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Cd, Mexico.- Detectar el dinero ilegal que entra a las campañas es una tarea muy compleja en cualquier parte del mundo. En México, las elecciones electorales son un proceso que aún dista mucho de ser transparentes. El exceso de dinero ilegal, tanto público como privado, que fluye a las campañas para ganar elecciones y comprar beneficios futuros, como acceso a contratos de obra pública, permisos especiales, compra de impunidad y acceso a regulación favorable para hacer negocios queda demostrado en el estudio de la doctora María Amparo Casar, directora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y del doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores.
Con el título de “Dinero Bajo la Mesa: Financiamiento y Gasto Ilegal de Campañas políticas en México”, los académicos demuestran cuan sucias pueden ser las campañas electorales que actualmente se llevan a cabo. El estudio se basa en el análisis de fuentes oficiales, investigaciones periodísticas y más de 60 entrevistas a profundidad a una multiplicidad de actores involucrados en las dinámicas electorales: operadores políticos, candidatos, gobernadores, estrategas de campaña, asesores, empresarios, funcionarios públicos, directores de medios y periodistas.
Para las elecciones de 2018 los partidos y candidatos recibirán 11 mil 844 millones de pesos (6 mil 331 millones del INE y 5 mil 513 de los organismos locales) pero el costo real de las campañas será varias veces esa cantidad. El año 2018 será el año de las elecciones más caras y con mayor fondeo ilegal en la historia de México. Dejarán una secuela de corrupción por varios años: la de contratos y permisos que serán usados para pagar a los donadores ilegales de hoy.

Dinero ilegal a las campañas políticas

El estudio explica que hay tres mecanismos ilegales de fondeo de campañas: desvío de recursos públicos, contribuciones ilegales de particulares y financiamiento del crimen organizado. El gobernante o servidor público lo hace para apoyar al candidato de su partido (en ocasiones de otros partidos) para garantizar “inmunidad” o para construir redes de apoyo político que le ayuden a proseguir su carrera política. El empresario o contratista lo hace para obtener acceso al nuevo gobierno en la forma de contratos, permisos o regulación favorable. Y el crimen organizado para proteger su negocio, sea en la forma de rutas de trasiego de droga, protección policial o para infiltrarse en el gobierno y apoderarse de plazas de venta. El estudio sólo aborda las dos primeras formas de fondeo ilegal.
Para la doctora Casar, el desvío de recursos públicos para fondear campañas tiene varias formas de materializarse. Entre las más comunes se encuentran la recaudación en efectivo en los tres órdenes de gobierno que no se reporta a las tesorerías: por ejemplo, el pago de impuestos en efectivo o la venta de boletos para espectáculos públicos realizados en inmuebles propiedad del gobierno. Otra modalidad es el uso de facturas apócrifas para comprobar gastos en bienes o servicios que nunca se recibieron y hacer líquido dinero del presupuesto para canalizarlo a campañas. También son frecuentes la adjudicación directa y subcontratación forzosa de obra pública y bienes y servicios, así como los sobrecostos asociados a ellas.
El desvío de recursos públicos es una práctica habitual y recurrente: la revisión de las Cuentas Públicas de 2012 a 2016 revela que hay 243 mil millones de pesos sin comprobar. Aunque no se conoce con precisión el destino final del total de esos recursos, una parte de ellos pudieron fluir para el enriquecimiento ilícito y otra para fines políticos.

Una campaña para gobernador puede costar hasta 10 veces más

Es muy difícil de calcular cuánto dinero ilegal se mueve por debajo de la mesa. El estudio toma como unidad de análisis las campañas de gobernador, pero este ejercicio puede extrapolarse con los matices necesarios: hacia abajo, para campañas de diputados locales o alcaldes, o hacia arriba, para campañas presidenciales. En aproximaciones conservadoras, se estima que, en promedio, ¡por cada peso que un candidato a gobernador declara y que la autoridad observa, hay 15 pesos más que se mueven en la oscuridad!
Otra manera de enfocar el problema es medir el gasto real ejercido respecto al tope legal permitido para campañas de gobernador. Una campaña promedio para gobernador puede costar hasta 10 veces más que el tope legal. El tope legal promedio de campañas de gobernador de las últimas elecciones en las 32 entidades del país antes de 2018 fue de 46.8 millones de pesos constantes, con variaciones que van desde 4.8 millones en el caso de Quintana Roo hasta 299 millones en el caso del Estado de México. Eso significaría que el promedio de gasto real ejercido de una campaña exitosa de gobernador puede rondar los 460 millones, con variaciones hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la entidad.

¿A dónde va el dinero?

Sobretodo al clientelismo electoral. El estudio también explica que a la promoción y compra del voto durante las campañas y los gastos del llamado “Día D” (la jornada electoral), cuando se erogan cantidades inmensas de dinero para movilizar votantes, inhibir el voto y hacer la operación en tierra con representantes de casilla.
Según estimaciones hechas para el reporte, la operación de clientelismo para una campaña de gobernador en un estado de tamaño mediano cuesta 290 millones de pesos.
El trabajo también analiza el dinero que se destina de forma ilegal para pagar cobertura informativa y de manera tangencial se señalan gastos en estrategas de campaña, consultores y encuestadores. El pago desde la política a los medios, dada su condición de ilegalidad, también se maneja por debajo de la mesa. Puede hacerse de varias maneras: utilizando el rubro de comunicación social de los gobiernos; mediante pagos de empresas privadas a medios para favorecer a un candidato; o mediante el pago directo del partido o candidato al medio en cuestión, ya sea en efectivo o empleando sofisticados esquemas de triangulación. A pesar de los spots “gratuitos” para todos los partidos, los incentivos para contratar espacios en medios no han disminuido. Además de utilizarse para promover ideas y propuestas, a través de la venta de “paquetes” estos espacios se usan para no dar cobertura negativa, para “golpear” o para beneficiar a los candidatos.

¿No hay salida?

La fiscalización de las campañas políticas es uno de los medios para sancionar el financiamiento ilegal y los gastos por encima de los topes legales. México cuenta con uno de los sistemas más complejos en el mundo en la materia, pero es insuficiente para combatir el enorme problema del fondeo ilegal de campañas.
Buena parte de lo que el INE detecta son gastos observables: un espectacular no reportado, una barda pintada sin ser declarada, anuncios en Facebook o renta de mobiliario para algún mitin a cielo abierto o el pago no reportado de representantes de casilla. Pero hay otros que no son visibles como el gasto en efectivo o, con frecuencia, en especie. En las elecciones de gobernador de 2017 se descubrieron 276 millones de gastos no reportados, pero solo 31 millones de ingresos no reportados. Es decir, 244 millones se gastaron sin saber de dónde vinieron.
Por otra parte, los topes de gastos establecidos por la ley son demasiado bajos, contrastados con el gasto real y en el ámbito estatal hay un sinnúmero de fórmulas y criterios que reflejan la falta de un estándar útil para establecer un piso parejo de competencia. En consecuencia, los topes son como una promesa de buen comportamiento que nadie observa.
Asimismo, las reglas del financiamiento privado están desconectadas de un sistema que busque transparentar y legalizar el fondeo de particulares. Los límites a las donaciones privadas son bajos en comparación con las donaciones que estimamos en este reporte, por lo que se generan fuertes incentivos para ocultarlos.
Finalmente, el dinero ilegal en las campañas en México también es resultado de una cultura de ilegalidad que permea a todo el sistema, la casi asegurada impunidad, el que todos tienen “cola que les pisen”, el clientelismo, el exceso de uso de dinero en efectivo, un sistema de fiscalización imperfecto, la disposición de los privados a quebrantar la ley y hasta la pobreza que hace de una buena parte de los votantes presa de los líderes que controlan el acceso a ciertos bienes y servicios.