Por Guillermo Miranda
Este jueves, el Estado Mexicano reconoció públicamente su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro y le ofreció una disculpa, en presencia de la titular de gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Reconoció que la periodista Lidia Cacho Ribeiro fue hostigada, criminalizada, privada de su libertad, torturada, abusada sexualmente por policías ministeriales de Quintana Roo y Puebla y personal de seguridad privada del empresario Kamel Nacif en un amplio operativo para su detención ilegal en el 2005.
“Estoy aquí por este país que niega asumir su realidad. Acepto sus disculpas y exijo justicia para todas las víctimas a quienes seguiré dando voz” dijo la periodista Lydia Cacho.
En el evento, la periodista Lidia Cacho aseguró que hace casi 14 años dio la batalla más importante de su vida.
“emprendí una batalla para mantenerme con vida ante los diferentes mandos de gobierno en diferentes estados”, dijo.
Gracias al trabajo periodístico de Lydia Cacho se descubrieron a bandas delictivas que operaban en el país dedicados a la pederastia y la trata de blancas.
“No hay solución a la persecución de periodistas, la impunidad es lo que intenta silenciarnos”: Lydia Cacho
Autora del libro «Los Demonios del Edén» en el que da cuenta de una red de pederastas de la que formaban parte empresarios y políticos, entre ellos, Kamel Nacif y Jean Succar Kuri, quienes eran amigos del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín.
La represaría vino de inmediato y sin orden de aprehensión fue detenida el 16 de diciembre de 2005 en Cancún, en amplio operativo donde participaron personal de seguridad del empresario Kamel Nacif y cinco agentes judiciales del estado y otro tanto de Puebla.
Por espacio de 20 horas la trasladaron al estado de Puebla como represalia de lo publicado y durante el trayecto fue golpeada, torturada, agredida sexualmente y demás vejaciones que trasgredieron sus derechos humanos. Tras pagar una fianza de setenta mil pesos fue liberada.
El 13 de marzo de 2006 denunció penalmente a Nacif Borge y al gobernador de Puebla, Mario Marín, entre otros funcionarios.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso pero desechó pruebas como la grabación de una conversación entre el gobernador de Puebla, Mario Marín y el empresario, Nacif donde se escucha el agradecimiento por la detención de la periodista.
La tibieza de la justicia mexicana en este agravio a la libertad de expresión y la subyugación del poder político al poder económico, el caso tuvo que ser ventilado en los organismos internacionales, lo que dio paso a ratificar los delitos violatorios de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.
Además en octubre de 2014 Lydia Cacho y Artículo 19, organización internacional en defensa de la libertad de expresión, denunciaron al Estado Mexicano por violaciones a los derechos humanos.
Por esta razón y por recomendación internacional del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, se emitió dicha orden de la disculpa pública hacia la periodista Lidia Cacho, la cual le fue comunicado el pasado 31 de julio de 2018 a la Asociación Civil Articulo 19 que apoyó a la comunicadora.
Lydia Cacho aseguró que si las mujeres, como ellas, se han jugado la vida por los derechos humanos, lo menos que esperan es que “el gobierno de este país tenga la mitad de valentía que nosotras hemos tenido”.
“Ni torturadas ni perseguidas vamos a someternos al poder del periodismo machista ni al poder patriarcal. Queremos que haya justicia para las mujeres de Atenco, las víctimas de la Guardería ABC”, expresó.
En esta disculpa pública estuvo presente Olga Sánchez Cordero; secretaria de gobernación, Marcelo Ebrad, secretario de relaciones Exteriores, Alejandro Encinas, Iliana Cristina Rueda presidenta de la asociación Artículo 19 y Juan Ramón de la Fuente representante de México en la ONU.
Lo anterior forma parte de la reparación integral que determinó el Comité de Derechos Humanos de la ONU en julio pasado.
Olga Sánchez Cordero, dijo que el gobierno de López Obrador no estará supeditado a intereses particulares, el poder político y el poder público no estará al servicio del poder económico y que el gobierno mexicano estará protegiendo a quienes con su pluma o su voz denuncien los atropellos que sufra la sociedad mexicana.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, reconoció que el Estado Mexicano falló en proteger los derechos a la libertad de expresión y a la no tortura de la periodista.
“Ciudadana Lydia Cacho, a nombre del Estado Mexicano le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio de libertad de expresión”, fueron las palabras de Encinas quien aseguró que las autoridades asumen la responsabilidad de los hechos “ocurridos hace 13 años”, dijo.
Es un punto de partida para otras medidas, que el Estado mexicano en su conjunto debe adoptar para resarcir el daño. Una parte muy importante es continuar con las investigaciones para sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales, y además adoptar medidas estructurales para que no se repitan hechos como los ocurridos con Lydia Cacho, pero también con el gremio periodístico y las personas defensoras de derechos humanos», explicó a diferentes medios de comunicación, Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19 en México.
