Redacción

Cancún.- El proyecto hotelero Gran Solaris es ilegal, pues implica la destrucción de duna costera, razón por la que ya se les impuso una clausura el año pasado, explicó la ambientalista Katerine Ender Córdova, quien explicó que contra el proyecto todavía hay vigentes varios procesos de amparo y denuncias administrativas y penales.

En entrevista, la presidenta del Movimiento en Pro de los Derechos del Pueblo indicó que, al contrario de lo que quieren hacer creer las autoridades, en el lugar hay huellas de maquinaria pesada, que prueba que los trabajos han seguido activos, a pesar de la actual prohibición por la emergencia sanitaria. También existe como una condicionante para los permisos ambientales la prohibición de retirar arena, lo que hace imposible el edificar un hotel de 450 habitaciones, como pretenden.
De hecho, el año pasado hubo una clausura parcial en contra del proyecto, por extraer arena, cuando se reactivó, al darle la saliente administración de Remberto Estrada Barba una nueva licencia de construcción.

“Ellos quieren hacer creer que ahí hay una “zanja”, cuando hay amplias evidencias que todo ello es duna costera y eso lo sabemos todo. Por eso edificaron esa zanja, para que no pueda verse lo que hacen, pero lo cierto es que se encerraron con la arena y si la sacan, incurrirán en faltas penales”, comentó la activista.
Cabe recordar que el director de Desarrollo Urbano de la administración de Remberto Estrada Barba, Javier Zubirán Padilla, extendió ilegalmente una licencia de construcción antes de que el proyecto contase con una Manifestación de Impacto Ambiental. Por este motivo, y ante la fuerte oposición ciudadana, el Cabildo de Benito Juárez optó por suspender el proyecto y revisar este permiso, que fue eventualmente revocado.

No obstante, se extendió el mismo permiso una segunda ocasión, ya de salida, únicamente modificando la fecha, hecho que a juicio de Ender Córdoba, equivale a un delito y por lo que tendrá que iniciarse un proceso legal, así como a la cancelación de este segundo permiso, igualmente viciado.
La ambientalista alegó que si bien hubo una suspensión contra el proyecto, por un juicio administrativo ingresado por otro ciudadano y si bien ésta fue ya sobreseída, persisten otros procesos que imposibilitan que puedan efectuarse obras en el lugar, sin incurrir en desacato.

Actualmente, su asociación se esfuerza en obligar a la Profepa a que efectúe una inspección en el lugar, algo que la dependencia federal se ha negado a hacer, solo inspeccionando la barda edificada, pues saben que al hacerlo dejarían constancia de que este predio es duna costera.
“Por desgracia no contamos los ciudadanos con alguna dependencia de gobierno que trabaje para nosotros; todas están enfocadas en ver la mantera de sortear lo que indica la ley, siendo omisas. La Semarnat en lugar de evaluar daños ambientales, actúa como una promotora inmobiliaria, autorizando proyectos a cambio de garantías económicas que después cobran. En Gran Solaris, hay una garantía de nueve millones, que serviría como pago por un proyecto ecocida, cuando lo conducente es que se respete la ley.
“Si hay un daño, éste tiene que ser reparado”, insistió.

La misma actitud de omisión concertada entre todas las autoridades, que se ha visto en el proyecto Grand Island, es la misma que se ve en Puerto Cancún, en playa Langosta y en Chemuyil, donde avanzan proyectos, a pesar de todas las denuncias ciudadanas y mediáticas, sin que inspectores acudan a hacer su trabajo.