a otro cargo político, Gustavo Miranda, le pidió al secretario general del Congreso, Renán Sánchez Tajonar, informar sobre los detalles de la adquisición, sin embargo Sánchez Tajonar fue acorralado por los medios cuando lo increparon por el costo pues no quiso responder y reveló que se saltaron todos los procedimientos para hacer una adjudicación directa por la contratación de este servicio, contrario a lo que marca la ley.
 
Incluso, reveló que no será personal del Congreso quien maneje completamente este sistema pues dijo que, en acuerdo con las presidencias municipales, lo que tampoco tiene sustento legal, pues deben firmar convenios de colaboración para ello, se capacitará a una persona del municipio para que maneje una computadora, y un escáner para recibir la documentación dirigida al Congreso.
 
Contrario a lo que siempre ha predicado Gustavo Miranda, rechazó por todos los medios dar a conocer el costo del servicio, al tiempo que confirmó que incumplió su palabra cuando dijo que todas las contrataciones se harían a través de un comité de adquisiciones, el cual hasta el momento no ha sido dado a conocer. Una vez más Miranda y su equipo violan todos los procedimientos y demuestran que mintieron al hablar de transparencia y rendición de cuentas.
 
La puesta en marcha de este mecanismo de correspondencia hasta el momento es ilegal pues el artículo 103 de la Ley Orgánica del Congreso señala que la existencia de solo una Oficialía de Partes que depende de la Secretaría General y es la única vía que prevé para la recepción oficial de documentación. 

El proyecto que dio a conocer hoy ante medios de comunicación y que presumió como único en América Latina, lo cual es falso, y que calificó -como muchas de sus acciones sin sustento- como “histórico”, es un sistema que conecta por internet a las computadoras que serán operadas por personal ajeno al Congreso.

Con este sistema también se viola la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pues quien recibirá la documentación no tiene la calidad ni la atribución legal para el manejo de información confidencial como pueden ser órdenes judiciales, resoluciones de juzgados, comunicaciones oficiales de parte de gobiernos de los estados, de congresos estatales o del gobierno federal.
 
El sistema presentado carece de toda legalidad para manejar la información del Congreso y es de preverse que los legisladores lo van a rechazar en cuanto lo conozca.

Congreso aprueba Ley Olimpia para castigar a quienes compartan “packs” o “nudes”

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Chetumal.- Los integrantes se la XVI Legislatura aprobaron la ley que prohíbe en Quintana Roo compartir «pack» o «nudes», inciativa que fue propuesta por el diputado Alberto Batun Chulim.
Fue con 23 votos a favor que se aprobó la ley y ahora se espera para que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado y entre el vigor. La ley también fue apoyada por organizaciones civiles y defensores de los Derechos Humanos y es conocida como «ley Olimpia».

Hay que destacar que llleva ese nombre gracias a Olimpia Coral Melo Cruz, speaker y activista que sufrió de humillación pública en Puebla cuando tenía 18 años de edad debido a que su exnovio divulgó contenido sexual de ambos en redes sociales sin su autorización.
Además de que su cuerpo e intimidad se hicieron virales en WhatsApp, YouTube y Facebook, un periódico publicó en portada las imágenes con la noticia de que ella ya no tenía futuro. La gente empezó a llamarla “la gordibuena de Huachinango”.

La diputada Cristina Torres Gómez expuso un caso similar en Playa del Carmen e instó a sus compañeros a que se aprobara dicha Ley en beneficio de las y los quintanarroenses.
Destacó que cientos de chicas sin exhibidas sin que lo sepan, como una venganza de parejas, amigos o compañeros, quienes comparten packs de sus cuerpos e intimidades en diversos espacios, incluidas las redes sociales.

De ahí surgió en Quintana Roo castigar estas acciones y fue el diputado Batun Chulim quien la propuso. Se elaboró un proyecto de reforma para castigar la violencia digital y elevarla al rango de delito.
Hoy en Quintana Roo se castigará con cárcel a quien se le compruebe que es culpable del delito de violencia sexual digital.

«Funcionarios públicos deben dar ejemplo de respetar la ley»: Capella

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Cancún.- Los servidores públicos deben poner el ejemplo al doble durante la emergencia sanitaria a causa de la pandemia por Covid-19, y respetar las medidas estrictas establecidas para reducir la movilidad en todo Quintana Roo, a fin de salvar vidas, señaló el secretario estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra en entrevista telefónica.

Lo anterior al referirse al caso de la octava regidora de Puerto Morelos, Yazmín del Carmen Vivas Medina, quien ayer, al desobedecer el llamado de la Policía Quintana Roo de ese municipio para detener su unidad e informarle del cierre de la avenida “José María Morelos”, aceleró y en su huida del filtro de seguridad pasó la llanta de su camioneta por encima del pie de una uniformada, por lo que fue consignada a las autoridades.

“Considero que es un acto sumamente lamentable y criticable (de Yazmín Vivas), sobre todo porque quienes tenemos una responsabilidad de orden institucional tenemos que dar el ejemplo dos veces. Se siguieron los canales normales en términos de orden legal (en el caso de la regidora) y simplemente es un ejemplo de lo que no se debe hacer”, refirió.
El funcionario estatal dijo que hasta el momento se han instalado 15 filtros policiacos solo en la Zona Norte de Quintana Roo, para inhibir la circulación de automovilistas en esta que es considerada una de las fases más críticas de la emergencia sanitaria, que es la propagación comunitaria del virus.

YA SE VE RESULTADOS
Por otro lado, Jesús Alberto Capella indicó que estas medidas, que, aunque parecieran controvertidas, han ayudado a disminuir la movilidad social en municipios como Benito Juárez y Solidaridad.

“Con la apretadita que le demos con estas acciones en las próximas horas esperemos bajar (en ambas localidades) a un 30 por ciento de movilidad y bajar hasta un 20 por ciento, que según nuestros cálculos es la gente que realmente tiene que moverse por pertenecer a actividades esenciales”, explicó en entrevista.
El funcionario lamentó que aún no se entienda la magnitud de la emergencia sanitaria que se vive actualmente y que las acciones emprendidas hayan generado críticas en ciertos sectores de la población. “Es más importante la vida y por ello el Gobierno del Estado provee de lo necesario para que los quintanarroenses permanezcan en casa”, apuntó.

Por último, reiteró el llamado a la ciudadanía y a los dueños de negocios a acatar las disposiciones oficiales, tema en el que refirió que suman 21 clausuras en Cancún que terminarán con la cancelación de la patente a quienes fueron sorprendidos vendiendo bebidas alcohólicas fuera del horario permitido, que es de 10 de la mañana a cinco de la tarde.

«En tema basura, se regresará a redacción original de la ley»: Reyna Durán

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Cancún.- Después de una reunión entre personal del municipio, empresarios y diputados, se acordó regresar la redacción del Artículo 135 de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Benito Juárez a su redacción original, con lo que quedaría zanjada la polémica por el cobro de basura y recolectores inteligentes, reveló Reyna Durán Ovando, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).

“Se llegó a un acuerdo, para que el artículo 135 se aprueba tal como fue enviado por el municipio, su redacción inicial”, comentó.
Sin embargo, la diputada local aclaró que también se presta atención a las solicitudes de estos comerciantes, por lo que el martes se reunirán los 25 diputados para revisar los detalles de la iniciativa y presentarla.

Lo principal, es que la basura sea autodeterminada, así como que los contenedores sean opcionales, que es como esta ley venía originalmente.
La redacción de este artículo fue cambiada de la manera en que la envió el Cabildo de Benito Juárez en la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, en circunstancias que están poco claras, lo que generó gran polémica con cámaras empresariales, que se han rehusado a pagar estas obligaciones, en tanto no se modifique nuevamente la ley.
Durán Ovando confirmó que hasta ahora, Benito Juárez es el único municipio que ha pedido modificar su paquete fiscal.
Por otro lado, la diputada de Morena confirmó que el sábado arranca el segundo periodo ordinario de sesiones, que “viene muy intenso”, pues los legisladores se enfocarán en dar resultados, viendo los temas de importancia, como seguridad, salud y bienestar social.

Cuestionada sobre la Ley de Bienestar Animal, Durán Ovando señaló que se entrará en su análisis para generar “justicia para las dos partes”.

MORENA, EL “ENEMIGO A VENCER”
En cuando a los rumores de su supuesto relevo de la presidencia de la Jugocopo, la diputada pidió no dejarse llevar por chismes que únicamente buscan desestabilizar.
“Morena es el enemigo a vencer y todos los embates van en contra de los municipios de Morena, en contra de esta coordinación”, externó. “Venimos con la bandera de Andrés [Manuel López Obrador], con la bandera del Gobierno Federal, para trascender en la lucha contra la corrupción, tener un gobierno austero y dar bienestar social a los ciudadanos de Quintana Roo.
Descartó que se tratase de un “fuego amigo” al interior de Morena, pues la bancada está más unida que nunca.

Todos debemos estar apegados a la ley dice Mara Lezama

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Cancún.- La presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa dijo que se esperan más de 480 mil visitantes en estas fiestas decembrinas, recomendó que si toman que no manejen, pues las fiestas no deben terminar en tragedia, sino en alegría.

Pidió la solidaridad para que los que tomen alcohol no manejen, que no se metan al mar o a alguna alberca, menos que se les incite a que lo hagan, lógicamente se cuenta con la ayuda de la autoridad y las instituciones para salvaguardar la vida de los visitantes y de los locales.

La presidente municipal dijo que con la nueva ley de ingresos se regula el alcoholímetro, porque ese era un tema recaudatorio, solo que se quedaba en algunas personas, ahora beneficiará a todos los benitojuarenses, porque así lo estipula la ley; el objetivo del alcoholímetro es que salve vida, si alguien tiene una multa y no la puede pagar, pues tiene que hacerlo con trabajo social.
Manejar un auto después de haber bebido bebidas alcohólicas, pues es un riesgo. Se pueden organizar aquellos que quieran tomar.

COMBATE AL SARGAZO
En cuanto al tema de la ley de ingresos reveló que está en precabildeo, pero destacó que se les da prioridad a los rubros de los cuatro ejes del plan de gobierno 2018-2021, la eficiencia, la seguridad, la obra pública, mejorar la calidad de vida de los benitojuarenses.

Por otro lado, en cuanto a la asignación de los recursos públicos para el combate al sargazo, Mara Lezama reveló que se acordó que los instrumentos están para transferir el recurso para el combate al alga, probablemente será un recurso que vendrá de saneamiento ambiental, porque así lo pide la Marina, “lo queremos hacer transparente, cuánto se fue para la Federación y cuánto para Benito Juárez, que la gente lo vea reflejado, por eso se hace a través de un fidecomiso”.

CORRIDA DE TOROS
En cuanto al tema de la corrida de Toros, destacó que hay lagunas legales, pues ayer los organizadores del evento presentaron una suspensión del Tribunal Administrativo, “estas lagunitas que impiden actuar, pero en lo legal estamos firmes, el reglamento prohíbe donde se lastima a los animales”.

Enfatizó que hay que apegarnos a la ley, trabajar en pro de lo que es correcto; no al permiso y no hay manera que se otorgue. Hay que escuchar las voces de mucha gente que nos ha llamado para decir que no se de permiso para la corrida de toros.

«Porque es ilegal mantener a Gasca en la Jucopo» | La explicación paso a paso según la Ley

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(La Opinión)

La sustitución del coordinador de Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso, y por consiguiente del Presidente actual de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ha puesto al poder Legislativo otra vez a las puertas de una crisis institucional.
La realidad es que la Jucopo debe simplemente tomar nota de que Edgar Gasca ya no es coordinador, y aceptar a Reyna Durán. Cualquier otro camino sería ingresar en la ilegalidad.
Excepto que los cinco diputados que cambiaron a Gasca decidan echarse atrás. Ahí las cosas volverían a ser como antes, y no habría conflicto legal.
Pero si ellos se mantienen en su postura, no hay otra salida que cambiar a Gasca.

LA LEY

El primer error de quienes quieren sostener a Gasca es conceptual.
Para que se entienda: Gasca no fue elegido Presidente de la Jucopo. El presidente de Jucopo, para el primer año, es el coordinador de MORENA. No una persona; un coordinador. Lo dice claramente la nueva Ley Orgánica del Congreso.
Artículo 51, segundo párrafo:

“La presidencia de la Junta, será ejercida de manera anual de entre los coordinadores de los tres grupos legislativos que cuenten con mayor representación”.

Justamente ese es uno de los cambios fundamentales de la ley Orgánica: no se trata de personas, como era la extinta Gran Comisión, sino de coordinaciones de Grupos Parlamentarios.

AUTODETERMINACIÓN DE LOS PARTIDOS

Luego, en los artículos 20, 55 y 94 de la mencionada ley, queda muy claro que las coordinaciones de los grupos parlamentarios se eligen de acuerdo a las normas internas de cada partido.
Artículo 20, primer párrafo:

Artículo 20. A más tardar el día 2 de septiembre del año que corresponda al inicio del primer año de ejercicio constitucional de una nueva Legislatura, los diputados electos deberán presentar a la comisión instaladora su constancia emitida por la autoridad electoral y los grupos legislativos deberán acreditar su conformación mediante acta suscrita por los diputados que aceptan constituirse en grupo legislativo. El documento deberá contener el nombre del grupo, los nombres de los diputados que la integran así como la determinación de aquel que se desempeñará como coordinador del grupo legislativo, de conformidad con las normas del partido político que corresponda o por acuerdo del grupo legislativo, en caso de que no se encuentre regulado.

Artículo 55, segundo párrafo:

“Los demás integrantes de la Junta igualmente podrán ser sustituidos libremente de conformidad con las normas de cada partido político y se comunicará formalmente a la Junta y a la mesa directiva la sustitución correspondiente”.

Artículo 94, que hace referencia al informe que los partidos a la Mesa Directiva:

“Artículo 94. Durante el ejercicio de la Legislatura, el coordinador de cada grupo legislativo deberá comunicar a la mesa directiva, al presidente de la Junta y a la Secretaría General, las modificaciones que ocurran en la integración de su grupo.
“Con base en las comunicaciones de los coordinadores de los grupos legislativos, el presidente de la mesa directiva llevará el registro del número de integrantes de cada uno de ellos y sus modificaciones. Dicho número será actualizado en forma permanente y servirá para los cómputos que se realizan por el sistema de voto ponderado en el pleno de la Legislatura”.

Los tres artículos establecen claramente al autodeterminación de los partidos para elegir a sus coordinadores.
Eso es lógico, porque la ley no puede interferir en la vida interna de los partidos.

EL OPERATIVO MEDIÁTICO DE GASCA

Para defender su cargo, Edgar Gasca hizo mención al primer párrafo del artículo 55, que, según él, lo hace inamovible por un año.
Dice el articulo:

“Artículo 55. En caso de ausencia temporal o definitiva del presidente de la Junta, el grupo legislativo al que pertenezca informará de inmediato tanto al presidente de la mesa directiva como a la propia Junta, el nombre del diputado que será coordinador del grupo legislativo y que por consiguiente, lo sustituye en las funciones de presidente, anexando la documentación correspondiente a la designación”.

Según su versión, sólo se puede quitar al Presidente de la Jucopo por ausencia temporal o definitiva.
Pero eso es una interpretación errónea, y fuera de todo el contexto de la Ley. Lo que se hace en ese articulo, es tener un camino legal inmediato en caso de la ausencia del Presidente, por el simple motivo de que es el representante del Congreso.
Pero, otra vez, no es una mención a personas. Siempre la ley es clara en que el cargo de Presidente lo ejerce el coordinador del Grupo Parlamentario al que le corresponde.
Las otras versiones para sostener a Gasca, que dicen que si lo sacan, luego se puede sacar a cualquier coordinador, y se generaría inestabilidad porque habría cambios de coordinadores a cada rato, no merece siquiera un comentario. Es simplemente una ilegalidad.
Si quieren evitar eso, deben cambiar la ley. Con la ley actual, la “estabilidad” de los coordinadores no puede estar por encima de la legalidad.

CRISIS INSTITUCIONAL

Si la Jucopo no saca a Gasca, el Congreso entrará otra vez en la ilegalidad, como fue al inicio de la actual Legislatura.
Y Gasca puede ser sujeto de juicio político.
Dice el articulo 193:

“Artículo 193. En caso de que algún servidor público no realice la entrega y recepción que regula este título, la Secretaría General o el Órgano Interno de Control, según corresponda, llevará a cabo el procedimiento respectivo para deslindar las responsabilidades conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin perjuicio de lo que señalen otros ordenamientos.
Si a pesar del requerimiento realizado al servidor público saliente no cumpliera esta obligación, se procederá en los términos de lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas además que dicha falta será considerada grave para los efectos de la sanción que se le imponga. Lo anterior sin perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos penales o administrativos”.

La Contraloría interna y la Secretaría General podrían caer en la misma ilegalidad si apoyan la permanencia de Gasca. Como se ve, no hay demasiadas salidas.
La Secretaría de Gobierno a cargo de Arturo Contreras debe intervenir para que no haya otro conflicto institucional en el Congreso.

Famosos felicitan a Q.Roo por ley que prohíbe corrida de toros

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Cancún.- A través de un video subido a la red social Instagram, famosos como Eugenio Derbez, Sherlyn, Marco Antonio Rengil y Ariadne Díaz, celebraron que en Quintana Roo se hayan prohibido las corridas de toros, pese a que esta ley no ha sido publicada en el Periódico Oficial.
En el breve video, los actores, presentadores y músicos, que incluyen además a Jesse y Joy, Christopher Uckermann y Aislinn Derbez, se tomaron turnos para destacar la nueva Ley de Bienestar Animal.

“Quintana Roo, estado que ha sido víctima de la delincuencia, ha tomado una gran decisión”, adelanta el actor Eugenio Derbez.
“Su gobierno aprobó la prohibición de corridas de toros y peleas de gallos, que además de ser crueles con los animales, promueve la violencia”, completa Sherlyn.
En el mensaje, se pide fomentar tradiciones enfocadas en la paz, no en la violencia, por lo que exhortan a firmar una petición en una página web (mexicosintauromaquia.org) para pedir que la medida se haga nacional.

La página es administrada por una ONG, “Animal Heroes”, los mismos que publicaron el video.
Desde agosto, la anterior legislatura del Congreso del Estado aprobó la Ley de Bienestar Animal, que en el pleno fue modificada para prohibir las corridas de toros. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido promulgada en el Periódico Oficial, por lo que sigue sin entrar en vigor.
El plazo para su publicación ya expiró, según lo han denunciado activistas, y este decreto no ha sido vetado o promulgado, cayéndose así en una situación irregular.

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