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Protestan periodistas en Playa del Carmen contra iniciativa de ley

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Playa del Carmen.- Un grupo de comunicadores se manifestaron de manera pacífica en la Plaza 28 de Julio para expresar su rechazo a una iniciativa de ley propuesta por la diputada local Iris Mora Vallejo, que, aseguran, criminaliza su actividad, al prohibir la publicación de información de ciudadanos.
Los inconformes señalaron que como “regalo” del Día del Amor y la Amistad, la legisladora perredista ingresó una iniciativa para reformar los artículos 194 Bis y 194 Ter del Código Penal, para ampliar la definición de la violación de la privacidad.

La reforma, afirmaron, incluye castigos de tres años de prisión a quien haga pública información o comunicaciones personales, profesionales o familiares, vinculadas con la vida privada de la persona, sin autorización de la misma.

Esto deja vulnerables a los periodistas, quienes ya no podrán informar sobre los bienes de funcionarios públicos, por ejemplo, al pertenecer esto al ámbito privado o familiar, señalaron.
“Quiere meternos un gol”, se quejó uno de los inconformes.
Los reporteros exhortaron a la XVI Legislatura a que vuelvan a abrir el Congreso del Estado a la prensa, pues las restricciones actuales en cuanto al acceso permite que los diputados puedan “cocinar” leyes a modo, sin cuestionamientos, como ocurrió con la reforma a la ley de la Comisión de Derechos Humanos, para allanar el camino a que sea presidido por una legisladora.

NO ES LEY MORDAZA: IRIS MORA
En entrevista telefónica, Iris Mora Vallejo afirmó que ella no ha propuesto una nueva ley, sino que busca reformar un artículo que existe desde 2008.

Ella busca añadir un cuarto párrafo, señaló, para proteger la intimidad de los ciudadanos, al prohibir tomar datos sin permiso datos de las computadoras, algo que no viene incluido en este artículo, ya que habla de documentos.
Sin embargo, en la revisión del Código Penal vigente y la iniciativa presentada, se aprecia que aunque la violación a la intimidad viene tipificada efectivamente desde 2008, actualmente sanciona a quien “revele, distribuya o lucre con la intimidad personal o familiar”, sin añadir más detalles.
La reforma propuesta extiende esta prohibición a información o comunicación profesional vinculada con la vida privada.
También añade la obligación de reparar el daño incurrido.

Desde Cancún, exigen justicia por periodistas asesinados

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Cancún.- Reporteros, editores, fotógrafos y otros trabajadores de los medios de comunicación se reunieron esta noche afuera del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, para sumarse al movimiento “Periodismo en Riesgo” y exigir justicia por los tres colegas que fueron asesinados en el país en este primer mes del año .

“¡Ni uno más, ni uno menos!, ¡Justicia!”, eran algunas de las consignas de este grupo de cerca de 70 personas, quienes además pegaron fotos de los periodistas difuntos y mensajes alusivos a su causa en la entrada del Palacio Municipal.

Allí permanecieron por cerca de una hora, para protestar por la vulnerabilidad de su profesión en México, con 28 comunicadores asesinados en lo que va del actual sexenio, lo que hace al país el segundo más peligros para ejercer el periodismo, solo detrás de Siria.

Presentes estuvieron varios representantes de asociaciones periodísticas, quienes condenaron estos recientes actos de violencia, además de exigir una nueva ley de protección a periodistas, en reemplazo de la que fue abrogada años atrás.

Bonilla le adeudaba su liquidación a la periodista Lourdes Maldonado y en Cancún Luis Alegre también debe laudos a periodistas

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Tijuana.- Cerca de las 6 de la tarde de ayer domingo, se reportó al número de emergencias detonaciones de arma de fuego y una persona lesionada en el estacionamiento de una vivienda marcada con el número 48 de la calle Vista Dorada, privada Chalco, en la colonia Las Villas, la víctima fue la periodista Lourdes Maldonado, quien fue asesinada a bordo de un vehículo tipo sedán, color rojo, publicó SinEmbargoMx

De acuerdo a información de ZETA, un investigación de la escena del crimen, reportó que se trató de un «ataque directo» contra la comunicadora, quien el pasado viernes logró el embargo mercantil contra la empresa PSN (Media Sport de México o Primer Sistema de Noticias) propiedad del senador con licencia Jaime Bonilla Valdez, con quién mantenía un juicio laboral desde hace nueve años.

Hace tres años la periodista Lourdes Maldonado acudió a la conferencia de prensa matutina del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle su apoyo ante un juicio laboral que había iniciado desde hace seis años contra el exgobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez.

En dicha conferencia la periodista tijuanense le dijo a López Obrador que temía por su vida, le exigió al mandatario su ayuda para obtener justicia laboral y protección ante el proceso legal que tenía con la empresa de Bonilla Valdez, PSN (Media Sport de México o Primer Sistema de Noticias).

«Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laborar, porque hasta temo por mi vida; porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el laudo a mi favor en la junta federal de conciliación, sin embargo, hace poco regresaron el expediente y en tres semanas salió en mi contra absolutamente, entonces vengo aquí a pedir ese apoyo esa justicia y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya hasta metí un amparo, pero lo hago porque se trata de su Senador con licencia, de su súper coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gubernatura el licenciado Jaime Bonilla», declaró en palacio nacional la periodista.

A lo que López Obrador respondió: «le voy a pedir a Jesús Ramírez, coordinador de comunicación social de presidencia, que había te atienda, que te apoye, este para que se pida justicia, que no haya influyentismo, que se actúe».

Pese a solicitar la ayuda del mandatario federal tuvieron que pasaron otro tres años para obtener una resolución su caso. El jueves 20 de enero la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ordenó el embargo mercantil de la empresa de telecomunicaciones del ahora Senador con licencia; para dar cumplimiento del laudo ganado por la periodista; la actuaria procedió al embargo mercantil para garantizar el pago, toda vez que no se pudo hacer el inventario de los bienes

La junta instruyó la entrega de las constancias de afiliación del Sistema de Ahorro para el Retiro, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del primero de marzo de 2006 a 2013, información que la víctima a la entregaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los movimientos fiscales al IMSS, así como lo relacionado a las cuotas y las aportaciones de seguridad social de los trabajadores de Jaime Bonilla.

Sin embargo ayer Lourdes Maldonado fue asesinada, convirtiéndose en la segunda periodista encontrada muerta por impacto de arma de fuego, en menos de una semana, presuntamente por responsabilidad del ex mandatario y ahora funcionario del gobierno federal

Este caso no es el primero en el que un servidor público enfrenta una demanda laboral y se niega a pagar.

En Cancún, el ex diputado federal y ex representante de AMLO para los trabajos del Tren Maya, Luis Alegre Salazar enfrenta varias demandas por despido injustificado, acoso sexual y hostigamiento laboral interpuesta por locutores, periodistas y demás empleados de Radio Turquesa que llevaban entre 15 y 20 en la empresa.

En conferencia de prensa, las afectadas de nombre Mariana Gamboa, Jennifer Ramos y Alma Torres relataron que Alegre Salazar les exigía extenuantes y largas jornadas labores con actividades que estaba fuera de sus responsabilidades sin ser remunerados de acuerdo a la ley.

Las mujeres expresaron que se dirigía a ellas abusando de su posición al grado de acosarlas y abrazarlas indebidamente y «con morbo».

El también ex aspirante por la candidatura de Morena al gobierno de Quintana Roo ha perdido algunas de estas demandas pero se han negado a pagar los aludos, que asciende a más de un millón de pesos por persona, escudándose de su poder político sin importar lacerar a los ex trabajadores.

Quiebra el periódico Por Esto! y despide a 50 trabajadores en Chetumal

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Chetumal.- Cerca de 50 personas, la totalidad de la planilla laboral del periódico Por Esto! en esta ciudad, fueron despedidos sin previo aviso ayer, al parecer víctimas colaterales de las dificultades que vive la empresa, a raíz de los litigios entre familiares por el control de la misma.
Cabe destacar que el pasado 4 de noviembre, estas oficinas fueron aseguradas por orden judicial, al existir demandas por la marca y los distintos bienes de este periódico peninsular, que ya puso fin a su edición en Campeche.

Ayer martes, los trabajadores de estas instalaciones, entre redacción, rotativa, sistemas y limpieza, fueron citados a una reunión, en la que se les informó que ese era su último día en la empresa, por lo que se les pidió a todos pasar por caja para recibir su quincena.

Uno de los trabajadores comentó que en su última quincena le aplicaron un descuento del 25%, pero no hay mención de liquidación o aguinado.
Lo anterior, porque los responsables de la oficina les indicaron que podrían ser vueltos a llamar en fecha posterior, en caso de que reactiven operaciones.
Los trabajadores hoy se reunirán para decidir qué camino tomar, ya sea esperar la llamada del periódico, o bien acudir ante las instancias correspondientes.

Protege Gobierno de Q. Roo a 39 periodistas amenazados por desempeñar su labor

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Cancún.- Elías Antonio Prado Laguardia, Subsecretario de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad Humana de la Secretaría de Gobernación de Quintana Roo, aseveró que no se tolerará más actos violentos contra periodistas y defensores d ellos derechos humanos en Quintana Roo.

“Existen 46 expedientes entre periodistas (39) y defensores de derechos humanos (7), vamos a estar trabajando con cada una de las instancias, posiblemente vengan las recomendaciones, pero no nos vamos a esperar hasta ese momento, pues condenamos los actos del nueve de noviembre”, detalló el Sub Secretario.
Añadió que cada caso tiene una situación diferente, donde se guarda con secrecía la información, pues han sido amenazados en su mayoría de muerte.

La conferencia giró en torno a lo ocurrido el pasado 9 de noviembre en las manifestaciones feministas, que se llevaron a cabo a las afueras del Palacio Municipal de Benito Juárez, en el que la Policía adscrita al Mando Único ahuyentó a los manifestantes a balazos al aire y en el hecho hirió a periodistas.
“Cecilia Solís, Santiago Rodas, Roberto Becerril y María Elena Orozco fueron los compañeros lesionados, en el caso de Cecilia y Roberto fueron los que resultaron con heridas de bala, claro que existe un expediente”, concluyó.

JUSTIFICA CARLOS ORVAÑANOS SU PRESENCIA MEDIÁTICA
El coordinador de Comunicación Social del Gobierno del estado, Carlos Orvañanos Rea, justificó como parte de su trabajo el realizar conferencia de prensa, ante los señalamientos que se encontraba alzando su figura para aspirar a algún cargo público.

Actos que claramente pueden ser impugnables en caso que quiera ser candidato plurinominal o por elección popular.
“es parte de mi trabajo, ahora el gobernador tiene muy buena aceptación, tan es así que se encuentra entre los 10 mejores gobernadores y no es por mí sino por él, pero creo que se esta comunicando mejor que antes”, dijo.

Periodistas se manifiestan en Cancún

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Cancún.- Un grupo de periodistas se congregó hoy en la avenida Tulum, a corta distancia del Ayuntamiento de Benito Juárez, para exigir justicia por sus compañeros lesionados en la represión policiaca de una manifestación, ocurrida anoche.

“¡Justicia para los periodistas y paz en Quintana Roo!”, fue el grito común emitido por los representantes de la prensa, quienes pidieron castigo ejemplar y que ya no vuelva a repetirse una acción como la vivida anoche, cuando dos reporteros resultaron heridos de bala y otros tres fueron golpeados por policías.

En el grupo, que superaba las 60 personas, había reporteros, fotógrafos, editores y otros trabajadores de los medios de comunicación de la zona norte.
Después de este acto, muchos de los presentes acudieron a una conferencia de prensa con la presidenta municipal, Mara Lezama Espinosa, ante quien expresaron su malestar y quien les dijo que contaban con su apoyo para avanzar en las denuncias.

«Eliminar fideicomiso incrementa el riesgo a periodistas»

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Si de por sí el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas resulta insuficiente, el presidente del Consejo Consultivo en la materia, Alberto Xicoténcatl, advirtió que eliminar el fideicomiso que apoya al mecanismo pone en riesgo la vida de muchas personas.

En reunión a distancia con senadores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, reconoció que es responsabilidad del Estado garantizar la libertad de expresión y la labor periodística.

“Los 250 millones que tiene el Fideicomiso de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aunque es insuficiente sirve para salvar vidas. Se cuida la vida de las personas a través de herramientas, porque no se les entrega dinero, sino protección, a partir de un análisis de riesgo, realizado por expertos”, dijo.

Defendió que el recurso se invierte exclusivamente en la adquisición de bienes y herramientas que protejan a las personas beneficiarias en dos capacidades: desarrollando su trabajo y salvando su vida.

Xicoténcatl subrayó que el Mecanismo tiene un interés colectivo en el tema del presupuesto, “porque vivimos de cerca con mil 304 personas que protege el Mecanismo; 400 periodistas y 866 son personas defensoras de derechos humanos”.

Tras sostener una reunión con integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Kenia López Rabadán, buscará reponer el fideicomiso de mecanismos de protección.

La panista anunció que solicitará a la Mesa Directiva la ampliación del turno de la minuta en la materia, aprobada por la Cámara de Diputados, en la búsqueda de una opción para rescatar los fondos en el Presupuesto 2021, pues considera importante salvaguardar la vida de quienes se ven beneficiados con este mecanismo.

A la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano de gobierno de la Cámara Alta, pedirá un encuentro para que manifiesten su postura ante la desaparición del Fideicomiso que “salva vidas”.

La panista manifestó su preocupación porque su desaparición esté basada en el discurso de la corrupción, pues está convencida de que existen irregularidades, pero no en este fideicomiso, sino en la burocracia persistente no solo de este gobierno, sino admitió que de los anteriores también; “no puede haber corrupción en una persona que busca a su familiar”, refutó.

El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, propuso la celebración de mesas de trabajo para revisar el tema de protección a víctimas, periodistas y defensores, junto con las Comisiones de Derechos Humanos, de Hacienda y Crédito Público, y la Jucopo.

Otra de las opciones, planteó ser que se difiera la situación seis meses o un año para que, en ese tiempo, se defina la situación del fideicomiso, como en el caso del fondo para los deportistas.

Resaltó que la finalidad de los fondos es funcionar como blindaje para que no se tengan que negociar dinero cada ejercicio y puedan cumplir de manera oportuna los compromisos y urgencias que su naturaleza señala.

Nestora Salgado García, secretaria legislativo, manifestó su preocupación sobre la desaparición del Fondo de Protección a Víctimas y coincidió en la necesidad de establecer mesas de trabajo donde se puedan buscar alternativas para continuar con los apoyos, al tiempo de pedir sensibilización en el tema en favor de las personas beneficiadas.

De acuerdo con su experiencia, la senadora de Morena puntualizó que, al encontrarse en riesgo de amenaza directa, este mecanismo representa una alternativa, una opción para salvaguardarse.

La senadora de Morena, Nancy Sánchez, resaltó que muchas veces la corrupción está en la burocracia y no en quienes aplican el recurso y subrayó su apoyo para que, en caso de desaparecer el fondo, se busquen opciones para hacer llegar los recursos al mecanismo.
Fuente: QuadratinCDMX

“Cuando estan en el poder disfrutan y abusan, y los que vienen se quedan con el problema”

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Ha sido abogada de tres periodistas agredidos en Quintana Roo: Lydia Cacho, Pedro Canché y Luciano Núñez, director de Grupo Pirámide. Se enfrentó a tres políticos poderosos: Mario Marín, ex gobernador de Puebla; Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo —hoy preso—; y Gregorio Sánchez, ex alcalde de Cancún. Ganó todos los juicios.

La abogada Araceli Andrade Tolama, especializada desde hace 17 años en temas relacionados con los ataques a la libertad de expresión, afirma que los servidores públicos tienen una visión dual: “Cuando estan el poder disfrutan y abusan; y cuando se trata de reparar el daño, dicen: ‘yo me voy y ustedes (la siguiente administración), se quedan con el problema”.

Defensora de periodistas

Nacida en Puebla y radicada desde hace 17 años en Quintana Roo, Andrade Tolama llevó el caso de la periodista Lydia Cacho, acusada de difamación por el empresario poblano Kamel Nacif tras la publicación, en 2004, del libro “Los demonios del edén”, en cual denunció la red de pederastia entre políticos y empresarios en la entidad; y luego, fue secuestrada para trasladarla en forma ilegal a Puebla. En ese caso se enfrenta todavía al prófugo ex gobernador, Mario Marín, el “gober precioso”, y la disculpa pública a la periodista a nivel nacional e internacional llegó recién el 8 de enero de enero de 2019, 14 años después.

Pedro Canché, periodista independiente de Quintana Roo, fue encarcelado nueve meses durante la administración de Roberto Borge tras la cobertura de un plantón en Felipe Carrillo Puerto en 2014. La disculpa pública fue hecha el 27 de abril de 2017, durante la siguiente administración estatal.

También lleva adelante el caso de Luciano Núñez, director de Grupo Pirámide, quien fue amenazado por el ex regidor benitojuarense Gregorio Sánchez Martínez, luego de que el periodista lo denunciara por el plagio del libro “El Beso de Judas”, registrado en 2013 por el periodista ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor). La disculpa, después del dictamen de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fue hecha el 11 de junio de 2019, por la siguiente administración municipal.

En los dos primeros casos la abogada logró que las autoridades repararan económicamente el daño: para Pedro Canché y las víctimas colaterales; así como para Lydia Cacho; pero no ha sido así en el caso de Núñez.

Reconoce al gobierno de Mara Lezama

La abogada reconoce la colaboración del gobierno que encabeza Mara Lezama, el empuje del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), Marco Antonio Toh Euán y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceaveqroo) que dirige Karla Rivero a fin de lograr la posterior reparación del daño.

Antes de la contingencia estaba prevista la comparecencia de funcionarios en el Congreso del Estado a fin de revisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Cdheqroo y su posterior resarcimiento económico.

“Esta contingencia nos tomó a todos por sorpresa y nos estamos ajustando, confío en que se va a resolver. Marco (Antonio Toh Euán) está comprometido para que todos los asuntos se resuelvan de manera integral”, dijo la abogada.

Disculpa y reconocimiento

En estos tres casos de ataque a la libertad de expresión, dijo que ha aprendido que cada proceso tiene sus propias complicaciones para lograr la disculpa pública de la autoridad hacia la víctima.

“No pueden imaginar todo lo que hay detrás de una disculpa pública, luego se caen, no se llegan a acuerdos si no se realizan, hay que retomar las mesas de trabajo”, detalla. Y explica que se trata de una labor conjunta de la comisión estatal y nacional de Derechos Humanos y de la Comisión de víctimas, “la propia víctima, las autoridades y abogados nos sentamos varias veces para coordinar una disculpa, que no piensen que porque se decreta luego se cumple”, aclara.

En el caso de Luciano Antonio Núñez, las mesas de trabajo fueron amigables y con disposición a que la víctima, en un clima de paz y protección, le dieran voz, y esto no se hubiera logrado, indicó, sin apoyo de la Comisión de Derechos Humanos.

“Se debe quitar la visión de que es un acto de revancha o de humillación (para la autoridad), ofrecer disculpas siempre ha sido complicado, cuesta trabajo reconocer nuestros errores, aunque a veces lo hagamos de manera interna, pero exteriorizarlo es complicado. Además debes comprometerte a no volver a hacerlo, porque puede llegar a ser un acto vacío, como el caso de Héctor Casique”, recordó la abogada.

El 30 de marzo, Casique, quien fue torturado en su encarcelamiento y luego absuelto en septiembre del 2016, recibió la disculpa pública en un cuarto sin medios de comunicación presentes y sin intención de la Fiscalía de que evite este tipo de casos, dijo la abogada. Meses después, fue asesinado sin recibir la reparación económica del daño.
Entrevista:GrupoPiramide

Garantizada atención para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

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Chetumal. – En Quintana Roo son permanentes las acciones que impulsan el respeto a las prerrogativas de los ciudadanos, por ello está garantizada la atención de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas durante la actual emergencia sanitaria causada por el Covid-19.

El subsecretario de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad Humana de la Secretaría de Gobierno, Elías Antonio Prado Laguardia informó que se ha dispuesto una guardia para atender con prontitud algún posible caso de agresión contra estas personas.

Explicó que la Subsecretaría a su cargo es el vínculo de comunicación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, instancia del Gobierno Federal responsable de atender y valorar todos los casos en los que podría estar en riesgo su integridad por el desempeño de su labor.

“Fungimos como enlace para que el Mecanismo cumpla su misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones. Contamos con protocolos para garantizar la atención en esta emergencia sanitaria”, indicó.

Antonio Prado Laguardia dejó en claro que el respeto a los derechos humamos y la libertad de expresión son premisas que ha impulsado la administración del gobernador Carlos Joaquín.

En este sentido, reconoció la labor que realizan los periodistas durante la cobertura de la actual contingencia sanitaria por porque, con su labor, contribuyen a proporcionar información fidedigna y difunden acciones para la protección de las familias.

Puntualizó que la instrucción recibida del Gobernador del Estado es respetar, garantizar, promocionar, proteger, dar a conocer y velar en todo momento por los derechos humanos de los quintanarroenses.
Fuente:cgc.qroo.gob.mx

La fiscalía para periodistas logró 18 condenas en 4 años

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De 2017 a la fecha la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) ha obtenido 18 sentencias condenatorias –entre ellas las que se han dictado en dos casos emblemáticos, los -homicidios de Miroslava Breach Velducea y Javier Valdez Cárdenas, corresponsales de La Jornada–; además, hay 80 personas sujetas a juicio y decenas de investigaciones están en curso. El trabajo ha generado un mensaje claro: las agresiones, amenazas o intimidaciones contra los periodistas van a tener consecuencias, afirmaron Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, y el encargado de la Feadle, Ricardo Pérez Sánchez del Pozo.

La funcionaria explicó que la Feadle cuenta con células de investigación dedicadas sólo a la persecución de amenazas contra periodistas, ya que es el delito con mayor incidencia, y alcanza 45 por ciento de las denuncias que se atienden.

Herrerías Guerra expuso que en las áreas que están adscritas a su fiscalía “hay una política muy enfocada en atender los casos en que han señalado como responsables a autoridades, que van desde el delito de abuso y tortura, aunque también hay algunos por tratos crueles o degradantes, contra la administración de la justicia; un tercer bloque son los casos de homicidio y ya tenemos sentencias en dos casos emblemáticos para el país [Miroslava Breach y Javier Valdez]”.

Mencionó que hay 36 casos en que se ha llegado a acuerdos reparatorios o a sentencia condicional, en los que las personas denunciadas se comprometen a resarcir a los periodistas afectados, y ello envía mensajes de cero tolerancia e impunidad.

Abuso de autoridad

A su vez, el titular de la Feadle destacó que de esta manera se “están llevando los casos a una justicia más pronta y más expedita en favor de la víctima”.

El fiscal Ricardo Pérez mencionó que en el estado de Quintana Roo se tiene una incidencia muy alta del delito de abuso de autoridad y pocos casos de amenazas; sin embargo, el mensaje que se envía a todos aquellos que afectan la libertad de expresión es que las autoridades federales están actuando y judicializando los expedientes, y en este momento podemos ver cómo han ido descendiendo los delitos de abuso de autoridad en Quintana Roo.

Agregó que cada entidad tiene una incidencia particular, pero que el trabajo que se ha desarrollado desde 2017 ha dado resultados. “Veracruz, por ejemplo, tuvo un pico de agresiones muy importante y ahora las estadísticas son distintas a las de hace tres años. Actualmente son más los casos de amenazas que de agresiones directas y violentas”.

La fiscal Sara Irene Herrerías dijo que “este mensaje es importante, porque llevará a que se sancionen las amenazas o las agresiones más leves, va a prevenir también los homicidios. Reitero, el mensaje es: si cometes un delito va a haber una respuesta del Estado, no va a haber impunidad”.

Mencionó la importancia que han tenido los acuerdos reparatorios. Por ejemplo, citó el caso en el cual un funcionario dañó la cámara de un fotoperiodista y, en lugar de buscar una condena en el ámbito judicial, se logró que el inculpado pagara el equipo dañado y otorgara una reparación económica a la víctima.

En cuanto a los homicidios de periodistas los funcionarios mencionaron que se buscan sentencias altas, de más de 50 años contra los imputados, como ocurre en los casos de Miroslava Breach y de Javier Valdez.
Fuente: Lajornada

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