AGENCIA SIM
Playa del Carmen.- Hace unos minutos, una explosión ocurrió al interior de una nave de Barcos Caribe en el muelle marítimo de esta ciudad.
La unidad se preparaba para salir hacia Cozumel.
En forma extraoficial se maneja que hubo alrededor de 10 heridos.
Al lugar llegaron elementos de rescate, en tanto que los propios ciudadanos ayudaron a sacar a los heridos del lugar.
(Preliminar)
Chetumal.- Durante la administración de Roberto Borge, la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, hizo un desvió de más de mil 300 millones de pesos, desvío que el Sistema Quintanarroense de Comunicac ión Social ayudó a desaparecer y que mantuvo ocultó durante todo este tiempo.
En enero pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR) tres nuevas denuncias penales por malos manejos de casi 540 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregó mediante convenios a tres universidades en 2015, año en que esa dependencia estuvo encabezada por Rosario Robles y el hoy precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade.
Durante el mismo periodo Rosario Robles exsecretaria de Desarrollo Social, habría desviado más de mil 300 millones de pesos tras la firma de convenios con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en julio, septiembre y octubre de 2015.
Los presuntos desvíos se cometieron con el mismo esquema revelado por el portal de noticias Animal Político en la investigación periodística llamada “La Estafa Maestra”, es decir, a través de convenios que dependencias del gobierno federal firmaron con universidades o dependencias de comunicación social por servicios que, a su vez, estas terminan subcontratando con otras empresas para eludir los controles de licitación y transparencia. Los bienes y servicios que se contrataron terminaron siendo de dudosa calidad o inexistentes.
La ASF detectó los desvíos por 1,311 millones de pesos de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante las gestiones de Rosario Robles, como lo reveló el diario Reforma.
Parte de los recursos desviados a través de empresas fantasmas fue transferido a Monex y a CIBanco, de donde se dispersó a cuentas de otros países, de acuerdo con tres auditorías forenses a los recursos ejercidos en 2014 y 2015.
Monex recibió un total de 37.1 millones de pesos, con los que se compraron dólares que fueron transferidos a cuentas en China, Ecuador, Bélgica, Israel y EU a nombre de Desarrollo Comercial El Olivo y Servicios Empresariales Helte.
En CI Banco se depositaron 28.9 millones de pesos, transferidos a America Highway Electronics Network y Comercializadora Texdenim, en Corea del Sur, China y Pakistán.
Los desvíos hechos en la Sedesol se realizaron mediante la contratación de Radio y Televisión de Hidalgo, con la cual firmó convenio y contratos en septiembre de 2014, así como en enero y febrero de 2015. En el caso de Sedatu, se firmaron convenios con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en julio, septiembre y octubre de 2015.
La Sedesol y la Sedatu firmaron convenios con estas entidades para eludir los requisitos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, indica la ASF.
AGENCIA SIM
Chetumal.- Un centenar de ejidatarios iniciaron el bloqueo de las oficinas locales de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), dependencia de la cual exigen el pago por la ocupación de sus tierras. Nozarim Espino Solís, abogado de los afectados, denunció que la dependencia ha retrasado intencionalmente los procesos y pretende pagar valores más bajos del precio comercial de la tierra.
Los inconformes, en representación de cientos de afectados de ejidos de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Bacalar, colgaron lonas en toda la fachada del edificio y colocaron cartulinas en las puertas, además de formar una cadena humana, con lo que evitaron que personal acudiera a laborar hoy.
Los comuneros reclaman el pago por la ocupación parcial de tierras ejidales para construcción de tramos carreteros, derechos de vía, ampliaciones, libramientos y demás, lo que han gestionado ante diversas instancias, incluso judiciales, para que sea por su valor comercial.
El abogado comentó que al ejido Bacalar, la SCT pretende pagarles 900 pesos la hectárea, en lugar de los 94 mil pesos por hectárea de su valor comercial.
Otro caso es el ejido Divorciados, donde la instancia federal pagó nueve pesos el metro cuadrado, cuando el propio Gobierno del Estado ha vendido tierras a 300 pesos el metro cuadrado.
“En algunos otros casos, el precio comercial de la hectárea llega a ser de 1.5 a 2 millones de pesos y la dependencia pretende pagar a razón de 90 mil pesos”, explicó el abogado.
A decir de Espino Solis, la dependencia federal actúa en contubernio con el Instituto de Administración y Avalúo de los Bienes Nacionales (Indaabin), dependencia que ha retrasado los avalúos e incluso, los ha hecho por montos menores, cuando se obtiene por sentencia judicial que el pago debe ser a precio comercial.
Espino Solís explicó que la Constitución determina que en estos casos, no debe excederse de tres meses para solucionarlo, no obstante, los trámites llevan más de un año en algunos casos, sin que haya solución; desde su perspectiva, justo se trata de eso, de retrasar lo más posible los pagos.
En muchos de estos procesos ya agotaron todas las instancias, es decir, una vez que no recibieron respuesta, los ejidatarios acudieron ante el Tribunal Unitario Agrario, se fue a revisión al Tribunal Superior Agrario, y luego al colegiado de distrito con sede en Cancún, pero ello fue obligado por la dependencia federal, cuando la ocupación de las tierras obliga a la federación al pago de la indemnización.
Los ejidatarios han amenazado con realizar bloqueos carreteros en el caso de que SCT insista en retrasarles su pago.
AGENCIA SIM
Tulum.- Después de un año y cinco meses de su conclusión, permanece en la inactividad el Hospital Comunitario de Tulum, donde se gastaron 95 millones de pesos.
La infraestructura, desarrollada sobre una superficie de 3 mil 617 metros cuadrados, cuenta con espacio para 12 camas, 7 consultorios, hospitalización, urgencias, tococirugía, laboratorio, sanitarios, área de gobierno y sala de espera.
De acuerdo con información recabada durante la entrega del proyecto, en el quinquenio borgista, el hospital fue diseñado como un importante centro asistencial que daría servicios a los cerca de 100 mil habitantes de la zona maya.
La obra fue visitada por Roberto Borge el 23 de septiembre de 2016, dos días antes de abandonar el poder, en lo que fue uno de sus últimos actos públicos. En ese entonces, afirmó que la infraestructura estaba terminada y únicamente faltaba ingresar el equipo médico para su funcionamiento.
Año y medio después, el edificio continúa en abandono. Leonora Pat, habitante tulumnense, opinó que sería importante que la Secretaría de Salud pusiera en funcionamiento el lugar.
Se buscó la versión de representantes de Salud, pero evitaron tocar el tema.
AGENCIA SIM
Playa del Carmen.- Un hombre en un vehículo efectúa varios disparos de arma de fuego mientras se daba a la fuga, en la esquina de la avenida 15 y calle 12, a pocos metros de la Plaza 28 de Julio y el Palacio Municipal de la ciudad.
El hombre presuntamente se dio a la fuga cuando policías estatales le marcaron el alto a su vehículo, una camioneta BMW gris, en la colonia Nueva Creación, dando pie a una persecución que concluyó pasada la Plaza 28 de Julio, donde se monto en una banqueta y al parecer trató de continuar su huida a pie, efectuando varios disparos con una escuadra, que quedó tirada en el lugar.
Pese a todos sus intentos por abandonar el lugar y darse a la fuga, el sujeto fue alcanzado y detenido.
Al lugar llegaron policías municipales y Marina que constataron lo ocurrido y cercaron la zona.
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Chetumal.- Habitantes del ejido Chacchobén exigieron a la Secretaría de Salud (Sesa) les devuelvan una ambulancia propiedad de la comunidad que en la Jurisdicción Sanitaria 1 les desmantelaron en 2014 y que a la fecha nadie ha respondido.
Raquel Bautista Ortiz, ejidataria, explicó que la ambulancia fue comprada por la comunidad en 2004, la cual fue adquirida procedente de Estados Unidos y tuvo que ser reconstruida, todo esto bajo el gobierno municipal en Othón P. Blanco por parte de Eduardo Espinosa Abuxapqui.
Relató que en ese entonces la comunidad pagó 40 mil pesos, cifra que depositaron ante la tesorería municipal y por la que no se les entregó ningún documento que acreditara la posición.
Agregó que cuentan con copias de la factura notariada y de recibos de depósito para demostrar la legítima posición.
Bautista Ortiz manifestó que en 2014 se descompuso la ambulancia, por lo que al ser un problema que no podía ser reparado por la comunidad, hubo que llevarla a la Jurisdicción Sanitaria 1 con sede en Chetumal.
“La Jurisdicción la desmanteló argumentando que la ambulancia es propiedad de ella, cuando la verdad no es así”, dijo. Añadió que en 2016 interpusieron una demanda ante la Fiscalía General del Estado, pero hasta la fecha no han tenido ninguna respuesta.
“No se me hace justo, si la ambulancia no es de la Jurisdicción”, citó.
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Cancún.- Por no pagar sus permisos y derechos desde febrero de 2017, inspectores de Fiscalización procedieron esta tarde a clausurar el Casino Red que opera dentro del hotel Grand Oasis.
A su arribo los inspectores solicitaron ingresar al casino, acción que les fue negada por guardias de seguridad privada.
Inclusive, se reportó que hubo forcejeo y empujones hacia los empleados del ayuntamiento, situación que finalmente se controló y no pasó a mayores.
Por parte de la cadena por el momento no hay ningún comunicado. El Casino Red es sede de peleas de boxeo de corte internacional que organiza una promotora local.
Fernando Levín Zelaya Espinoza diputado de la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo y quien se desempeña como Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana para incluir el Presupuesto Participativo, Cabildo Abierto y Consulta Vecinal dentro de las alternativas para que los ciudadanos decidan el rumbo de su municipio.
Con la iniciativa propuesta por Levín Zelaya los quintanarroenses podrían votar el presupuesto participativo.
Es una manera más de transparentar el gasto del presupuesto: “los ciudadanos quieren saber las razones por las que se decide ejercer el presupuesto específicamente de esa forma y no de otra; desea ser escuchada y ser coparticipe sobre el rumbo a tomar en torno a su comunidad en una multiplicidad de asuntos, y con esta reforma los ayuntamientos estarán obligados a gobernar los municipios de la mano de la gente”.
La actual Ley de Participación Ciudadana de Quintana Roo resulta obsoleta, ampliar los mecanismos de participación desde la esfera municipal es la intención.
La iniciativa presentada establece de manera puntual los procedimientos que la autoridad habrá de seguir para su desarrollo.
Conocido como “El Chino” Zelaya, el político asegura que los ciudadanos, a través de representantes de asociaciones vecinales debidamente registradas, tendrían el derecho a presentar propuestas o solicitudes, en sesiones ordinarias del Ayuntamiento.
Elementos de la Policía Ministerial de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Julián “N”, de 52 años de edad, el cual se encuentra relacionado con el expediente 305/2000, que se sigue por el delito de violación.
La detención se realizó en la Calzada del Centenario con Ernesto Villanueva y posteriormente el individuo fue puesto a disposición del Juez Penal que lo requirió.
La Fiscalía General del Estado reafirma el trabajo apegado a las leyes que nos rigen y con respeto total a los derechos humanos.
Fuente: Comunicación Social de la FGE.
Elementos de la Policía Ministerial de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Julián “N”, de 52 años de edad, el cual se encuentra relacionado con el expediente 305/2000, que se sigue por el delito de violación.
La detención se realizó en la Calzada del Centenario con Ernesto Villanueva y posteriormente el individuo fue puesto a disposición del Juez Penal que lo requirió.
La Fiscalía General del Estado reafirma el trabajo apegado a las leyes que nos rigen y con respeto total a los derechos humanos.
Fuente: Comunicación Social de la FGE.