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“Necesaria presencia de más elementos policiales en Cancún” Mayuli Martínez

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La senadora por Quintana Roo, Mayuli Martínez Simón, confió en que el Gobierno Federal refuerce la presencia de elementos policiales federales en la ciudades de Cancún y Playa del Carmen con la finalidad de contrarrestar el efecto de la delincuencia y lograr de esta manera, mantener la adecuada operatividad de la industria turística que da empleo a miles de familias.

“Entendemos que en todo el país hay focos rojos que deben atenderse en materia de seguridad, por ello la importancia de que exista una estrategia sólida entre todos los niveles de gobierno para no descuidar ninguna zona en México; actualmente en la zona norte de Quintana Roo y en otras regiones se ha puesto en riesgo la fuente de empleo de miles de familia por el efecto de los actos delictivos, ya que en estas zonas se retiró a cien elementos federales para atender otros puntos en nuestro país” explico la senadora Mayuli Martínez Simón.

En este sentido, detalló que el retiro de poco más de cien elementos que formaban parte de la seguridad en Cancún y Playa del Carmen, ya que esta medida está repercutiendo de manera negativa en los destinos turísticos.

“El retiro de cien elementos federales de Quintana Roo es producto de una estrategia indebidamente planificada, zonas turísticas deben ser atendidas con urgencia porque miles de familias dependen de esta actividad y no podemos permitir se cierren fuentes empleos en ningún destino de México”.

Ante los señalamientos del titular del Poder Ejecutivo Feral, en relación a que en Cancún no se han logrado contrarrestar los actos delictivos, la senadora Mayuli Martínez confía en que a la brevedad se mejore la estrategia de seguridad con la presencia de mayores elementos.

“Para generar un ambiente seguro cada gobierno debe asumir su responsabilidad, a nivel federal se ha reconocido la falta de resultados en destinos como Cancún, esto es preocupante y algo que se debe atender con urgencia, sobretodo porque es el destino que más recursos genera al país”.

Finalmente, la senadora externo su confianza en que, con la implementación de las estrategias de la Guardia Nacional Civil se mejore en un corto y mediano plazo, la situación de inseguridad en el país.

PRI pedirá préstamo sobre sus prerrogativas

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Con el fin de hacer frente a la renovación de su dirigencia nacional, donde «votará cada militante» en un proceso interno que estará a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), pedirán a la banca 250 millones de pesos.

Poniendo como garantía sus prerrogativas (dinero público de los mexicanos), el PRI que fue multado con 211 millones por irregularidades (hacer trampa) durante el proceso electoral 2018, buscará poner como garantía los más de 560 millones 600 mil pesos prerrogativas que este año le estará suministrando el INE, es decir dinero público.

Por ello el PRI solicitará un préstamo bancario por 250 millones de pesos para hacer frente a los gastos que deberá hacer este año en que se renovará la dirigencia nacional.

Debido a que el PRI en el proceso electoral 2018 quedó en tercer lugar de las preferencias de los mexicanos , sus prerrogativas prácticamente se redujeron en un 30%, y que cuenta con pocos gobiernos priistas estatales, además de que ya no contará con los ingresos ilegales de la presidencia de la República, además de la multa, entonces se ve en la necesidad de recurrir a la banca en busca de un préstamo de 250 millones de pesos.

En 2018 el PRI recibió del INE mil 94 millones de pesos de prerrogativas para gastos ordinarios y de campaña, pero tras su derrota disminuyó el financiamiento en 30 por ciento y se estimaba que tendrían alrededor de 811 millones de pesos, a lo que se le resta la multal Impuesta por el INE que les quitó alrededor de 211 millones de pesos.

Esta determinación fue aprobada por unanimidad en el reciente Consejo Político Nacional que celebraron los priístas.

6 historias de impunidad contra periodistas

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La Organización Civil Internacional Artículo 19, presentó este lunes el informe especial “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas”, que dicho en otras palabras son los pasos a seguir para evitar la impunidad que caracteriza a las Fiscalías Estables como primeros respondientes.
El periodista Leopoldo Maldonado fue quién hizo la presentación de los casos recientes, historias de las víctimas del asesinato de Periodistas y activistas sociales en México, donde la impunidad y corrupción prevalecen sobre la justicia.

Jorge Sánchez hijo del periodista asesinado en Veracruz, José Sánchez, señala que en México no hay interés por resolver los casos de asesinatos de periodistas.
Incompetencia o complicidad son el reflejo de que en México no les interesa esclarecer estos crímenes lo que engrandece la impunidad y corrupción en las instancias procuradoras de justicia.
Mi padre fue asesinado presuntamente por Omar Cruz Reyes, el alcalde de Medellín de Bravo en Veracruz un 2 de enero, cuando un comando armado de seis sujetos entraron al domicilio, lo sustrajeron y después lo asesinaron.
Varios de estos homicidas materiales están identificados con el entonces presidente municipal de este lugar, uno de ellos detenidos de nombre Noe N y un policía municipal quién facilitó la huida de los asesinos.

Omar Cruz Reyes autor intelectual del artero asesinato del periodista Jorge Sánchez se encuentra prófugo, mientras la Fiscalía General de Veracruz no hace nada para detenerlo, denunció.
La autoridad no está para garantizar justicia sino para sembrar pruebas que garanticen la impunidad, la incompetencia y la corrupción.
El hijo del periodista asesinado hace ya cuatro años, pidió al presidente López Obrador descarte el perdón para los asesinos de su padre y lo cambie por justicia.
Rubén Espinosa Becerreril, fotógrafo y periodista asesinado el 31 de julio de 2015, su hermana con ayuda de Articulo 19 han estado solicitando justicia, ya que su hermano recibió amenazas, agresiones, secuestros en Veracruz y la muerte e impunidad lo alcanzaron en la ciudad de México junto a otras tres personas.
Señaló que hasta ahora todos los integrantes de la Fiscalía General de la Ciudad de México incluido el titular del Ejecutivo han progresado, han subido de puesto, garantizaron justicia y no cumplieron, por lo que la impunidad y la corrupción,
Desde el 31 de julio de 2015 que fue asesinado con cuatro mujeres, la Fiscalía General de la ciudad de México dejó de ser garantía para el refugio de periodistas y defensores de los derechos humanos.

Sufrió varas caras de la impunidad, ya que en vida fue perseguido, agredido, torturado, goleado, tanto por policías de Xalapa Veracruz, como por otros de la ministerial vestidos de civil, al grado que tuvo que refugiarse en la ciudad de México, donde fue asesinado junto con otras cuatro personas, damas.
Las autoridades de la Ciudad de México no ha investigado el origen del asesinato es decir la actividad periodística de Rubén Espinosa y las amenazas que en vida recibió y por lo contrario se encargaron de ensuciar la imagen de éste y las mujeres asesinadas en el multi homicidio de la colonia Narvarte aduciendo un supuesto robo, narcotráfico y prostitución, hipótesis sin ninguna prueba que las sustente.
Exigen, dijo Patricia Espinosa, una reparación integral que sancione a los servidores públicos que por omisión, incompetencia o corrupción se encargaron de frenar las investigaciones, de ensuciar la imagen e Rubén y las personas asesinadas y finalmente justicia. En síntesis una reparación integral que abata la impunidad.
Hasta ahora en ambos homicidios ya hay al menos uno o dos detenidos como actores materiales y la autoridad da por hecho que se hizo justicia, sin embargo no investigan quién o quiénes son los actores intelectuales de dichos asesinatos y el móvil que los llevó a ello, ya que hay impunidad y corrupción, dijo Leopoldo Maldonado

Pedro Canché, víctima de los berrinches del presidiario Roberto Borge
Pedro Canché Herrera, periodista de la Zona Maya señaló que pese a que se ha creado una instancia especializada en la Fiscalía General de la República para la protección a periodistas, no existe una certeza y garantía para ejercer con libertad el periodismo.
Todos los días en México se despierta con la idea de ¿Quién será el próximo periodista o activista de los derechos humanos asesinado?
Periodista maya que fue encarcelado en 2014 por defender el derecho al agua como constitucionalmente se establece en Carrillo Puerto y por capricho del gobernante Roberto Borge Angulo, hoy señala que México sigue sin ofrecer verdadera justicia a las víctimas de los periodistas asesinados, pues nunca se investiga a los autores intelectuales, a los verdaderos responsables de estas muertes.
Si para un periodista que logró librar la represión le es difícil conseguir justicia en México, mucho más para los 130 periodistas asesinados en los últimos 6 años que no van a poder nunca vencer la impunidad y corrupción que existe en el país.
Arturo Záldivar Presidente de la Suprema Corte de Justicia ha destituido por lo menos a tres magistrados de Campeche y Veracruz por asuntos de corrupción, pero no es suficiente ya que consideró que hay una “secta” entre los jueces para proteger a los victimarios de los periodistas asesinados y de los que son atacados o reprimidos en su libertad de expresión.
Esta secta entre los jueces permite que los ataques a los periodistas a la libertad de expresión continúe. No hay ningún funcionario público encerrado por estas acciones.
En su caso, agregó Pedro Canché, el ex gobernador Roberto Borge, quien lo encarceló, no hay ningún expediente, ninguna coma sobre los motivos reales que lo llevaron a atentar contra su libertad y el ejercicio periodístico que realizaba en 2014 y ante ello la Fiscalía Especializada también se colude con ellos, pues no “encontraron” elementos para probar que el ex mandatario lo haya mandado a encarcelar.

Viví amenazas, tortura psicológica y demás violencia cuando estuve en la cárcel, la intención era doblegarme, al final quedan secuelas, se genera psicosis, todo es miedo. Al salir de la cárcel dos mantas aparecieron que me iban a ejecutar y todo esto afecta, psicológicamente afecta, ya no duermes tranquilo, aseguró Pedro Canché.
Su estancia en la cárcel obedeció a una venganza ejercida por el hoy presidiario Roberto Borge Angulo
Se requiere una pronta respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se investigue y se haga justicia en todos los casos de agresiones a periodistas y más aún a los asesinados, ya que no es posible que le responda más rápido a la mamá del Chapo Guzmán que a la viuda de un periodista, Javier Váldez, que en la conferencia mañanera le entregó una carta pidiendo justicia.
El presidente de México no puede estar más a la orden de los poderosos; tiene que priorizar, si es más importante la vida de un narcotraficante que la vida de un periodista y más aún la impartición de la justicia en cada uno de los 130 asesinatos de los periodistas, aseguró Pedro Canché.
“Cuando un periodista es amenazado o se violenta su libertad de expresión, lo que menos se debe hacer esa bajar la guardia, ya que dejar esta profesión por esta causa es abonar a la impunidad” dijo.

Caso de Alejandra Rodríguez, acusada de anarquismo
Alejandra Rodríguez detenida el 1 de diciembre de 2013, indicó que aun cuando fue sometida de manera brutal, subida a una patrulla y ante la juez no se presentan los policías a testificar, sale libre por falta de elementos y aun cuando está agresión física deja secuelas emocionales, el Estado se fue contra ella con una campaña de desprestigio utilizando a otros medios de comunicación afines y a su servicio, que criminalizan las protestas sociales.
Miembro de la Red Rompe el Miedo, aseguró que cuando fue detenida estaba estudiando y al mismo tiempo escribía ya en un medio de comunicación, pero el argumento de la Fiscalía General de la Ciudad de México es que nunca se identificó como prensa, como periodista, argumento por más infantil en un país donde supuestamente se se respetan las libertades.
Dijo que a cinco años de su agresión el caso sigue estancado en la Fiscalía General ya que no hay castigo para los servidores públicos involucrados y mucho menos para los actores intelectuales de su detención.
Justicia, la verdad y la reparación del daño es lo que exige a las autoridades que hasta el momento no terminan las investigaciones de su caso.

Caso Aldo Sotelo
Agredido en protestas sociales, al documentar los hechos 14 de diciembre de 2013 vivió una detención arbitraria que le cambió la vida.
Video reportero para revista internacional, se disponía a cenar con su pareja, pero esa noche había un bloqueo de policías de la ciudad de México en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, por lo baja su cámara y empieza a documentar la manifestación que ahí ocurría.
Acompañado de su novia descienden de su vehículo y se adentran hacia el Zócalo donde los policías tenían cerrado el acceso a la plancha de Zócalo donde se manifestaban un grupo de al menos 15 personas.
Los policías obligaron a los manifestantes a desalojar el Zócalo y sobre la calle Madero eran obligados a salir.
Aldo, documentaba todo con su videocámara y cuando los policías se dan cuenta que eran grabados lo someten y empiezan a golpear, hasta que ciudadanos lo rescatan impidiendo su detención.
Al igual como sus antecesores que expusieron sus vivencias en Artículo 19, su caso sigue en la Fiscalía General de la Ciudad de México sin avance alguno.
La impunidad y la corrupción en la cadena de mando de la policía de la ciudad de México continua imponiéndose a la libre manifestación y peor aún al ejercicio de la libertad de expresión.
“Nosotros los periodistas somos los ojos y oídos de la sociedad que necesita ser escuchada y al mismo tiempo escuchar todas esas voces que están en las calles y es por eso que la labor periodística debe ser más cuidada en este contexto del país que hoy estamos viviendo”, aseguró.

El caso de Sin Embargo
Es quizá el menos complicado de todos los expuestos en este informe del “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas”, pero no por ello deja de ser un elemento más de prueba de las agresiones a periodistas y a medios de comunicación en este México violento.
Alejandro Páez, director de Sin Embargo indicó que Adrián Ruvalcaba, de la delegación Cuahimalpa, mandó a agredirlos, primero con un correo electrónico para que bajaran la fotografía de una publicación que lo vinculaba con la delincuencia y posteriormente, con uno de sus colaboradores que físicamente ingresó a las oficinas para agredir a las reporteras y demás personal de la redacción de este portal.
Pero el ataque siguió a través del Facebook utilizando a la actriz Belinda, en donde ella replicaba unas fotografías del director de Sin Embargo con información de violador de niños y las vincularon todas con la revista causando un enorme daño a la imagen del medio. Al cuestionar a esta actriz dijo simplemente que le jaquearon su cuenta y así se quedó el asunto.
En la denuncia hecha contra Adrián Ruvalcaba el juez autoriza que lo video-graben así como a sus colaboradores y Sin Embargo descubre que usaban la misma mecánica de ataques a otros medios de comunicación y periodistas como Carmen Aristegui y la Revista Proceso, que eran orquestados por su equipo de comunicación social y por el de seguridad de este funcionario emanado del PRI.
Hasta la fecha no hay avances en la Fiscalía Especializada, el expediente sigue “inmóvil” y los culpables como si nada, en este México de complicidades y corrupción, en un país sin una verdadera protección al ejercicio periodístico, aseguró Alejandro Páez.

ARTICLE 19 presenta su informe especial “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas”,
En este informe se realiza un análisis cualitativo de 6 casos representativos de la violencia contra periodistas en México, que va desde agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hostigamiento y amenazas, hasta la fabricación de delito y proceso penal, tortura, desaparición y homicidio u ejecución; los cuales además, comparten un patrón de impunidad.
México continúa enfrentando un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y niveles críticos de violencia en donde se encuentra desdibujada la frontera entre autoridades y grupos criminales y de índices de impunidad casi absolutos. En los últimos 13 años, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ARTICLE 19 ha observado como una constante los homicidios o ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de tortura, detenciones arbitrarias, fabricación de culpables, represión en protestas, etcétera.
En este escenario, la libertad de expresión y el periodismo en México se han convertido en un frente de resistencia, atacado entre diversos fuegos, ya sea políticos, económicos, criminales o gubernamentales, por lo que las y los periodistas cada día ejercen su labor sin garantías y con un alto riesgo.
Desde el año 2000 hasta la fecha de la publicación de este informe especial, 123 periodistas han sido asesinados en el país: 48 en el sexenio de Felipe Calderón y 47 en el de Enrique Peña Nieto.

A casi 90 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, se ha incrementado en forma alarmante: 3 periodistas han sido asesinados en relación con su labor. Asimismo, desde el año 2003 hasta la fecha, 24 periodistas continúan desaparecidos.
El Estado mexicano ha incumplido sus obligaciones, no sólo de prevención y protección para la labor periodística, sino también en procuración e impartición de justicia. Las investigaciones carecen de eficiencia, exhaustividad e imparcialidad; pero además las Fiscalías o Procuradurías se encargan en un primer momento de desacreditar u omitir la labor periodística de la víctima, criminalizarla o estigmatizarla, y en ocasiones, filtrar información contenida en los expedientes de manera tendenciosa y revictimizante.
Es en las investigaciones ministeriales donde se encuentran los primeros grandes obstáculos para llegar a la justicia y verdad, donde se omiten diligencias importantes y no se tiene como prioridad la línea de investigación relacionada con la actividad periodística de las víctimas, descartándola a priori y generando una narrativa estigmatizante que afirma motivos personales (amorosos, problemas con vecinos, drogas, etc.) en los delitos cometidos, asumiendo con ello “verdades históricas”.
Es desde ese momento en que se va alejando el acceso a la justicia y la verdad para las víctimas, y al partir de estos vicios de origen, en las instancias de impartición de justicia no se arriban a sanciones para personas responsables, mucho menos para quienes fungieran como autores mediatos o intelectuales en los delitos.
Tan sólo en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contras la Libertad de Expresión (FEADLE), de acuerdo con sus propios informes, de 2010 a diciembre de 2018 se iniciaron 1,140 investigaciones, de las cuales ha consignado un total de 163, respecto al anterior sistema penal inquisitivo. En cuanto al sistema acusatorio, que entró en vigor en 2016, ha judicializado un total de 23 carpetas de investigación.

Es decir, un total de 186 acusaciones han sido conocidas por jueces penales, lo cual representa que sólo el 16.3% de las denuncias recibidas por la FEADLE han sido consignadas o judicializadas. Sumado a ello, del total de investigaciones iniciadas, se han obtenido 10 sentencias condenatorias, lo que representa que en sólo 0.87% de las investigaciones se arribó a una sentencia contra algún responsable de los delitos. Esto se traduce en un 99.13% de impunidad en delitos contra la libertad de expresión, sólo a nivel federal.
Respecto a los homicidios contra periodistas, la FEADLE reporta un registro total de 89 casos de 2010 a 2018, de los cuales en 44 no encontró relación con la labor periodística de la víctima, y en 45 sí la encontró. De estos 45 casos, 31 continúan en trámite y sólo se han consignado o judicializado 4 (8.8%). Sin embargo, a reserva de saber las razones puntuales por las que en 44 casos no encontró relación con el ejercicio periodístico,y si están plenamente justificadas y acreditadas, del total de 89 homicidios registrados en ese periodo, habría una efectividad de 4.4% en la consignación de investigaciones por este delito.

Otro de los aspectos preocupantes es el ejercicio sumamente arbitrario y poco claro de la facultad de atracción. Al respecto, la FEADLE sólo ha ejercido esta facultad en 57 casos de mayo 2013 a diciembre 2018, lo cual comparado con el total de las 735 investigaciones que inició durante ese periodo, representa un 7.7%.
En el informe especial damos cuenta de esta situación a través del análisis cualitativo de 6 casos de periodistas que han sido víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos, los cuales han sido acompañados y representados por ARTICLE 19 en los últimos cinco años:

1. Moisés Sánchez, periodista sustraído de su domicilio el 2 de enero de 2015 y posteriormente asesinado, en Medellín, Veracruz, quien conjugaba su labor informativa con un activismo social en favor de su comunidad.
2. Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado el 31 de julio de 2015 en la Ciudad de México, quien semanas antes se desplazó del estado de Veracruz por actos de hostigamiento y amenazas en su contra.
3. Pedro Canché, periodista detenido el 30 de agosto de 2014 y encarcelado arbitrariamente durante 9 meses en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, fabricándole el delito de sabotaje, sólo por cubrir una protesta social.
4. Alejandra Rodríguez, periodista víctima de agresiones físicas y sexuales, detenida arbitrariamente por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, el 1° de diciembre de 2013 durante una protesta social en la Ciudad de México.
5. Aldo Sotelo, periodista víctima de agresiones físicas el 14 de diciembre de 2013 en la Ciudad de México, por parte de elementos policiales capitalinos, quienes además lo obligaron a entregar su material fotográfico donde había de documentado sus actos arbitrarios e ilegales.
6. Sinembargo.mx, portal web de noticias, que en 2014 fue atacado y sacado de línea, además de amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio en contra de sus colaboradores.
Además, en el informe especial enumeramos una serie de recomendaciones a diversas autoridades como la FEADLE, fiscalías y procuradurías estatales, así como a comisiones de derechos humanos.
Por otro lado se emiten recomendaciones a los distintos poderes y niveles de gobierno (Poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto federal como estatales), para que cada uno en el ámbito de las funciones que desempeñan, lleven a cabo acciones que contribuyan a revertir la situación de impunidad que impera en México.
Para ARTICLE 19 resulta apremiante, entre otras cuestiones, que las autoridades se abstengan de estigmatizar y descalificar a las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos así como no omitir su labor periodística.

En este sentido, la línea de investigación relacionada con el periodismo debe ser prioritaria; se debe realizar análisis de contexto sobre la actividad periodística de las víctimas, que conduzca a indicios o datos de prueba para esclarecer los hechos; investigar y juzgar con perspectiva de género e interculturalidad; tratar con respeto y dignidad a las personas víctimas; realizar planes de investigación que brinden una debida conducción y orden en los expedientes.
En este sentido, ARTICLE 19 conmina a las autoridades ministeriales, a nivel federal y estatal, a observar y cumplir con lo establecido en el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
De igual forma, todas las autoridades deben atender los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión, aplicando o interpretando todo acto o norma que resulte más favorable a las personas.

ARTICLE 19 considera de suma importancia que en la construcción actual dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), se establezcan todos aquellos cambios estructurales que resultan totalmente necesarios, comenzando por garantizar su plena autonomía; capacitar al personal en materia de derechos humanos, en técnicas de investigación, relación y trato con personas víctimas, así como aplicar una perspectiva psicosocial, entre otras diversas. Esta organización observa una oportunidad importante en las próximas semanas para emprender este tipo de cambios con el establecimiento de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos que formará parte de la FGR.
Resulta apremiante que todas las autoridades cumplan sus obligaciones en materia de libertad de expresión, prevención y protección para el ejercicio periodístico, y abatir la ominosa impunidad que impera en este tipo de delitos, debiendo demostrar total capacidad y voluntad para revertir esta situación de violencia contra la prensa, y que finalmente las y los periodistas desempeñen su labor con plena libertad y seguridad, lo cual hablará de un verdadero sistema democrático en México

No hay justicia para la prensa, autoridades practican un “protocolo de impunidad” en los casos de agresiones contra periodistas: ARTICLE 19

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ARTICLE 19 presenta su informe especial “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas”, en el cual se realiza un análisis cualitativo de 6 casos representativos de la violencia contra periodistas en México, que va desde agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hostigamiento y amenazas, hasta la fabricación de delito y proceso penal, tortura, desaparición y homicidio u ejecución; los cuales además, comparten un patrón de impunidad.

México continúa enfrentando un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y niveles críticos de violencia en donde se encuentra desdibujada la frontera entre autoridades y grupos criminales y de índices de impunidad casi absolutos. En los últimos 13 años, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ARTICLE 19 ha observado como una constante los homicidios o ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de tortura, detenciones arbitrarias, fabricación de culpables, represión en protestas, etcétera.

En este escenario, la libertad de expresión y el periodismo en México se han convertido en un frente de resistencia, atacado entre diversos fuegos, ya sea políticos, económicos, criminales o gubernamentales, por lo que las y los periodistas cada día ejercen su labor sin garantías y con un alto riesgo.

Desde el año 2000 hasta la fecha de la publicación de este informe especial, 123 periodistas han sido asesinados en el país: 48 en el sexenio de Felipe Calderón y 47 en el de Enrique Peña Nieto. A casi 90 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, se ha incrementado en forma alarmante: 3 periodistas han sido asesinados en realación con su labor. Asimismo, desde el año 2003 hasta la fecha, 24 periodistas continúan desaparecidos.

El Estado mexicano ha incumplido sus obligaciones, no sólo de prevención y protección para la labor periodística, sino también en procuración e impartición de justicia. Las investigaciones carecen de eficiencia, exhaustividad e imparcialidad; pero además las Fiscalías o Procuradurías se encargan en un primer momento de desacreditar u omitir la labor periodística de la víctima, criminalizarla o estigmatizarla, y en ocasiones, filtrar información contenida en los expedientes de manera tendenciosa y revictimizante.

Es en las investigaciones ministeriales donde se encuentran los primeros grandes obstáculos para llegar a la justicia y verdad, donde se omiten diligencias importantes y no se tiene como prioridad la línea de investigación relacionada con la actividad periodística de las víctimas, descartándola a priori y generando una narrativa estigmatizante que afirma motivos personales (amorosos, problemas con vecinos, drogas, etc.) en los delitos cometidos, asumiendo con ello “verdades históricas”.

Es desde ese momento en que se va alejando el acceso a la justicia y la verdad para las víctimas, y al partir de estos vicios de origen, en las instancias de impartición de justicia no se arriban a sanciones para personas responsables, mucho menos para quienes fungieran como autores mediatos o intelectuales en los delitos.

Tan sólo en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contras la Libertad de Expresión (FEADLE), de acuerdo con sus propios informes, de 2010 a diciembre de 2018 se iniciaron 1,140 investigaciones, de las cuales ha consignado un total de 163, respecto al anterior sistema penal inquisitivo. En cuanto al sistema acusatorio, que entró en vigor en 2016, ha judicializado un total de 23 carpetas de investigación.

Es decir, un total de 186 acusaciones han sido conocidas por jueces penales, lo cual representa que sólo el 16.3% de las denuncias recibidas por la FEADLE han sido consignadas o judicializadas. Sumado a ello, del total de investigaciones iniciadas, se han obtenido 10 sentencias condenatorias, lo que representa que en sólo 0.87% de las investigaciones se arribó a una sentencia contra algún responsable de los delitos. Esto se traduce en un 99.13% de impunidad en delitos contra la libertad de expresión, sólo a nivel federal.

Respecto a los homicidios contra periodistas, la FEADLE reporta un registro total de 89 casos de 2010 a 2018, de los cuales en 44 no encontró relación con la labor periodística de la víctima, y en 45 sí la encontró. De estos 45 casos, 31 continúan en trámite y sólo se han consignado o judicializado 4 (8.8%). Sin embargo, a reserva de saber las razones puntuales por las que en 44 casos no encontró relación con el ejercicio periodístico,y si están plenamente justificadas y acreditadas, del total de 89 homicidios registrados en ese periodo, habría una efectividad de 4.4% en la consignación de investigaciones por este delito.

Otro de los aspectos preocupantes es el ejercicio sumamente arbitrario y poco claro de la facultad de atracción. Al respecto, la FEADLE sólo ha ejercido esta facultad en 57 casos de mayo 2013 a diciembre 2018, lo cual comparado con el total de las 735 investigaciones que inició durante ese periodo, representa un 7.7%.

En el informe especial damos cuenta de esta situación a través del análisis cualitativo de 6 casos de periodistas que han sido víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos, los cuales han sido acompañados y representados por ARTICLE 19 en los últimos cinco años:

1. Moisés Sánchez, periodista sustraído de su domicilio el 2 de enero de 2015 y posteriormente asesinado, en Medellín, Veracruz, quien conjugaba su labor informativa con un activismo social en favor de su comunidad.

2. Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado el 31 de julio de 2015 en la Ciudad de México, quien semanas antes se desplazó del estado de Veracruz por actos de hostigamiento y amenazas en su contra.

3. Pedro Canché, periodista detenido el 30 de agosto de 2014 y encarcelado arbitrariamente durante 9 meses en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, fabricándole el delito de sabotaje, sólo por cubrir una protesta social.

4. Alejandra Rodríguez, periodista víctima de agresiones físicas y sexuales, detenida arbitrariamente por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, el 1° de diciembre de 2013 durante una protesta social en la Ciudad de México.

5. Aldo Sotelo, periodista víctima de agresiones físicas el 14 de diciembre de 2013 en la Ciudad de México, por parte de elementos policiales capitalinos, quienes además lo obligaron a entregar su material fotográfico donde había documentado sus actos arbitrarios e ilegales.

6. Sinembargo.mx, portal web de noticias, que en 2014 fue atacado y sacado de línea, además de amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio en contra de sus colaboradores.

Además, en el informe especial enumeramos una serie de recomendaciones a diversas autoridades como la FEADLE, fiscalías y procuradurías estatales, así como a comisiones de derechos humanos. Por otro lado se emiten recomendaciones a los distintos poderes y niveles de gobierno (Poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto federal como estatales), para que cada uno en el ámbito de las funciones que desempeñan, lleven a cabo acciones que contribuyan a revertir la situación de impunidad que impera en México.

Para ARTICLE 19 resulta apremiante, entre otras cuestiones, que las autoridades se abstengan de estigmatizar y descalificar a las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos así como no omitir su labor periodística. En este sentido, la línea de investigación relacionada con el periodismo debe ser prioritaria; se debe realizar análisis de contexto sobre la actividad periodística de las víctimas, que conduzca a indicios o datos de prueba para esclarecer los hechos; investigar y juzgar con perspectiva de género e interculturalidad; tratar con respeto y dignidad a las personas víctimas; realizar planes de investigación que brinden una debida conducción y orden en los expedientes.

En este sentido, ARTICLE 19 conmina a las autoridades ministeriales, a nivel federal y estatal, a observar y cumplir con lo establecido en el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión. De igual forma, todas las autoridades deben atender los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión, aplicando o interpretando todo acto o norma que resulte más favorable a las personas.

ARTICLE 19 considera de suma importancia que en la construcción actual dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), se establezcan todos aquellos cambios estructurales que resultan totalmente necesarios, comenzando por garantizar su plena autonomía; capacitar al personal en materia de derechos humanos, en técnicas de investigación, relación y trato con personas víctimas, así como aplicar una perspectiva psicosocial, entre otras diversas. Esta organización observa una oportunidad importante en las próximas semanas para emprender este tipo de cambios con el establecimiento de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos que formará parte de la FGR.

Resulta apremiante que todas las autoridades cumplan sus obligaciones en materia de libertad de expresión, prevención y protección para el ejercicio periodístico, y abatir la ominosa impunidad que impera en este tipo de delitos, debiendo demostrar total capacidad y voluntad para revertir esta situación de violencia contra la prensa, y que finalmente las y los periodistas desempeñen su labor con plena libertad y seguridad, lo cual hablará de un verdadero sistema democrático en México.

El informe especial “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas” estará disponible para su consulta y descarga a partir del día de hoy en el enlace articulo19.org/informeimpunidad

Nota para prensa

Para mayor información y agendar una entrevista con alguno/a de los/as integrantes de la organización o las personas mencionadas en este informe, favor de contactar a Juan Vázquez, Oficial de Comunicación, al teléfono celular 55 4588 1166, al teléfono de oficina (55) 1054 6500 ext. 110, o al correo jvazquez@article19.org

“México contará con una Guardia Civil”

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La senadora Mayuli Martínez Simón, señaló que el Grupo Parlamentario del PAN votó a favor de los cambios al dictamen de la Guardia Nacional, en virtud de que fueron incorporadas las propuestas de mando civil, lo que significa un avance certero en materia de seguridad para el país.

“Con la participación de especialistas, autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes de los partidos políticos en el Senado, se logró establecer un mando civil para la Guardia Nacional, la cual, contará con un contrapeso parlamentario, una política de respeto a los derechos humanos y una visión de trabajo con una temporalidad de la Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública para los próximos cinco años” explicó la senadora Mayuli Martínez.

Entre las aportaciones del Grupo Parlamentario del PAN que fueron contempladas en el dictamen de la Guardia Nacional se destacan las siguientes: Mando civil, actuación apegada a los compromisos en derechos humanos que ha contraído la República, así como no se extenderá más allá del año 2023 la presencia militar.

En el mismo sentido se contempló: Respetará la soberanía de estados y municipios, dado que la presencia de la Guardia será a petición de gobernadores. Se establecerá un control desde el Senado en sus acciones y se sujetará a sus miembros a la competencia jurisdiccional civil.

“Con este dictamen podemos afirmar, que las familias en México vivirán en un ambiente de respeto y protección. Es así como daremos paso a un ambiente de paz en el país, hoy con satisfacción les puedo decir, sí se pudo, con el apoyo de todas y todos construimos una Guardia Nacional Civil” puntualizo la legisladora por Quintana Roo.

«El turismo será el nuevo motor económico del México del siglo XXI»

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La senadora Mayuli Martínez presentó ante el Pleno del Senado de la República, la iniciativa de reforma constitucional en materia de turismo, y de la cobertura inmediata y acceso a la banda ancha e internet, a fin de declararlas áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

“La iniciativa que he presentado tiene como principal objetivo el fortalecimiento de la actividad turística y anteponer el uso de las tecnologías de la información y comunicación, como elementos igualadores de oportunidades para el desarrollo de la sociedad en nuestro país” señaló la senadora Mayuli Martínez Simón.

La senadora Mayuli Martínez Simón, explico en su intervención en la máxima tribuna del país, que el Turismo en México se ha convertido en uno de los sectores más grandes e importantes que tiene nuestra economía y es el único que tiene posibilidades de crecimiento inmediato.

Detalló que desde el 2015, ha crecido a un ritmo mayor al de la economía nacional y desde hace más de 25 años representa más de 8% del Producto Interno Bruto nacional; el 77% de las exportaciones de servicios del país; y genera más de 10 millones de empleos directos e indirectos, lo que hace de este sector una verdadera palanca de desarrollo, generadora de bienestar para todo el país.

Durante todo el 2018, el turismo se ubicó como tercer sector generador de divisas a nivel nacional, por debajo de la industria automotriz y las remesas, y por encima de la industria petrolera.

“Por ser una actividad transversal, generadora de empleos, oportunidades de negocio, generador de divisas y con la capacidad de impulsar la renovación integral de comunidades enteras, es que proponemos que el Turismo sea declarado constitucionalmente como área prioritaria para el desarrollo nacional, lo que entre otras cosas implica impulsar permanentemente al sector, donde el Presidente de la República y la Cámara de Diputados deberán mantener una asignación de recursos en infraestructura e inversión turística de forma progresiva, con asignaciones a la alza año con año” apunto la senadora Martínez Simón.

Finalmente, la legisladora por Quintana Roo señaló que, en su momento, coincidió con el actual titular del Poder Ejecutivo Federal, de hacer gratuito el acceso a internet como el medio idóneo para acercar el desarrollo a los mexicanos a través de las tecnologías, pero que es necesario declararlo área prioritaria del Estado para que la cobertura en todas las ciudades y comunidades se dé de manera inmediata.

“El Internet es desarrollo social, es igualar las oportunidades de los más necesitados, con la iniciativa que este día presento se busca facilitar el acceso a internet con cobertura inmediata para que todos los mexicanos vivamos en condiciones de desarrollo”.

Ganacias de Miguel Quintana y Constance Madrazo en bancos de Malta

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La Revista semanal Proceso puso el dedo en la yaga al poner al descubierto que en el paraíso fiscal de Malta están los dineros de diversos empresarios mexicanos, entre los que sobre salen el empresario quintanarroense Miguel Quintana Pali, presidente de Grupo Experiencias Xcaret, y sus socios en ese emporio de parques turísticos en la Rivera Maya, Carlos, Óscar y Marcos Constandse Madrazo.

El gobierno mexicano a través de una investigación fiscal logró detectar que hay 62 empresarios mexicanos y los quintanarroensesa aparecen como accionistas de la empresa Deansfield Company Limited, incorporada en diciembre de 2000.

Deansfield Company Limited forma parte del portfolio de empresas de Grupo Barceló, un gigante del sector hotelero de origen español. En sus informes anuales, la sociedad aparece como “durmiente”.

Tanto Quintana Pali como los Constandse Madrazo no sólo encabezan un emporio comercial en la Rivera Maya: también gozan de vínculos con los niveles más altos de la política nacional.

El primero, por ejemplo, es cuñado de José Ángel Gurría, secretario de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores en el gobierno de Ernesto Zedillo, y desde 2006 secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), uno de los órganos internacionales que pretende regular y poner orden en el uso de las jurisdicciones offshore.

Carlos, Óscar y Marcos Constandse, por su parte, son primos del frustrado candidato presidencial y expresidente del PRI, Roberto Madrazo Pintado, quien también fue gobernador de Tabasco.

La isla de Malta, ubicada en el Mediterráneo, presenta ventajas innegables para las personas más adineradas del planeta: el pequeño país, de 430 mil habitantes, forma parte de la Unión Europea –la presidió en el último año–, el mercado más importante del mundo, y ofrece tasas de recaudación mínimas para los extranjeros y las compañías que perciben sus ingresos fuera de la isla, cita la Revista Proceso.

Esto no es todo: en Malta, los secretos de los poderosos están bien guardados. Como otras jurisdicciones secretas, su registro del comercio no está accesible al público. Es, además, una de las pocas jurisdicciones offshore con las que México no ha firmado un Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria.

Por lo menos 62 ciudadanos mexicanos –magnates, empresarios, personajes vinculados con políticos e incluso futbolistas de renombre que juegan en Europa– eligieron el paraíso fiscal para operar sociedades, de acuerdo con registros de Malta obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y 97 medios aliados, entre ellos Proceso.

Entre ellos destaca el expresidente de tiendas Coppel, Enrique Coppel Luken, quien compró todas las acciones de Yachting Solution Malta Limited, incorporada en Malta, el 6 de junio de 2012. El domicilio de la sociedad coincide con una sede del despacho Ganado Advocates, que provee “una amplia gama de servicios navieros y corporativos”, entre ellos el registro de barcos con bandera de Malta, de acuerdo con su sitio de internet.

Las autoridades maltesas diseñaron una legislación tributaria particularmente favorable a los dueños de yates: además de ofrecer bajos costos para el registro de naves, exenta de impuestos a sus dueños, no restringe la nacionalidad de la tripulación y no interfiere en la venta o renta de los barcos, entre muchas otras ventajas.

El 30 de septiembre de 2014, Coppel incorporó una segunda entidad en el paraíso fiscal, llamada Magtor Limited. Para ello, obtuvo el apoyo del financiero alemán Martin Marschner, residente en el paraíso fiscal de Mónaco.

Surgido en Culiacán, Sinaloa, Coppel es ahora uno de los principales grupos empresariales del país, con actividades no sólo de tienda departamental, sino crediticias y de administración de fondos de pensiones, y tiene presencia en Argentina y Brasil.

En 2014, el Índice de Multimillonarios Bloomberg ubicó a Enrique Coppel como uno de los 10 hombres más ricos de México, con una fortuna evaluada a cuatro mil 300 millones de dólares.

En el ámbito político diplomático está el caso del hijo de Juan José Bremer, exembajador de México en Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, Alemania y Cuba. El nombre de Juan Cristóbal Bremer Villaseñor aparece en Malta como uno de los –numerosos– accionistas de la compañía Rasa Land Investors plc., la cual invirtió en varias compañías mexicanas involucradas en la construcción de hoteles y desarrollos inmobiliarios de lujo, como el proyecto “Nuevo Cancún”, en el municipio de Tomatlán, Jalisco.

De acuerdo con los registros, estas empresas, como Paraland, Chala Mar y Chalalegre, participan en el fideicomiso F/380, que fue integrado para financiar la construcción del “Nuevo Cancún”. Pero en ese instrumento financiero, controlado por el banco Monex, no sólo hay dinero privado: el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) invirtió 89 millones de dólares de los burócratas jaliscienses en el fideicomiso, del que tiene una participación de 48.5%.

Bremer Villaseñor es director general adjunto y miembro del Comité Ejecutivo de RLH Properties, firma dedicada al segmento hotelero alto, de la que el empresario Diego Laresgoiti Matute es vicepresidente de finanzas. De hecho, el 29 de enero de 2016, Bremer Villaseñor entregó 277 mil 218 acciones de Para Land Investors a Laresgoiti.

Isaac Hamui Sitton, cofundador y director general del Grupo Proyecciones de la Moda, que tiene la tienda de ropa de moda femenina Julio, también aparece en los registros de Malta como accionista de la compañía Rasa Land Investors, junto con Flavia Patricia Murillo Félix.

Entre los mexicanos que operan en Malta resaltan personajes conocidos en el mundo offshore y que Proceso identificó en la investigación global Panama Papers, también coordinada por el ICIJ.

El abogado Luis Doporto Alejandre y el magnate del acero Guillermo Francisco Voguel Hinojosa registraron la sociedad Tempest Point Holding en noviembre de 2012 en Malta, junto con una cuenta bancaria en el Bank of Valletta. La sociedad y la cuenta formaron parte de esquema offshore diseñado por Doporto para adquirir compañías en Europa.

Experto en la creación de complejos esquemas financieros, Doporto es esposo de Melissa Flores Alcántara, hija de Aurora Alcántara Rojas, cuya familia, de origen empresarial, está identificada con el llamado Grupo Atlacomulco, del Estado de México. Aurora Alcántara Rojas es además esposa del exgobernador José Murat Casab, padre del actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.

El Grupo R, del contratista de Pemex José Ramiro Garza Cantú, es otro de los clientes del mundo offshore identificado en los Panama Papers. En el marco de esa investigación internacional, Proceso reveló los esquemas de suma complejidad que utilizó el empresario de origen tamaulipeco, dueño del periódico La Razón, para rentar plataformas petroleras a Pemex.

En Malta, dos de sus ejecutivos –Enrique Tovar Millán, director en Grupo R Explotación Marina SA de CV, y Mohamed Sánchez Raschid, director de Desarrollo de Negocios de Grupo R y en Offshore Drilling Holding SA–, fueron registrados en Malta como directores sucesivos de la firma ODH Corporate Services Limited, fundada el 16 de septiembre de 2013.

El despacho que administró la sociedad, IM Global Administrative Services y Carolina Luque Francés –la abogada encargada de firmar los documentos a nombre de la compañía–, fueron los mismos que operaron los esquemas offshore de Grupo R revelados en Panama Papers.

Ricardo Benjamín Salinas Pliego, el dueño de Grupo Salinas, también aparece en los Paradise Papers, año y medio después de que los Panama Papers exhibieran sus estructuras offshore.

En Malta, el dueño de TV Azteca operó a través de Grupo Elektra Global, SL –una sociedad española– para invertir en una fallida empresa de jets privados. El nombre del cuarto hombre más rico del país apareció también en el registro de Luxemburgo, otro paraíso fiscal donde incorporó la sociedad Codisco Investments Sàrl en septiembre de 2003.

En los Papeles de Panamá, Salinas Pliego apareció vinculado con dos empresas offshore. Una para comprar obras de arte en Islas Vírgenes Británicas y otra para la compra de un barco con bandera de Islas Caimán. La revelación fue considerada en su momento por Salinas Pliego como amarillismo y verdades a medias.

Paco Carrera es español, pero lleva a cabo su actividad empresarial en México, donde se desempeña como director de ventas y marketing global en la cadena española Oasis, establecida en la Riviera Maya, en Quintana Roo. En Malta, el hombre fungió como director de Clayton Properties Limited y de Frodo Holdings Limited.

Elías Sacal Cababie, director de la inmobiliaria Bay View Grand, dedicada al desarrollo de conjuntos residenciales de lujo en las principales playas de México, y su hijo Marcos Sacal Cohen, son propietarios de tres departamentos en la Torre Trump, en Nueva York, los cuales fueron evaluados en 10.25 millones de dólares.

Elías Sacal está domiciliado en Mónaco, con sociedades registradas en Londres e Irlanda. Ambos están en los registros de Malta como directores de la compañía Kelquan Holdings Limited.

Juan Antonio Cortina Gallardo, presidente de Grupo Azucarero, aparece con las compañías Win Holding Limited y Win Advanced Systems Limited, las cuales son del conocimiento público, de acuerdo con el servicio especializado de información financiera Bloomberg.

Egresado del ITAM y postgraduado en Administración de Negocios por la Universidad de Harvard, Cortina Gallardo trabajó en Scotiabank Inverlat para la región de Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y México) y en el año 2000 se incorporó a la Inmobiliaria Geusa, que es controlada por el Grupo Embotelladoras Unidas.

Luis Fernando Talavera Abdala, consejero propietario de Distribuidora de Alimentos SI (Dasi) –que opera, entre otros, la exitosa cadena de comida japonesa Sushi Itto–, está domiciliado en Malta y aparece como director y accionista de varias sociedades de la isla, entre ellas Maisonblu Limited, LFA RE Ltd o Lolablu Ltd. Exejecutivo de Microsoft en Estados Unidos, es un ingeniero en computación que tiene ocho patentes registradas en Estados Unidos.

Roberto José Muller Iduñate y Manuel Munib Bitar Canavati, dos empresarios coahuilenses, incorporaron una sociedad de apuestas en línea en Malta, llamada Gambling World Online Malta Limited, en septiembre de 2014. De acuerdo con sus perfiles sociales de LinkedIn, Muller Iduñate y Jorge Salomon Bitar Iduñate –familiar de Manuel Munib Bitar Canavati– operan la empresa Playdoit Online Casino, con sede en La Florida, Coahuila.

Fernando Martín Laborda García y de la Rosilla, también dedicado al negocio de las apuestas, aparece en los registros como accionista de la empresa Vaisey Investment Limited.

Laborda aparece como accionista y apoderado de la empresa Femalamex, la cual después de un litigio obtuvo en 2012 permiso de la Secretaría de Gobernación para operar la empresa Recreativos Marina SA de CV, dedicada a la operación de salas de sorteos de números. Recreativos Marinos es una empresa de origen español (Codere).

Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas SA de CV, razón de una mina de oro y plata en San Luis Potosí, aparece en los registros de Malta con la sociedad PE Investments Limited. Negociación Minera es propiedad del empresario minero José Cerrillo Chowell, quien fue presidente de la Cámara Minera de México durante el gobierno de Vicente Fox, y ha tenido resistencia de comunidades en sus desarrollos mineros.

Otra empresa minera con registro en Malta es Consorcio Minero de México, Cormin Mex SA de CV, cuyo representante y director general, Edmundo Abdón Vidal Cornelio, aparece mencionado. Dedicada al procesamiento, venta y distribución de minerales metálicos, Cormin Mex es subsidaria del grupo holandés Trafigura Beheer BV, que tiene su sede en Amsterdam.

Rubén Kupferman Silberstein, socio de la firma F&K Capital Advisers SC y vicepresidente del Patronato del Centro Médico ABC, aparece en los registros del país mediterráneo con la compañía FK Capital Mangement Sicav Plc. En ella también está registrado Jorge Flinker Braverman, como presidente de la misma. Flinker además está registrado en Malta con la empresa Capital Asset Management Ltd.

José Ignacio Armendáriz Morales, presidente y socio en México de Compass Group registró en Malta la sociedad Compass Desarrollo y Renta Residencial México F1-2 Ltd., cuyas acciones compartió con empresarios chilenos, entre ellos Jaime Eduardo de la Barra Jara, presidente de Compass Group Chile. Compass Group es una operadora de fondos de inversión en América Latina, originada en Nueva York.

En los últimos meses, el paraíso fiscal de Malta atrajo la atención de la prensa internacional. En mayo pasado, un consorcio internacional de periodistas publicó los “Malta Files”, los cuales revelaban que grandes empresarios europeos utilizaban sociedades offshore incorporadas en la isla para evitar el pago de impuestos en sus países y comprar yates.

El pasado 16 de octubre, el asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, en la explosión de una bomba instalada en su automóvil, despertó la indignación en el pequeño país. Siguiendo la pista abierta por los Panama Papers, la periodista revelaba historias de corrupción vinculadas con sociedades offshore en la isla.

El atentado, perpetrado a plena luz del día y a poca distancia del domicilio de la periodista, fue interpretado como un mensaje: en Malta, los intereses secretos deben estar bien guardados.

China viene por Tren Maya

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Son al menos diez proyectos prioritarios donde China quiere invertir y participaren proyectos propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la llamada Cuarta Transformación de México y el principal es el Tren Maya, que recorrerá toda la Península de Yucatán y terminará en Chiapas, pasando por Tabasco, tierra natal del mandatario.
Con motivo del décimo aniversario de la relación comercial entre China y México, la Cámara de Comercio Chino, dio a conocer los proyectos de China en México y en orden de importancia figuran: El Tren Maya; El tren Itsmo de Tehuantepec; El aeropuerto de Santa Lucía; una nueva refinería; la Construcción de caminos rurales; Conectividad a internet; Facilitar la producción de fertilizantes; Plantas de hidroelectricidad; Programa de ayuda social para jóvenes; Construir un parque solar de energía fotovoltaica y La Tecnología para mejorar el medio ambiente.
China está interesada en profundizar su relación con México. El dragón asiático quiere participar en el país con los proyectos propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como es el caso del Tren Maya y la nueva refinería.

“Es el interés de China que México entre o tenga una parte de la iniciativa ‘Belt and Roads’ plataforma abierta que busca la cooperación, inclusividad y beneficio mutuo para reforzar la interconectividad con Eurasia, Latinoamérica y Europa”, dijo en conferencia de prensa la presidenta ejecutiva de la Cámara, Amapola Grijalva Vega.
La Cámara de Comercio Chino informó en conferencia de prensa este martes, los proyectos de la agenda en la relación comercial México- China, a propósito del décimo aniversario de relaciones comerciales que celebran ambas naciones.

Para lograr el acercamiento comercial entre naciones, China propone mejorar la competitividad en México a través de la integración y mejora del traslado de los productos y el modelo de colaboración que buscan tener con México, se centra en dos puntos:

Aprovechar lo que genera, crear contactos, organizar reuniones y encuentros que incentiven la confianza de ambas naciones para crezcan las inversiones en ambas partes.
Invertir en la industria de motores, gasolina, metales básicos, maquinaria metalúrgica, maquinaria eléctrica.
Amapola, recalcó que China quiere traer a México no solo capital sino infraestructura, tecnología y conocimiento benéfico para los planes de desarrollo del país, sin embargo actualmente están luchando contra las barreras culturales que frenan el acercamiento entre naciones.

Respecto a la Guerra Comercial entre China y EU
Amapola Grijalva dijo que, “la globalización implica que todas las economías están interrelacionadas de forma que si se bloquea el comercio de una, se afecta el de la otra y después de imponer tarifas y barreras como EU, se tuvo que regresar a China a tratar de analizar cómo minimizar el efecto que eso está teniendo en su propia economía.”
A pesar de los castigos comerciales que EU le ha impuesto a China, este sigue siendo un gran mercado para cualquier economía, porque tiene más de 20 sectores afectados que con un análisis correcto, podrían convertirse en áreas de oportunidad para zonas específicas en México.

Finalmente, Grijalva Vega, aseguró que la meta de la Cámara de Comercio de China en México es generar la confianza para que las empresas mexicanas se acerquen a pedir información sobre cómo iniciar negocio con el país asiático.
Fuente: ALTONIVEL

Desconocen historia de México el la Secretaria de Cultura

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Hugo Fernando Huesca, director general de Administración de la Secretaría de Cultura, exhibió su falta de conocimientos de la Historia de México al confundir la Batalla de Puebla con la Conmemoración de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Resulta que el pasado viernes mandó una circular para informar al personal que habría día feriado por la conmemoración el 5 de febrero de… ¡La Batalla de Puebla, señalaba dicho documento.
De inmediato las burlas y los memes se hicieron notar en las redes sociales con preguntas cómo está: Y ahora a la Constitución se le celebrará el 5 de mayo o cómo va a estar la cosa? Otro mensaje de una usuaria indica «Por instrucciones presidenciales la Batalla de Puebla ya no fue en mayo ahora fue el 5 de febrero. Con tantos despidos en la Secretaría de Cultura terminaron corriendo también a la cultura general», escribió.

La serie de errores la consumó Antonio Martínez, director de Comunicación Social de la Secretaría Cultura y vocero de su titular, Alejandra Frausto, en un chat que utiliza para informar cuestiones oficiales de la dependencia, en el que participan periodistas culturales de medios nacionales, informó: «Por cierto. El oficio de la equivocación está alterado. El oficio original no tiene equivocación alguna». Y envió el documento sin error.

Sin embargo esta estrategia de querer limpiar el garrafal error de quien le paga su sueldo en la Secretaría de Cultura, provocó nuevamente que este asunto ocupará las redes sociales y provocará burlas y demás memes en lugar de asumir el error y enviar el documento correcto, una disculpa a tiempo hubiera sido mejor.
Ante las críticas generadas en redes sociales, el vocero de la Secretaría de Cultura, mintió al negar la existencia del documento con la conmemoración errónea, tal y como lo comprueba el Universal en el Chat de Periodistas de Cultura que está a cargo de Comunicación social.

Quintana Roo participará en la Primera Reunión Nacional 2019 de AMDSE

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Presidida por la Secretaria de Economía del Gobierno de México, Graciela Márquez Colín, este miércoles y jueves se llevó a cabo en la Ciudad de México, la Primera Reunión Nacional 2019 de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), en la cual Quintana Roo tuvo importante y muy activa participación, con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Económico, Rosa Elena Lozano.

Como bien se sabe, AMSDE tiene como objetivo fortalecer, entre los representantes de cada entidad federativa, un frente común que permita potenciar políticas públicas y acciones que procuren y apoyen el desarrollo económico en cada uno de los Estados y en las regiones.

En lo que a la región Sur-Sureste del país concierne, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE), tiene en marcha importantes Programas, y uno de ellos es el Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE), con el que se pretende diversificar la economía de la entidad, y detonar más particularmente a su Zona Sur.

En este contexto, la Titular de SEDE expresó ante la Secretaria federal de Economía, la importancia que para México supone el inicial proceso de industrialización de Quintana Roo, además de que, como parte de uno de los páneles centrales de la Reunión, Rosa Elena Lozano resaltó las grandes oportunidades que, para la inversión productiva, ofrece su Estado.

Además de la Secretaria Márquez Colín, y entre otros altos funcionarios del Gobierno Federal, se contó con la participación de la Subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, y, por supuesto, del Presidente de AMSDE, José Domingo Berzunza.

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