Después de la comparecencia del Auditor Superior del Estado, Manuel Palacios Herrera ante la Comisión Permanente del Congreso del Estado, el diputado Emiliano Ramos Hernández dijo que no se descarta ninguna denuncia contra exservidores públicos de la pasada administración.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta apeló a la secrecía del proceso que se tiene contra los exfuncionarios del estado, pues lo que informó la Fiscal Anticorrupción, Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, concuerda con las investigaciones que tiene la Auditoría Superior del Estado (ASE), según lo informado hoy martes por el Auditor.
“Todos los servidores públicos del estado estamos sujetos a las responsabilidades, a las sanciones que establece el Código Penal, al sistema anticorrupción; todo aquel que maneje un peso del recurso público, las decisiones que tome tienen que ver con recurso público, tiene una responsabilidad legal, no se escapa ningún legislador, ningún magistrado, ni el gobernador y su gabinete, ni los alcaldes”, destacó.
Justificó que por eso se llama a comparecencia a los involucrados en la lucha contra la corrupción en el estado, pues el 20 de febrero próximo llegan las cuentas públicas 2017, que serán analizadas por la Comisión, discutidas y, en su caso, aprobadas en sesión general; de ahí la importancia de conocer el estado de las cuentas anteriores, o sea del 2015 y la de 2016.
Eso sí, los funcionarios señalados tienen todo el derecho de presentar sus pruebas para sostener sus dichos, pueden entregar las pruebas documentales que solventen los recursos y si no es así, tendrán que aceptar su responsabilidad administrativa.
“Los ciudadanos merecen castigo para los servidores públicos que cometan un delito, es evidente que no se puede sancionar de manera inmediata e ipso facto, pero hay que conocer el estado que guardan las cuentas públicas”, declaró.
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES
El legislador explicó que los expedientes están integrados sin afectar la presunción de inocencia, pero “habrá beneficiados del ‘paquete de impunidad’, porque desmantelar el paquete de impunidad nos llevó varios meses como legislatura”.
Ramos Hernández reprochó que en ese tiempo había un fiscal cuestionado y un auditor cuestionado. La tarea es iniciar los procedimientos, no se trata que sea inocente, sino que prescribió el tiempo para denunciar, no es que las pruebas carezcan de validez.
Otro de los ejemplos fue cuando se solicitó a la Auditoría que abriera las cuentas públicas del 2015, donde se presume el desvío de recursos públicos con el tema del predial, y el Ayuntamiento Benito Juárez presidido por Remberto Estrada Barba (2016-2018) presentó una controversia constitucional para evitarlo.
