Si de por sí el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas resulta insuficiente, el presidente del Consejo Consultivo en la materia, Alberto Xicoténcatl, advirtió que eliminar el fideicomiso que apoya al mecanismo pone en riesgo la vida de muchas personas.
En reunión a distancia con senadores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, reconoció que es responsabilidad del Estado garantizar la libertad de expresión y la labor periodística.
“Los 250 millones que tiene el Fideicomiso de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aunque es insuficiente sirve para salvar vidas. Se cuida la vida de las personas a través de herramientas, porque no se les entrega dinero, sino protección, a partir de un análisis de riesgo, realizado por expertos”, dijo.
Defendió que el recurso se invierte exclusivamente en la adquisición de bienes y herramientas que protejan a las personas beneficiarias en dos capacidades: desarrollando su trabajo y salvando su vida.
Xicoténcatl subrayó que el Mecanismo tiene un interés colectivo en el tema del presupuesto, “porque vivimos de cerca con mil 304 personas que protege el Mecanismo; 400 periodistas y 866 son personas defensoras de derechos humanos”.
Tras sostener una reunión con integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Kenia López Rabadán, buscará reponer el fideicomiso de mecanismos de protección.
La panista anunció que solicitará a la Mesa Directiva la ampliación del turno de la minuta en la materia, aprobada por la Cámara de Diputados, en la búsqueda de una opción para rescatar los fondos en el Presupuesto 2021, pues considera importante salvaguardar la vida de quienes se ven beneficiados con este mecanismo.
A la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano de gobierno de la Cámara Alta, pedirá un encuentro para que manifiesten su postura ante la desaparición del Fideicomiso que “salva vidas”.
La panista manifestó su preocupación porque su desaparición esté basada en el discurso de la corrupción, pues está convencida de que existen irregularidades, pero no en este fideicomiso, sino en la burocracia persistente no solo de este gobierno, sino admitió que de los anteriores también; “no puede haber corrupción en una persona que busca a su familiar”, refutó.
El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, propuso la celebración de mesas de trabajo para revisar el tema de protección a víctimas, periodistas y defensores, junto con las Comisiones de Derechos Humanos, de Hacienda y Crédito Público, y la Jucopo.
Otra de las opciones, planteó ser que se difiera la situación seis meses o un año para que, en ese tiempo, se defina la situación del fideicomiso, como en el caso del fondo para los deportistas.
Resaltó que la finalidad de los fondos es funcionar como blindaje para que no se tengan que negociar dinero cada ejercicio y puedan cumplir de manera oportuna los compromisos y urgencias que su naturaleza señala.
Nestora Salgado García, secretaria legislativo, manifestó su preocupación sobre la desaparición del Fondo de Protección a Víctimas y coincidió en la necesidad de establecer mesas de trabajo donde se puedan buscar alternativas para continuar con los apoyos, al tiempo de pedir sensibilización en el tema en favor de las personas beneficiadas.
De acuerdo con su experiencia, la senadora de Morena puntualizó que, al encontrarse en riesgo de amenaza directa, este mecanismo representa una alternativa, una opción para salvaguardarse.
La senadora de Morena, Nancy Sánchez, resaltó que muchas veces la corrupción está en la burocracia y no en quienes aplican el recurso y subrayó su apoyo para que, en caso de desaparecer el fondo, se busquen opciones para hacer llegar los recursos al mecanismo.
Fuente: QuadratinCDMX
