El Estado de Mexicano carece de fuerza legal y de voluntad para garantizar la libertad de expresión asolada por el poder político, empresarial o mixto con el crimen organizado.

En Quintana Roo hay 11 periodistas con amenazas directas del narcótrafico, 4 en el sur, 2 en el Centro y 5 en el Norte.

Quienes controlan el poder que da el dinero de las drogas son incluso extranjeros que quieren controlar a la prensa de Quintana Roo. Algunos medios y reporteros, por temor o por ambición han aceptado ser voceros del flagelo.

A pesar de ser colombianos circulan libremente en el Estado quemando autos y casas.

Sicarios son detenidos a diario por la Policía estatal, municipal y ministerial y son inmediatamente puestos en libertad por jueces locales o federales coludidos quienes reciben órdenes de las decenas de abogados sin ética que acuden a tropel a sacar al cliente que paga en dólares incluso.

A estas alturas celebrar la libertad de expresión es validar una libertad que no hay.

No existe ni siquiera la agenda mínima del presidente Andrés Manuel López Obrador para abordar este tema. Distintas organizaciones que luchan por la libertad de expresión establecen la falta de voluntad del Estado Mexicano gobernado por un partido de izquierda.

Mantiene López Obrador el hermetismo similar o peor a los corruptos gobiernos del PRI o PAN que estuvieron en el poder.