Aguakán - Page 5

Los Ballesteros, dueños de Aguakan, una historia familiar de fraudes y rescates millonarios

///

Por Abraham Gorostieta /
Pedro Canché Noticias

Jorge Eduardo Ballesteros es ejemplo exacto del grueso de esa dicotomía tan mexicana: empresa en banca rota, pero empresario multimillonario.
El dueño de Aguakan tiene un largo historial de empresas quebradas y en banca rota pero sus finanzas personales nunca menguan. El gobierno desde la época de Carlos Salinas lo ha rescatado una y otra vez. Luego Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Aguakan, empresa de la que es propietario en Quintana Roo está endeudada a pesar de que cada año incrementa sus ingresos. Así mientras sus empresas dan lástima, su billetera da mucho gusto, pues el señor Ballesteros es asiduo invitado a las fiestas y reuniones de los hombres de negocios en México.
La familia Ballesteros Franco siempre ha estado en el ojo del huracán, pues se han beneficiado de los recursos de los contribuyentes, merced a sus “contactos” y “negocios” con los poderosos en turno.
Crescencio Ballesteros, patriarca de la familia y quien creó la empresa Grupo Mexicano de Desarrollo en 1959 con apoyo del gobierno de Adolfo López Mateos. En 1968 adquirió acciones de Mexicana de Aviación que estaba en suspensión de pagos. La compañía logra cerrar en 1970 con utilidades y un total de 1.28 millones de pasajeros transportados. Sin embargo, en 1982 la mala administración de la empresa la lleva a la ruina y Crescencio Ballesteros se ve “obligado” a vender la aerolínea. Amigo cercano de Miguel de la Madrid, Ballesteros vende al Gobierno el 54% de Mexicana de Aviación sin avisarle a los otros accionistas de Estados Unidos con lo cual los defraudó pero no había problema, contaba con la amistad del señor Presidente.
Tres años antes, en 1979 se cayeron los edificios que habían sido construidos por la empresa de Ballesteros durante el sismo en la Ciudad de México en ese año. El diagnostico que dieron los expertos fue que al hacer la construcción se hizo mal y se utilizaron materiales baratos. Así comenzó a hacerse fama el Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) la empresa constructora de la familia Ballesteros.

Consentido del Sistema

Uno de los mecenas y protectores de Jorge Ballesteros fue Salinas de Gortari, quien le otorgó la concesión de la construcción y operación de la Autopista del Sol que va de la Ciudad de México a Acapulco, en 1989, una de las carreteras más caras de América Lantina.
No sólo ese negocio hizo el empresario en Acapulco, Guerrero, su constructora Grupo Mexicano de Desarrollo construyó en la exclusiva zona de Punta Diamante las calles, banquetas y drenaje de esa parte de la ciudad, incluso anunció pomposamente, el haber invertido 1 billón 700 mil millones en la obra, que resultó defectuosa pues al poco tiempo de ser inaugurada se inundó y vino abajo cuando el huracán “Manuel” apenas la tocó.
En el medio de las constructoras se conoce a la empresa GMD como una de las consentidas en el sexenio zedillista. A pesar de que la familia Ballesteros siempre lo negó, en 1995 se supo la verdad: los Ballesteros y sus empresas, fueron de los más favorecidos por las operaciones del Fobaproa, incluyendo el rescate carretero, con cerca de 30 por ciento de los recursos públicos destinados a tal fin.
No sólo eso, en el sexenio de Ernesto Zedillo, los Ballesteros fueron beneficiados también con la política de salvamento en la emisión de un eurobono y como deudores individuales de la banca. En total, el gobierno zedillista les salvó 10 mil 700 millones de pesos. Los claros beneficiarios fueron: Jorge, José Luis y Carlos Ballesteros Franco.
Hace tres años, la familia Ballesteros entró en el programa fiscal “Ponte al corriente” y con el pago de 163.1 millones de pesos liquidaron los créditos fiscales que adeudaban desde hace 15 años. Con está acción del descuento del 80 por ciento a las empresas de los Ballesteros se libraron de pagar 653 millones de pesos.
En el año de 2002, la bancada del PRD dio a conocer una lista de los beneficiarios del Fobaproa. En la lista aparecían las empresas de GMD, la empresa de Ballesteros Franco. En marzo de 2016, la deuda de México respecto de los pagarés del Fobaproa y del FARAC se elevaba a 1 billón 62 mil millones de pesos: 877 mil millones en el primer caso y 185 mil millones de pesos en el segundo.

Fraudes en todas partes del mundo

La familia Ballesteros no sólo ha hecho de las suyas en México sino que su fama de fraudulentos es conocida en Estados Unidos. En 1999, José Luis Ballesteros, hermano de Jorge, siendo miembro de la empresa química Nalco Chemical Company informó a sus hermanos que las acciones de la empresa estaban en venta. La familia Ballesteros comenzó con la compra de acciones a través de una cuenta suiza propiedad del fideicomiso familiar.
Pero la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos descubrieron que la compra violaba las leyes de valores de este país “al realizar acciones masivas y altamente lucrativas”. Fue así que dicha comisión acusó de fraude al empresario mexicano Jorge Eduardo Ballesteros Franco, presidente del Grupo Mexicano de Desarrollo, así como a familiares y socios, por beneficiarse ilícitamente de información privilegiada, que les proporcionó ganancias por 3.7 millones de dólares.
La familia Ballesteros compraron 263 mil 329 acciones de Nalco a un costo de 9.8 millones de dólares usando múltiples fideicomisos en cuentas de bancos de ultramar con nombres fachada y fidecomisionarios en la isla de Jersey, así como a través de cuatro corredurías y cuentas en Estados Unidos y Suiza, logrando ganancias por 3.8 millones de dólares.
El fraude fue cometido
En 2001 Jorge Eduardo Ballesteros Franco fue procesado en Estados Unidos por utilizar “múltiples fideicomisos offshore­ a nombre de personas ajenas a la familia Ballesteros” en una operación de fraude financiero. Desde entonces, el empresario no puede hacer negocios en Estados Unidos ni pisar aquel país. Diez años después es acusado nuevamente de fraude por el fiscal de Distrito Sur de Nueva York. Quince de sus familiares también están acusados.
No es la primera vez que Jorge y su familia es acusado de ser beneficiarios de las privatizaciones, los rescates carreteros y bancarios, y de triangular recursos mediante compañías fantasma en las Bahamas.
En 2013 nuevamente el apellido Ballesteros fue motivo de escándalo. Los 11.5 millones de documentos internos del despacho panameño Mossack Fonseca en paraísos fiscales que obtuvo el periódico alemán Süddeutsche Zeitung reveló como miembros de la familia Ballesteros, Carlos Mauricio y Josefina, son los beneficiarios finales de Caribou Bahamas GP y Aramis Bahamas GP, dos empresas fantasma incorporadas en Bahamas el 29 de mayo de 2015 con la finalidad de “ser socios de una empresa canadiense”. Ambos señalaron como origen de los fondos: “herencia”.
Dicha herencia es el producto de la privatización del sector carretero hecha por Carlos Salinas de Gortari en 1989 y que posteriormente obtuvieron cantidades millonarias de los planes de rescate de las carreteras y del sector bancario delineados por la administración de Ernesto Zedillo, debido a los cuales el contribuyente mexicano, en 2016, sigue endeudado por 1 billón 62 mil millones de pesos.
Ambos son hermanos de Jorge Eduardo Ballesteros Franco, cofundador y actual presidente de GMD, así como accionistas e integrantes del consejo de administración de la empresa familiar.

Aguakan, la joya de la corona

Es así la vida y trayectoria de esta singular familia de “empresarios” mexicanos, el poderoso grupo GMD de los Ballesteros, lo mismo construye carreteras, maneja el 28% de los minerales del país y 7% de la energía que se produce con carbón que surte a través de sus puertos. No solo ello, la industria cementera está dentro de su cartera de negocios y empresas. Incluso, el servicio de agua es parte del consorcio, pues su empresa Aguakan, declarada en números rojos cada año, surte de agua a los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad.
Fue el contubernio de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, Mauricio Góngora, exedil de Solidaridad, ambos en proceso penal por fraude, desaparición y desvío de recursos públicos, Paul Carrillode Cáceres, entonces edil de Benito Juárez y Agapito Magaña Salazar, exadil de Isla Mujeres los que le abrieron la puerta a Jorge Eduardo Ballesteros para que con la venia del gobierno, pudiera extorsionar a los quintanarroenses del norte con la empresa Aguakan.
Fue tal el grado de complicidad, que Borge ordenó a los cabildos de los tres municipios la autorización de que Aguakán opere el suministro de agua potable y alcantarillado hasta el año 2053, dando con ello un golpe de muerte a la dependencia estatal Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
En 2017, Aguakan está declarada en banca rota, ahogada por las deudas a pesar de que sus ingresos netos aumentan cada año. Aguakan atiende a 1.6 millones de habitantes y a 3 millones de turistas. Sin embargo, presenta cientos de quejas al mes de cobros injustos, mal servicio y cierre de tomas sin previo aviso. Mensualmente, Aguakan cobra el servicio a más de 237 mil hogares en el norte de Quintana Roo. A pesar de ello, la empresa está en banca rota.
Pero Jorge Eduardo ya prepara heredar su poder en su hijo Jorge Ballesteros Zavala, de 38 años de edad, ingeniero civil de la Iberoamericana y con una maestría en la Universidad de Stanford. Ballesteros Zavala es director de una empresa filial en Quintana Roo, GMD Resorts, que tiene proyectos de desarrollo turístico en Cancún, Isla Mujeres y Acapulco en donde destaca el hotel boutique Banyan Tree Cabo Marqués.
La empresa se ha diversificado y opera en los puertos de México para GBM de Diego Ramos González de Castilla y Techint una terminal en Lázaro Cárdenas, por donde llega el 28% de los minerales al país, entre ellos el carbón que utiliza CFE.
En carreteras maneja la concesión de la autopista La Venta-Punta y un paquete de conservación de 734 kilómetros de vías en Veracruz. También GMD fabrica y monta estructuras de acero que a su vez utilizan otras constructoras. Una de sus últimas obras fue el Aeropuerto de Palenque con un valor de más de 540 millones de pesos.
Para continuar con la tradición familiar, padre e hijo fueron demandados por fraude por la empresa Obras y Proyectos del Pacífico, S.A. en abril de 2013.
Los Ballesteros, una familia que ni Orson Wells podría retratar en su gran obra, El ciudadano Kane.

Respaldan diputados del PAN, al Ejecutivo contra concesionaria Aguakán

El diputado Jesús Zetina Tejero, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, dio a conocer el total respaldo a las acciones legales implementadas por parte del Poder Ejecutivo en contra de la empresa concesionaria de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento Aguakan, que labora en Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad, por la afectación que causa a los usuarios y al Estado, derivado del incumplimiento de los términos del respectivo contrato.
Secundado por los diputados Fernando Levín Zelaya Espinoza, María Eugenia Solís Salazar, María Yamina Rosado Ibarra y Gabriela Angulo Sauri, Zetina Tejero expresó que hoy se suman a las acciones legales emprendidas por el Ejecutivo, por medio, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo, para atender el reclamo de la sociedad de los municipios del norte donde opera la empresa concesionaria.

Refirió que desde el 2017, la CAPA, acorde a las líneas de acción que efectúa el Ejecutivo, siempre apegado a la legalidad, notificó en el mes de marzo a la empresa Aguakan sobre el inicio de procedimientos de fiscalización por medio de la Contraloría, mismos que en agosto pasado arrojaron datos que hacen prever inconsistencias a la claridad por alrededor de 800 millones de pesos.
Recalcó que aún no tienen los resultados correspondientes a la fiscalización de 2017 y 2018, además de que durante el proceso de entrega recepción de la administración estatal, hubo un faltante de mil 055 millones de pesos que la mencionada empresa debió entregar al Gobierno del Estado y que no se registró en sus activos, sin que la anterior legislatura solicitara la transparencia de la transacción.

“Queremos manifestar los diputados de Acción Nacional que estaremos muy pendientes de lo que vaya ocurriendo y apoyando en todo al Poder Ejecutivo de manera solidaria, por lo que manifestamos nuestro total apoyo a las acciones legales emprendidas”, señaló Zetina tejero.
Hay que mencionar, que la XIV Legislatura avaló la renovación del contrato de concesión por este servicio a la empresa Aguakan hasta el año 2053 y colocó candados muy fuertes para impedir su revocación, entre estos, una penalización impagable que se calcularía en la suma de los ingresos totales que obtiene, multiplicados por los años que restan hasta llegar al 2053, lo que sin duda, no es la estrategia que seguirá el Ejecutivo Estatal, quien agotará todos los recursos legales para llegar a una solución que beneficie a los usuarios, sin que esto cauce un daño patrimonial al Estado.

El legislador Fernando Levín Zelaya Espinoza estableció que lo importante en el tema es que desde el inicio de la administración el Gobierno del Estado está emprendiendo acciones en favor de los ciudadanos derivado de las demandas sociales y el respaldo total y coadyuvancia a las acciones legales que refrendan los miembros del grupo parlamentario de Acción Nacional en el Congreso.
“En su momento, cuando el momento procesal así lo permita, desde el Congreso del Estado marcaremos las líneas estratégicas si, en su caso, se llegue al procedimiento legal para revocar el contrato de concesión, pues lo principal es que los ciudadanos tengan un servicio de agua potable eficiente y con cobros justos y que el propio Estado lo pueda garantizar en todo el territorio estatal”, apuntó.

Añadió que el punto fundamental es que el Gobierno del Estado está llevando a cabo una estrategia jurídica apegada a la legalidad, “no es ni a gritos y sombrerazos como se solucionan los problemas, sino con pruebas contundentes y palpables, tal y como se está llevando a cabo el proceso y es por ello el respaldo definitivo de la fracción parlamentaria del PAN, que dará seguimiento puntual hasta el final en que se determinen las respectivas responsabilidades, sean en materia civil, fiscal e incluso penal.

Aguakán, la corrupción galopante y los argentinos detrás de los Ballesteros

//

Arturo Mendoza Mouciño /
Pedro Canché Noticias

Cancún, Quintana Roo.- Cuando Laura Beristain Navarrete era candidata a la presidencia municipal de Solidaridad por los partidos MORENA-PT prometió el 21 de junio del presente año que acabaría con la concesión de Aguakan a la familia Ballesteros.
¿Por qué? Porque los usuarios del servicio de agua potable en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad se quejan de lo mismo: mal servicio y altas tarifas.
“En beneficio de tu economía familiar, pondré fin a los abusos de la empresa Aguakan y se retomará el control del servicio público de agua potable y drenaje, el cual regresará a las manos del pueblo y puedan tener precios justos, porque mi prioridad es que le vaya bien a todos los que vivimos en Playa del Carmen, Puerto Aventuras y Uxuxubi”, comentó Beristain Navarrete antes de convertirse en la nueva presidenta municipal de Solidaridad bajo las siglas de Morena.
La guerra por sacar a Aguakan de Quintana Roo ha sido larga y ha tenido diferentes batallas. En abril de este año Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V. (DHC), conocida comercialmente como Aguakan, recibió una denuncia por lesividad por parte del Ayuntamiento de Solidaridad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.
En esa demanda se detalla, por una investigación del portal Noticaribe, difundida el 1 de julio de 2016, cómo en sólo 38 días y a cambio de 1,055 millones de pesos el gobierno de Roberto Borge Angulo vendió a DHC el servicio de agua potable para tres municipios.
A “Los papeles de Aguakan”, como Noticaribe llamó a su trabajo, se sumó otra querella de la empresa con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) porque en febrero se impusieron cuatro sellos a la empresa, luego de múltiples quejas por irregularidades en el servicio prestado.
Luego, como parte de una “tormenta perfecta”, el 26 y 27 de marzo se llevó a cabo una consulta pública para determinar la opinión de los 90 mil, 962 clientes de Aguakan en Solidaridad para saber si querían o no seguir contando con el servicio de DHC.
La alcaldesa de entonces, Cristina Torres, tuvo que acoger los resultados como un plebiscito anticipado de su gestión, porque sólo participaron 379 ciudadanos.

Larga concesión

Hasta 2053 acaba la concesión de Aguakan para operar el suministro de agua potable y alcantarillado en Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad e Isla Mujeres.
Así que el malestar ciudadano tendrá varios años para perdurar y manifestarse.
Hace algunos años, el periodista Carlos Cantón Zetina dio a conocer que detrás de la familia Ballesteros, considerados como los dueños de Aguakan, en realidad los argentinos Roberto Enrique Robles, Carlos Ignacio Broggi y César Gastón Borda eran los operadores de esta empresa que se vio beneficiada durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Roberto Borge.
Aún así, en el Consejo de Administración de Desarrolladores Hidráulicos de Cancún (DHC) hay cuatro consejeros propietarios y cuatro suplentes.
Los primeros son, según Cantón Zetina: Jorge Eduardo Ballesteros Franco (presidente), su hijo Jorge Eduardo Ballesteros Zavala; Diego Ramos González de Castilla y Enrique Rojas Blásquez.
Los suplentes: Diego Xavier Aviles, Paul Andrew Rangel Merkley, Fernando Ramos Gonzalez de Castilla y Manuel Rodriguez Arregui.
Todos ellos, según el periodista, subordinados a los argentinos.

La fortuna del clan Ballesteros se liga a varios gobiernos priistas. Primero, con el presidente Carlos Salinas de Gortari se benefició de recursos públicos del Fobaproa. También, el Grupo Mexicano de Desarrollo de los Ballesteros consiguió, en 1989, el contrato para construir la Autopista del Sol (Cuernavaca-Acapulco), que pronto se hizo célebre por lo mal hecha que estaba.
GMD lo mismo construye carreteras que maneja 28% de los minerales del país, y 7% de la energía que se produce en el país se hace con carbón que surte a través de sus puertos. El cemento también está presenta en su cartera de negocios.
En los años 90, la familia Ballesteros se benefició del programa de rescate carretero autorizado por el entonces presidente Ernesto Zedillo. Y hace unos años, gracias a Roberto Borge, se adueñaron del agua potable del Caribe mexicano.

Operación “Salvar Aguakan”

En su investigación “La mafia de Aguakan en Quintana Roo”, Carlos Cantón Zetina apunta que la extensión de la concesión a DHC se hizo para salvar a la empresa por sus incontables deudas a pesar de sus ganancias: En 2013 obtuvo 960.7 millones de pesos, contra los 940.9 millones de pesos que logró en 2012 y los 857.3 de 2011.
El 30 de septiembre 2014, DHC debía 515 millones de pesos por dos créditos por 355 millones de pesos que le otorgó la dupla de consorcios aliados Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y GBM Hidráulica. Otras cuentas por pagar suman 68.2 millones, y adeuda otros 55.9 millones por concepto de impuestos.
“Para atenuar su crisis financiera, DHC tiene proyectado emitir certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 900 millones de pesos. Significa que recurrirá a una deuda bursátil de cinco años, dando como garantía… ¡el agua quintanarroense!. Es decir, su principal activo que es la concesión otorgada por el gobierno del estado y los ayuntamientos de Benito Juárez (Cancún) e Isla Mujeres el 20 de octubre de 1993. El de Solidaridad (Playa del Carmen) será nuevo cliente.
“Como condición para la bursatilización (instrumento de deuda), los evaluadores financieros exigieron a Aguakan conseguir la prórroga de su concesión para “evitar riesgos de una revocación” e incluso una eventual expropiación por parte de los gobiernos federal o estatal”.
Y es de esa forma que Aguakan podrá operar hasta 2053 en la región.

Aprueban regidores hacer obras, pese a que debieran tocarle a Aguakan

/

Regidores aprobaron, en comisiones, el destinar 20 millones de pesos del municipio, para sumarse montos idénticos del Estado y Federación, para introducir drenaje en las regiones 235 y 237, pese a la inconformidad de algunos de que debiera ser responsabilidad de Aguakan, que recibirá esta obra e iniciará a cobrar por ella a los usuarios.
“El estado, el municipio y la federación le siguen poniendo dinero a una sociedad de la no son parte; hay una contradicción: si regalarle todos esos millones a Aguakan o dejar a la sociedad sin drenaje”, comentó el regidor Isidro Santamaría Casanova, en la sesión.

Para el concejal, el acuerdo le da ventajas a Aguakan por encima de la ciudadanía y del Ayuntamiento. Sin embargo, de no aprobarse, sería peor, pues dejaría a estas familias sin drenaje, además de no atenderse un foco sanitario que afecta a toda la ciudad.

“¿De qué forma se puede ser menos malo?”, cuestionó el regidor y líder cetemista.
El priista aclaró que no se trata de un caso único, pues lo comparó a las constructoras, que por ley deben introducir servicios al hacer un fraccionamiento, y entregarlos a Aguakán, CFE y municipio para que empiecen a cobrarlos.
“Es una injusticia y no lo digo por los empresarios, sino porque ellos cargan el costo al consumidor final, a los ciudadanos, en el costo de la compra de la casa”, ejemplificó.
Entrevistado posteriormente, confirmó que el contrato de concesión le obliga a Aguakán a destinar 10% de sus ingresos para introducir drenaje en asentamientos irregulares (como en estas dos regiones), pero el contrato carece de medios para obligar a su cumplimiento y para colmo, el Cabildo no es la autoridad competente.

NO DEJAR REMANENTES
La regidora Karla Gasca Sánchez mencionó que lo importante es cumplir con el paquete de obras e introducir drenaje en estas dos regiones, para así no dejar remanentes.
Para ella, sería difícil lograr un consenso en momentos en que el Gobierno del Estado le exige a la concesionaria el pago de mil millones de pesos por un crédito fiscal.
Para ella, ya se cuenta con una cuerdo entre los tres niveles de gobierno para que cada un comprometa 20 millones de pesos y efectúe estos trabajos.
“Ya se lograron acuerdos. Debía pasar por Coplademun y ser ratificado por el Cabildo”, detalló.

Los recursos que llegaron, recalca la regidora, se aprovecharon.
“La administración pasada dejó remanentes, de 10, 11, 12, 50 millones de pesos, eso fue lo que se buscó evitar”, justificó.

COMEDORES
Lo anterior aplica, porque también se autorizó la construcción de comedores escolares, también con recursos propios, ante la imposibilidad de bajar fondos federales, por haberse realizado estas obras ya, hace siete años.
Sergio de Luna Gallegos, director de Planeación Municipal, explicó que los espacios edificados como supuestos comedores fueron hechos en espacios anexos, y por necesidad las escuelas los convirtieron en bodegas. Lo que se busca es realizar verdaderos comedores, dentro del plantel, con dos áreas de cocina y una para comensales.
Sin embargo, las reglas federales indican que no pueden gestionarse estas obras hasta que pasen 10 años, motivo por el que el municipio las hará por su cuenta.

Intervención a Aguakán, resultado de solicitud de Cristina Torres

En las oficinas de Playa del Carmen, ubicadas sobre la avenida 115, actuarios, personal de la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF) de CAPA y agentes policiacos ingresaron al local para proceder al aseguramiento del inmueble. De inmediato, guardias privados desalojaron a los clientes del lugar y cerraron las puertas.

A los pocos minutos, llegaron funcionarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, la que habría solicitado el embargo.

Cabe mencionar que hace dos semanas, el director de CAPA, Gerardo Mora Vallejo, reveló que en una revisión de las finanzas de la concesionaria, detectaron un presunto desvío de mil 226 millones de pesos de un crédito fiscal de la empresa, que no fue destinado a los fines distintos a lo que indica el título de concesión.

LA DENUNCIA PRESENTADA POR CRISTINA TORRES
En la búsqueda por revertir la concesión otorgada durante el gobierno de Roberto Borge, el 16 de abril de 2018, el Ayuntamiento de Solidaridad, encabezado por la presidenta municipal, Cristina Torres, presentó ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo la denuncia por lesividad contra la concesionaria del servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V., conocida como Aguakan.

La denuncia se realiza luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el 7 de febrero de 2018, impusiera cuatro sellos a la empresa, por múltiples quejas de irregularidades en el servicio prestado; y de que la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres, se llevara a cabo una consulta pública para determinar la opinión de los usuarios.Intervención a Aguakan, resultado de solicitud de Cristina Torres

Es importante mencionar que la anterior denuncia fue resultado de la negativa de CAPA para entregar el dictamen sobre las denuncias por incumplimiento de servicio por parte de Aguakan en mayo de 2017, y que por meses la alcaldesa espero respuesta, en una clara muestra de falta de cooperación de CAPA.

En su momento, Cristina Torres declaró “estábamos en espera de lo que CAPA nos pudiera dar, pero ya le dimos un plazo a CAPA y si no nos entrega los dictámenes, presentaremos la solicitud para que sea el juez el que requiera a CAPA”.

Así, la edil cumplió su amenaza y en sesión de Cabildo autorizó el ingreso de una denuncia, que actualmente está en tribunales, sin embargo, finalmente CAPA concluyó con su análisis y determinó que de 10 puntos que debía cumplir como requisitos de concesión, sólo logró dos. Peor aún, descubrieron un posible desfalco de mil 226 millones de pesos, derivados de un crédito fiscal.

INTERVENCIÓN DE CAPA
José Luis Domínguez Montero, coordinador de la Dirección Jurídica de CAPA, declaró que se trata de un inventario de bienes, idéntico al ocurrido en las oficinas de Cancún el día anterior, derivado de la intervención de caja realizada desde la semana pasada a Aguakan.

Cuestionado si también se trata de un embargo, aclaró que en términos legales, efectivamente sería un embargo de la caja, aunque la concesionaria continua en control de las operaciones y por tanto están obligados a dar el servicio a usuarios con normalidad.
Fuente: Quinta Fuerza

Para Gerardo Mora, sí es viable revocar concesión de Aguakán

/

Ahora que el Senado de la República se pronunció en contra de la privatización del agua, el gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Gerardo Mora Vallejo, puso en la palestra el tema de Aguakán.
Entrevistado en un evento público en la capital del estado, el titular CAPA afirmó que sí es viable pensar en una posible cancelación de esta concesión.
Agregó que ese escenario es de pensarse, luego de que en el Senado de la República se reformara el artículo 4 Constitucional que prohíbe a los particulares hacer negocio con los recursos hídricos del país.

“El agua no debe de ser un negocio pues es un servicio indispensable además de que va alineado a lo que hemos trabajado a nivel nacional y hacia allá va el tema de no más privatización ni más negocio con el agua”, afirmó.
Mora Vallejo precisó que, si bien, la ley no es retroactiva, en el caso de las reformas constitucionales las condiciones jurídicas son totalmente diferentes.
Mencionó que a través de auditorias hechas a Aguakán se han detectado presuntas irregularidades, sobre todo en inversiones por cerca de mil millones de pesos.
Expuso que la revocación de la concesión de Aguakán pudiera darse en tres escenarios diferentes.

El primero, por medio de una demanda interpuesta por el ayuntamiento de Puerto Morelos que ha solicitado que Aguakán se mantenga fuera de la administración y distribución del agua en esa zona.
La segunda es por medio de la reforma constitucional al artículo 4.
El tercer escenario tendría que ver con las irregularidades financieras que se le ha detectado a la firma.
Fuente: Agencia SIM

Votan a favor de la revocación de Aguakán

AGENCIA SIM

Playa del Carmen.- La mayoría de los ciudadanos que participaron en la consulta pública sostenida en el Palacio Municipal votaron porque se revoque la concesión a la empresa Aguakán.

Al término de la consulta pública sobre la continuidad de esta concesionaria, sostenida durante dos días, dos notarios públicos contaron los votos y determinaron que 349 pidieron que se revoque la concesión y 28 optaron por que continúe en el municipio.
Juan Abundio Martínez Martínez, titular de la Notaría 34, y Gabriela Alejandra González López, titular de la Notaría 82, abrieron las dos urnas de esta consulta en la Sala de Cabildos.

En la primera urna, donde votaban propietarios con contratos a su nombres, se contaron 182 boletas, en las que 166 votaron por que no se continúe con Aguakan, 14 porque sí, y dos fueron nulos.
En la segunda urna, para aquellos que rentan o que no tienen contrato a su nombre, habían 197 boletas, de las que 183 votaron a favor de la revocación y 14 por la continuidad de Aguakan.
La consulta pública fue convocada por la presidenta municipal dos días antes que pidiera licencia a su cargo y poco más de dos semanas después que venciera el plazo que ella puso para analizar la situación de Aguakan.
El anuncio del mismo, a través de un comunicado, se hizo un día antes de que se llevara a cabo la votación. En total, participaron 381 personas de Solidaridad, de una población cercana a los 300 mil.

Pereyra, abierto a qué Aguakán siga en Solidaridad

/

AGENCIA SIM

Chetumal.- Si Aguakan “recapacita” y toma acciones en beneficio de la ciudadanía, que trabaje en Solidaridad, opinó el diputado independiente Juan Carlos Pereyra Escudero, al ser cuestionado por la reunión realizada entre la concesionaria y la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez.

Aunque en lo personal, siente que no le beneficia al municipio la permanencia de esta empresa, el legislador estimó que no puede juzgar, por lo que si recapacita y toma acciónes, que trabaja, pero si “sigue cometiendo abusos y sigue con su arrogancia hacia los ciudadanos, que se vaya”.

En entrevista, Pereyra Escudero indicó que se está en proceso de rescindir, no revocar el contrato, con base en incumplimiento, para evitar que el Gobierno del Estado tenga que cumplir con la indemnización de mil millones de pesos.

Para eso, Gerardo Mora, director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) ya realiza un estudio de las operaciones de esta empresa, para que luego, con base en la petición del Cabildo de Solidaridad, el Consejo de CAPA decida si continúa con Aguakan o no.

Sólo entonces llega el caso al Congreso, defendió, al recalcar que no es tema del Poder Legislativo rescindir la concesión, sino del Cabildo, que debe iniciar el proceso.

Un mes es la oportunidad para que Aguakán demuestre un buen servicio

/

La empresa concesionaria del servicio de agua potable en Solidaridad tiene un mes para convencer a los ciudadanos de que puede dar un servicio de calidad acorde a las necesidades de la población, informó en entrevista la Presidenta Municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, luego de una reunión que mantuvo este miércoles con los representantes de Aguakán.

Al respecto, la Munícipe aseguró que este es el primer paso para demostrar que la empresa no está cumpliendo con el servicio a satisfacción de los solidarenses, lo cual forma parte de la estrategia de la demanda por lo que este los trámites al respecto continúan.

“No hubo ningún acuerdo ni se ha desestimado ninguna acción legal, no se le ha perdonado la vida, al contrario, lo que se está haciendo es poniendo contra la pared para que le responda a los ciudadanos y tienen un mes para ello.”, aseguró Cristina Torres.

En este sentido agregó que en esta semana Aguakán comenzará a implementar mesas de trabajo en las colonias con mayores problemáticas sobre el servicio que prestan, con el fin de escuchar las demandas ciudadanas y resolverlas de la forma más rápida posible, principalmente las relacionadas con los cobros excesivos, las mejoras en el servicio acorde a las necesidades con cobros justos y el desarrollo de obras y acciones en beneficio social.

“Luego de este mes abriremos esta importante decisión a la opinión ciudadana a través de una consulta pública que se aplicará en todas las colonias del municipio para que sean los ciudadanos quienes decidan si se le continúa dando gracia a la empresa o se decide ir a juicio para la recisión; es decir, tendrán un plazo para que sean los ciudadanos quienes evalúen los servicios y decidan la permanencia o no de Aguakán”, subrayó la Munícipe.

Por último, Cristina Torres dijo que la mejor manera que tienen para convencer al ciudadano de que quieren reconstruir una relación es demostrando que van a meter inversión, que mejorarán la atención al ciudadano y el servicio acorde a las necesidades.

Aguakan corta banquetas sin permisos; ayuntamiento lo tolera

Playa del Carmen.- La concesionaria Aguakan realiza cortes en las banquetas de la ciudad, para suspender el servicio de agua potable, sin solicitar permiso al Ayuntamiento de Solidaridad y sin que este lo exija, acusó el síndico, Juan Carlos Beristain Navarrete, al hacer entrega de un oficio en el que solicitó tomar cartas en el asunto.

En la sesión de Cabildo de hoy, el síndico también acusó a la inmobiliaria Cadu, que donó varios vehículos y una retroexcavadora, de “dar la vuelta” al bando de gobierno y entregar casas en Villas del Sol con apenas cuatro metros de frente, debajo del mínimo legal de 7.8 metros.

El Cabildo sesionó hoy para aceptar la donación de varias motocicletas de Cadu, además de autorizar un subsidio del 100% en el permiso para construir bardas perimetrales.

Concluyendo esto, el síndico tomó el micrófono para acusar a Aguakan de realizar cortes a la banqueta sin autorización.

“Cualquier ciudadano que pretende hacer un trabajo en banqueta o en pavimento requiere de un permiso, de señalar las condiciones en las que se realizará”, explicó.

“Aquí, Aguakan ha sido omisa en solicitarnos este permiso”.
Beristain Navarrete añadió que pidió la entrega de las solicitudes realizadas por Aguakan y ninguna ha sido para cortes de banqueta, sino únicamente para los de pavimento, para alguna obra pública.

“Los cortes de banqueta son generalmente para suspender el servicio de agua potable a las casas con adeudos o para suspender la conexión de drenaje de las viviendas”, indicó.

La presidenta municipal, Cristina Torres Gómez, recibió una copia del oficio dirigido a Cabildo en el que se denuncia esta situación.

Previamente, al ser puesto a consideración la aceptación de una donación de vehículos de la inmobiliaria Cadu, el síndico, después de aplaudir este hecho, criticó al donante por construir viviendas estrechas en Villas del Sol.

“Le han dado la vuelta legal al frente de casa”, indicó. “El bando municipal establece un mínimo de 7 metros de frente, pero estos frentes no tienen más de cuatro metros”.

“Debiéramos sentarnos con ellos para que no les ‘den la vuelta’ con documentos que señalan que son dúplex, que dos casas son una, con ocho metros, porque esto no cumple con esos requisitos”, indicó.

Por otro lado, lamentó la falta de espacios públicos, en específico parques, “que no deben ser confundidos con espacios deportivos”; en especial en el cuarto parque, que fue usado para una escuela.

La presidenta municipal, que a la mitad de la intervención de Beristain Navarrete hizo una moción para que se apegara al tema de la donación, respondió indicando que los tamaños de vivienda son un tema federal, pues llegan conforme al subsidio que se les entrega.

“He platicado con la Canadevi y les dije que vengan y que cuelguen una hamaca, para que vean si las dimensiones entre las paredes dan para esto”, indicó.
“Las puertas que debemos tocar son los de las autoridades federales”, le reconvino al síndico.

En la votación, se aceptó la donación de Cadu, además de autorizarse la exención de pago de permisos para la construcción de bardas perimetrales.

AGENCIA SIM