Quintana Roo - Page 105

Morena queda acéfala en Q.Roo, luego de revocación de elecciones

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Chetumal.- Como “preocupante” calificó Adrián Sánchez Rodríguez, regidor de Othón P. Blanco, el fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revocar la convocatoria para la renovación de Morena, y por ende las asambleas realizadas en Quintana Roo, y en el resto del país.
Esto, porque entre otras cosas, deja acéfalo al partido en la entidad, toda vez que Ricardo Velazco Rodríguez renunció a su cargo de delegado con función de dirigente, para poder elegirse como consejero, nombramiento que ahora carece de validez.

“El delegado estatal, Velazco, renunció para irse de consejero; hay varios a nivel municipal que igual renunciaron. Ahora se tendrá que esperar a que Yeidckol (Polevnsky Gurwitz, dirigente nacional) designe a otros”, externó el regidor capitalino.
No es caso único, comentó, pues hay otros cuatro o cinco estados que igualmente carecen de dirigencia.

La revocación de la elección fue porque se usó un padrón de militantes con fecha de corte hasta 2016, y no de 2017 como el Tribunal opina que hubiera sido lo correcto.
“De alguna manera preocupa, pero es algo que se veía venir por la apertura que se dio y que causó que diferentes grupos externos chocaran con la militancia, con la base original, que ha hecho el trabajo, recorrido calles, repartido periódicos y armado comités de bases”, opinó.

Para Sánchez Rodríguez, hay gente con poder económico y político que ve que la marca de Morena reditúa, motivo por el que pretenden llegar y tomar el control, y cuando no lo logran, generan desorden, como pasó en Chetumal.
Cabe recordar que, aunque las otras tres asambleas en Quintana Roo se desarrollaron sin problemas, salvo algunos retrasos, en Chetumal conatos de bronca y una llamada anónima por una supuesta bomba obligaron a suspender el evento.

Ahora, toca esperara que se emita otra convocatoria, según los lineamientos exigidos por la Sala Superior.

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Piden legisladores de Quintana Roo a la SCT que cumpla

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Ciudad de México.- Los seis pasos peatonales elevados sobre la avenida José López Portillo de Cancún, la vía corta de Polyuc a Mérida, la revisión de las concesiones en los puertos de Quintana Roo, específicamente el de Mahahual y la ampliación del Aeropuerto de Chetumal, son los temas que los legisladores quintanarroenses le preguntaron la Secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT), Javier Jiménez Espriú.

En la comparecencia Javier Jiménez Espriú, ante las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Infraestructura, el diputado morenista Francisco Elizondo Garrido (ex delegado de la SCT en Quintana Roo) pidió se le dé solvencia económica a los proyectos de los seis puentes peatonales elevados sobre la venida López Portillo de Cancún, desde la entra a Mérida a la altura de Kuzamil hasta Puerto Juárez, porque desde el sexenio pasado se aprobó el proyecto, pero hasta ahora no se ha puesto en el presupuesto de egresos de la Federación.

Por otro lado, también se le pidió al Secretario de la SCT se analice la modernización de la carretera federal Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuché, mejor conocida como Vía Corta Chetumal-Mérida.

Donde en 2018, se invirtieron 185 millones de pesos, de una inversión acumulada de mil 831 millones y una meta global de 105.8 kilómetros. Se pidió que se modernice y amplíe el ancho de corona para alojar dos carriles de circulación, uno en cada sentido, junto con sus acotamientos, para lo que se construyen terracerías, obras de drenaje y pavimento de concreto asfáltico. La vía corta Chetumal-Mérida tiene una longitud total de 145 kilómetros, de los que hasta 2017 se tenían modernizados y ampliados 91.80.

AMPLIACIÓN DE AEROPUERTO EN CHETUMAL
El diputado Jesús Pool Moo explicó que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México se empezó a construir en 2014 y debió costar 85 mil millones de pesos; el monto era de 120 mil millones de pesos; en el 2015 se encontraron anomalías por 15 mil millones de pesos; 285 mil millones de pesos fue el costo final. El gobierno de AMLO decidió cancelar el corrupto proyecto, añadió, por lo que “¿qué espera México de la Agencia de Aviación Civil?”.

Por ello pidió que se trabaje en la ampliación del aeropuerto de Chetumal, “somos el destino que más puede crecer hacia el sur y de Tulum hacia Chetumal no existe una infraestructura carretera, estamos seguros que de la mano de AMLO y usted, Quintana Roo saldrá adelante”, remató el legislador.

REVISIÓN DE CONCESIONES DE PUERTOS
Al participar la diputada Adriana Teissier Zavala, de Encuentro Social, solicitó que se revisen las concesiones de puertos, especialmente la que opera en Mahahual, del corporativo Costa Maya, propiedad del empresario Isaac Hamui Abadi.

“Son 705 metros cuadrados en la zona marítimo terrestre de Mahahual, que está privatizada, por eso es que no llega el turismo, la apertura debe ser para nuevos empresarios y empresarios mexicanos”, detalló la legisladora.
La respuesta de Javier Jiménez Espriú dice que se revisan todas las concesiones de puertos y a la brevedad se tendrá un diagnóstico sobre el tema. La diputada Adriana Teissier dijo que se espera que sea una realidad la revisión de las concesiones que afectan a los mexicanos y pidió una fecha aproximada del resultado del análisis.

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Partes de Quintana Roo estarán bajo el agua en 2050, advierten expertos

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Cancún.- Diversas zonas costeras de Quintana Roo estarán bajo el agua en 31 años, incluyendo gran parte de Yum Balam, incluido Holbox y Chiquilá, al igual que Puerto Morelos, Sian Kaan, Isla Blanca, entre otros puntos.
En un estudio publicado en Nature Communicatios, y que es acompañado por un mapa interactivo en la página https://coastal.climatecentral.org , se indica que 300 millones de personas serían afectadas por los niveles crecientes del mar, producto del cambio climático.

Los mayores problemas serán sumamente graves en Asia, pues se prevé la pérdida de Bangkok, una de las ciudades más pobladas del mundo, pero México tampoco quedará exento de este fenómeno, al inundarse una larga extensión de Tabasco y Campeche, desde Villahermosa, pasando por Jonuta, Frontera y Nuevo Progreso hasta Ciudad del Carmen y Champotón.
En Quintana Roo, la crecida en los niveles de los océanos significarían la pérdida de considerables terrenos costeros, incluyendo la totalidad de Holbox, Chiquilá y zonas circundantes.
En la zona continental de Isla Mujeres, afectaría las áreas que rodean la laguna Chacmuchuc e Isla Blanca.

Cancún parece salvarse en su mayor parte, salvo por algunos puntos específicos, como Puerto Cancún. Todo lo contrario a Puerto Morelos, cuyos manglares cerca del casco antiguo quedarían bajo el agua, donde se erigió, en medio de protestas ambientales, hoteles como El Cid y Now Jade.
Los humedales en el norte de Cozumel, y la zona de Punta Maroma, en Solidaridad, también aparecen marcadas como reclamadas por los océanos; sin embargo, la peor afectación, aparte de Yum Balam, es la de la reserva de la biósfera Sian Kaan, al quedar la laguna Chunyaxché dentro de la nueva línea costera, desapareciendo así Punta Allen.

Ya en el sur, las aguas entrarían a Laguna Guerrero y a Bacalar, en Xcalak, y en la parte baja de Chetumal, donde ya se tienen problemas por el deslavamiento del subsuelo.
Este estudio calcula un impacto por causa del cambio climático al triple que los anteriores, debido al panorama cada vez menos alentador por el impacto humano sobre las temperaturas de los océanos.

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Turnan a comisiones iniciativa de revocación de mandato en Quintana Roo

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El Diputado Local Pedro Pérez, expuso los motivos de la iniciativa de Revocación de Mandato en Quintana Roo, que la fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó hace una semana en oficialía de partes, la cual brindaría la oportunidad a las y los ciudadanos de así considerarlo que soliciten la conclusión anticipada del cargo a Gobernador del Estado.

«No se pretende que el Gobernador sea rehén de intereses políticos o ajenos a la ciudadanía, por ello se propone que la revocación de mandato procederá únicamente a petición directa de las y los quintanarroenses, sin intermediarios y con un número suficiente de firmas que lo avalen. En lo concreto, al menos del 10 por ciento de la lista nominal en la mitad más uno de los municipios del Estado», expresó Pedro Pérez.

El Diputado, mencionó que es necesario que exista una coordinación entre la agenda legislativa federal con la estatal, y por ello la importancia de que también en Quintana Roo, se realicen las reformas necesarias para poder brindar los instrumentos necesarios a las y los ciudadanos para que estos puedan decidir si quien gobierna la entidad, deba o no continuar en el cargo.

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Pedro Pérez, recalcó que, en la iniciativa de Revocación de Mandato, se específica que está solo podrá ser solicitada en una sola ocasión después de los tres primeros años de mandato, y para hacerla válida de llevarse a cabo, se requerirá de la participación mínima del 40 por ciento del padrón electoral en Quintana Roo.

Pérez Díaz añadió qué, será el Instituto Electoral de Quintana Roo quien se encargue de hacer toda la planeación y logística para realizar la votación libre, secreta y directa, además será el Tribunal Electoral de Quintana Roo quien brinde certeza al proceso de Revocación de Mandato. La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales, Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos.

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QRoo podría reestructurar su deuda ante presiones de presupuesto

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A la mitad de la administración estatal y en medio del panorama financiero nacional, como resultado de los recortes anunciados por la Federación al presupuesto de los Estados, el gobierno de Quintana Roo analiza la posibilidad de una nueva reestructuración de su deuda, así como diversos mecanismos financieros para enfrentar la situación de los próximos años, confirmó el gobernador Carlos Joaquín González.

“Hoy nos encontramos en el análisis de una nueva reestructuración de la deuda pública, así como otras herramientas financieras para obtener recursos que permita concretar proyectos de beneficio social”, explicó.

Agregó que hoy inició un foro para la modernización de la Ley de Catastro con el propósito de reforzar los sistemas de recaudación estatal, porque “es precisamente en los catastros en donde el Estado y los municipios pueden tener su fortaleza financiera al poner orden y generar un control en las acciones de construcción”.

“Esta nueva Ley de Catastro permitirá una mejor cobranza y la obtención de más recursos para trabajar en favor de la comunidad”, agregó,

El mandatario estatal aclaró que la modificación de tablas catastrales que proponen algunos ayuntamientos es un tema netamente municipal, “pero es el que debe tener más orden”.

“México es el país que tiene menor recaudación catastral, no necesariamente por los montos sino por la falta de información geográfica, y lo que busca el Estado es precisamente recuperar esa información y que los municipios puedan hacer uso de ella y mejore la cobranza, que no necesariamente debe estar atada a un aumento, sino a través de poner orden para acabar con el rezago y la evasión fiscal”, aseguró.

El mandatario estatal reiteró la preocupación por el recorte presupuestal anunciado por el Gobierno Federal y la desesperación por no obtener respuesta a las necesidades de la entidad.

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“Esta situación obliga a pensar en nuevos esquemas financieros que permita encontrar los recursos para atender las demandas de la población”, enfatizó.

Dijo que los gobernadores del PAN han programado reuniones con la Secretaría de Hacienda para revisar la problemática y la necesidad de revisar los esquemas de coordinación fiscal.

En diciembre de 2016, el Gobierno del Estado logró la reestructuración de su deuda pública que ascendía a 19 mil 169 millones de pesos e implementó un programa de austeridad con el propósito de ahorrar cerca de 600 millones de pesos.

Tras analizarse las propuestas de 15 instituciones financieras que fueron invitadas a participar en este proceso de reestructuración de la deuda, los fallos recayeron en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. con 5 mil 900 millones de pesos en un plazo de nueve mil 125 días; el Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, el Grupo Financiero Banorte, con tres mil millones de pesos con un plazo de siete mil 300 días; Banco Multiva S.A., Institución de Banca Múltiple, grupo financiero Multiva, con un monto de 5 mil 4 millones 665 mil 103 pesos con 48 centavos con un plazo de nueve mil 125 días; HSBC México, Banca de Institución Múltiple, grupo financiero HSBC con un monto de mil 698 millones 186 mil 888 pesos con un plazo de siete mil 300 días y Banco Interacciones S.A., institución de banca múltiple, grupo financiero Interacciones con un monto de 3 mil 656 millones 451 mil 554 pesos con nueve centavos a un plazo de siete mil 300 días.

De acuerdo con la Ley de Egresos 2018 aprobado por la XV Legislatura, las transacciones de la deuda pública/costo financiero de la deuda asciende a 2 mil 055 millones 162 mil 002 pesos, cifra que corresponde también al rubro de deuda pública interna; las transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno ascienden a 4 mil 202 millones 888 mil 796 pesos; las participaciones entre diferentes niveles y ordenes de gobierno ascienden a 1 mil 674 millones 975 mil 312 pesos; adeudos de ejercicios fiscales anteriores ascienden a 1 mil 136 millones 626 mil 565 pesos lo que hace un total de 28 mil 415 millones 664 mil 155 pesos.
Fuente:Noticaribe

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Respalda Quintana Roo freno a tráfico de armas

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El gobierno de Quintana Roo reiteró su colaboración con las autoridades federales para combatir las causas que han disparado la violencia en los estados del país y en ese sentido, respaldó las medidas que empezaron a implementar para frenar el tráfico de armas desde Estados Unidos.

La próxima semana, según informó el canciller Marcelo Ebrard, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana compartirá el catálogo de armas provenientes de Estados Unidos, las medidas que dicho país se comprometió a implementar para frenar en su frontera el tráfico ilegal y las acciones que las autoridades federales están coordinando en México tanto con la Administración General de Aduanas como con otras instancias involucradas.

Los cuatro delitos de alto impacto que han disparado la violencia en los estados del país son del orden federal; es decir, son competencia de la federación: el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero y el tráfico de personas.
En ese sentido, Quintana Roo colabora y opera en coordinación con las fuerzas federales para detener a los criminales y remitirlos a la justicia federal.
Sin embargo para reducir los índices de delitos de alto impacto, como los asesinatos, se requiere frenar el tráfico de armas desde Estados Unidos que determina la capacidad de fuego de los grupos criminales.

Según las autoridades, 80% de los crímenes atribuidos al narco son cometidos con esas armas y en Quintana Roo, 9 de casa 10 homicidios dolosos están vinculados con el tráfico de drogas.
La Cancillería mexicana reconoció lo que desde hace años han venido reclamando varios estados sacudidos por la violencia: si no se frena el tráfico de armas desde EU, ningún gobierno local podrá reducir los índices de criminalidad que afectan a sus entidades.

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En ese orden también sobresale el tráfico de personas. En el sur del país la crisis generada por las caravanas migrantes ha visibilizado la porosidad de la franja fronteriza de la que se han aprovechado las bandas delictivas dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos.
De octubre de 2018 a mayo de 2019 unos 47,426 migrantes cruzaron irregularmente la frontera sur, de acuerdo con un reporte del Ejército. Esos migrantes y otros extranjeros son, en algunos casos, internados o interceptados como reclutas del crimen organizado para asesinar, extorsionar y secuestrar.

Asimismo, a la capacidad de fuego con el tráfico de armas se suma la capacidad financiera del narcotráfico sustentada en el lavado de dinero. Saskia Rietbroek, de la firma estadounidense No Money Laundering, estima que el lavado de dinero en el país, principal fuente de financiamiento de los grupos criminales, alcanza el 5% del PIB (Producto Interno Bruto) lo que significa que alrededor de 45 mil millones de dólares de dinero sucio pasa cada año por bancos, casas de cambio, casas de bolsa, empresas de seguros, agrupaciones aparentemente religiosas y el sector inmobiliario, entre otras ramas.

Por todo lo anterior el gobierno de Quintana Roo sostiene que la única forma de reducir la violencia en el país es atacar sus orígenes y evitar cualquier pacto con los grupos criminales como sucedió en gobiernos anteriores.
Esos pactos les permitieron a los criminales operar y crecer, con la complicidad de las autoridades, hasta controlar ciudades y espacios turísticos.
A cambio los gobiernos locales sólo lograron postergar las peores consecuencias que han sido heredadas por autoridades y población civil con saldos rojos.

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Seguro Popular se mantiene vigente en Quintana Roo

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Las 600 mil 393 pólizas continúan vigentes y se brinda atención a los beneficiarios del Seguro Popular en las unidades de la Secretaría de Salud.

Ante la serie de comentarios que existen respecto al Seguro Popular, se informa a la población que en Quintana Roo que los más de 600 mil afiliados a este sistema cuentan con la seguridad de que al día de hoy su póliza está vigente y los protege con 294 intervenciones que contemplan mil 807 enfermedades y más de 670 medicamentos.

Los beneficiarios podrán seguir acudiendo de manera normal a recibir atención médica en las unidades de la Secretaría de Salud de Quintana Roo mismas que cuentan con personal altamente capacitado y con equipamiento de vanguardia

En Quintana Roo el Seguro Popular cuenta con 21 módulos de Afiliación y Orientación distribuidos en los 11 Municipios de la entidad. El personal que labora en este sistema continúa realizando sus actividades con la misma intensidad tanto en sus módulos como en la brigadas actividades en comunidades, lo anterior, con la finalidad de acercar los servicios y el beneficio que otorga el tener acceso a la Protección Social en Salud.

Las personas cuyas pólizas del Seguro Popular están próximas a vencer en 2019, deberán acudir a su módulo más cercano y presentar copias de: identificación oficial con fotografía vigente, Clave Única de Registro de Población (Curp), comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Se hace una atenta invitación a la población que no cuente con algún tipo de Seguridad Social como: IMSS, ISSSTE, PEMEX O SEDENA, a que presente los documentos ya mencionados en los Módulos de Afiliación para que cuenten con todo el respaldo y los beneficios que otorga el Seguro Popular de forma gratuita.

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Quintana Roo, penúltimo estado en número de personal carcelario

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Cancún.- El estado de Quintana Roo es el penúltimo lugar en cuanto al número de personal dedicado a funciones penitenciarias y de internamiento en la administración pública estatal según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales 2019 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). Por lo mismo, es de los estados con cifra más baja de centros penitenciarios.

Según dicha encuesta Quintana Roo tiene destinados apenas 244 empleados para estos centros, la segunda cifra más baja, solo por encima de Tlaxcala. Por el otro lado, son cinco entidades las que concentren al 43.3 por ciento del personal: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guanajuato y Michoacán.

Respecto a centros penitenciarios el estado es de los que menos centros penitenciarios tiene tanto para adultos como para menores. Ocupa el penúltimo lugar con tres centros para adultos infractores, al igual que otras entidades como Sinaloa, Puebla, Durango y Colima. Solo Tlaxcala, Nayarit y Campeche tienen dos.
Y en cuanto a centros de tratamiento para menores, el estado es uno de los 22 que tiene únicamente un espacio de este tipo.

TRANSPARENCIA Y EQUIDAD
En cuanto a solicitudes de información respondidas, el estado fue de los que más tuvo, con 388 del total a nivel nacional de 300 mil 799. Está después de Ciudad de México, Campeche, Sonora, Baja California Sur, Colima, Jalisco y Tabasco; es decir en el octavo lugar.

En el tema de quejas y denuncias recibidas contra servicios públicos que no realizan Sui labor el estado está en el número 18 con 575 quejas. La lista la encabeza el Estado de México con 18 mil 718; en segundo lugar aparece la Ciudad de México con 4 mil 287.

Finalmente, un rubro donde sí resalta la entidad es en equidad de género, pues es el tercer estado con más mujeres en altos cargos. Ciudad de México y Estado de México son los primeros dos con 33 y 32 respectivamente. Y debajo en tercer lugar, San Luis Potosí y Quintana Roo están empatados con 27.

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Pide Mayuli Martínez que López Obrador le cumpla a Quintana Roo

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Ciudad de México.- La senadora de la República, Mayuli Latifa Martínez Simón pidió en el cámara alta, que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador cumpla con su promesa de campaña de bajar el IVA en la frontera sur, pues dijo que en el 2020 bajaría de 16 al 8 por ciento.
En la sesión de hoy viernes en el senado, Mayuli Martínez:

“Lo que vengo a decirles hoy, es lo que dijo el Presidente cuando en su momento era Presidente Electo y estábamos los legisladores de Quintana Roo… el gobernador del estado, funcionarios públicos y ahí prometió bajar el IVA en Quintana Roo, específicamente en Chetumal”.
La senadora reprodujo el audio del compromiso del Presidente de México, donde también se reduciría el Impuesto Sobre la Renta al 20 por ciento y bajar el costo de los combustibles, donde también se comprometió a aplicar el programa de apoyo de zona libre en Chetumal.

Por otro lado, Martínez Simón se congratuló de que no subiera el Derecho de No Residente (DNR), pues sus compañeros del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) querían incrementarlo de 558 a 855 pesos, lo que perjudicaría la entrada de turistas a Quintana Roo, con ello se le dio la razón al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Eloy Quintal Jiménez, quien solicitó a los legisladores que no lo permitieran, pues de por sí el sur del estado está castigado con el turismo.

Se indica que los temas que el presidente había prometido para la zona sur de Quintana Roo no están contemplados en el paquete económico del año próximo, lo que agrava los problemas generados por los recortes de plaza en dependencias federales y la sequía.

La senadora quintanarroense informó que con respecto al derecho de migrante se quedó en 149 pesos, pero la fracción del PAN estuvo en contra. El artículo 11 de servicios migratorios, lo que proponía era quitar la excepción de pago y cobrar, pero por unanimidad se mantuvo que no deben de pagar los extranjeros que llegan vía terrestre a Quintana Roo y que no excedan más de siete días de estar en el lugar.

También Mayuli Martínez pidió se incluya un presupuesto para la atención del sargazo, que se le regrese una pequeña parte a Quintana Roo por todos los derechos que se cobran al turista, pues la entidad es la que aporta más divisas al país por ese concepto, el de la industria sin chimenea.

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Un paraíso que calla: violencia contra la prensa en Quintana Roo

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Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019.- Hoy en día, Quintana Roo es uno de los estados más violentos para ejercer el periodismo en México. Las agresiones han ido en aumento sin que las autoridades afronten el problema. Tan sólo durante el primer semestre de 2019 se han registrado 26 agresiones, el mismo número que el total del año anterior.

Quintana Roo es uno de los cinco estados más peligrosos para la prensa desde 2009, junto con Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. De ese año y hasta junio pasado, se han registrado 161 agresiones.

En 2017, aumentaron 500% respecto al año anterior[1], cuando se registraron 3. Desde entonces, han incrementado año con año. Al siguiente, en 2018, se pasó de 18 a 26 agresiones registradas, es decir un aumento del 44.4%. A diferencia de los anteriores, en ese mismo año se registraron 2 asesinatos. Los de los periodistas José Guadalupe Chan Dzib, el 29 de junio, en Felipe Carrillo Puerto, y Rubén Pat, el 24 de junio, en Playa del Carmen. Ambos trabajaban en el medio Semanario Playa News. Estos niveles de violencia no se han observado en ningún otro estado.

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ARTICLE 19 advirtió sobre las consecuencias de esta violencia en 2014[2], durante el gobierno de Roberto Borge, cuando el clima ya era adverso para la prensa y señaló que, de no atenderse, se agudizaría. Las cifras confirman el cumplimiento de este augurio.

En junio, ARTICLE 19 realizó una misión a Quintana Roo, donde visitó los municipios de Solidaridad y Benito Juárez para entrevistar a periodistas sobre el contexto de violencia que enfrentan en esta entidad. Las personas entrevistadas afirmaron que las agresiones provienen de integrantes de la delincuencia organizada. De igual forma, aseguraron que tanto funcionarios públicos como empresarios también han pretendido censurarlos, oponiéndose a que publiquen sobre el incremento de la violencia ante el temor de que disminuya la afluencia turística.

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Agresiones contra la prensa: entre el narco y el Estado

Para académicos como Erubiel Tirado, la reciente ola de violencia en la entidad comprende una dinámica cruenta de reacomodos y disputas entre organismos criminales en una región que conforma un enclave estratégico para la operación y control sobre el tráfico, venta y consumo de drogas[3].

En un reportaje publicado en Forbes, en marzo de 2019, se hace un recuento de las cifras de violencia en Quintana Roo de 2016 a 2018, revelando que en 2016 había una tasa de 12 homicidios por cada 100 mil habitantes, la cual aumentó un 118% en el 2017 y en 2018 un 113% con respecto al año anterior[4].

Forbes asegura que actualmente Quintana Roo se ubica 4 veces por arriba de la tasa de homicidios a nivel nacional y 10 veces por encima de la tasa mundial. La mayor parte de estos crímenes suceden en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos, Bacalar, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres.[5]

Según testimonios, las agresiones hacia la prensa en Quintana Roo obedecen principalmente a dos fenómenos. En principio, las presiones a las que son sometidos periodistas por la delincuencia organizada se configuran en amenazas y extorsiones para obligarlos a publicar fotografías de “narcomantas” o de cuerpos expuestos en la vía pública como mensaje a sus contrincantes, a las autoridades o a la sociedad, además de obligarlos a borrar hechos noticiosos que consideran puedan afectar a sus intereses. Por otro lado, autoridades estatales y municipales presionan a la prensa para no publicar los índices de violencia en el estado, ni posibles actos de corrupción de funcionarios públicos.

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Respecto a la violencia cometida por parte del “narco”, un periodista del municipio de Solidaridad, que pidió resguardar su nombre, comentó a ARTICLE 19 que frecuentemente recibe mensajes en su página de Facebook de personas que afirman pertenecen a cárteles que se encuentran en la zona. Bajo amenazas, le envían fotografías de “narcomantas” o de cuerpos desmembrados con mensajes dirigidos a sus enemigos. “Lo que hago es ignorar los mensajes y bloquear los perfiles. Sé que, si les publico algo, inmediatamente me señalan como su vocero”, refiere.

En entrevista con ARTICLE 19, Adriana Varillas, reportera del periódico El Universal y Sergio Caballero, subdirector del periódico Noticaribe, coinciden en que la intensidad de las agresiones contra la prensa, principalmente por parte de la delincuencia organizada, empezó a hacerse más visible a raíz de la entrada de la nueva administración estatal, encabezada por Carlos Joaquín González, y con el evidente reacomodo entre grupos de la delincuencia organizada que han operado de manera intermitente por el dominio de la zona.

Caballero afirma que con Roberto Borge “se empezaron a configurar agresiones contra la prensa en el espacio digital, orquestadas desde el mismo gobierno del estado, para restarle credibilidad a la labor de los periodistasvinculándola con actos de corrupción, además de asociarlos con las actividades ilícitas de la delincuencia organizada”. Actualmente, estas agresiones digitales continúan, pero ahora, según señala el periodista “la delincuencia organizada ha aprovechado estas mismas formas de agresión para presionar”.

Cabe recordar que, en 2014, ARTICLE 19 describió cómo el exgobernador mostraba intolerancia a la prensa y mediante el uso de recursos públicos atacaba por redes sociales[6] a medios de comunicación locales. Del periodo de su mandato no se olvidan los ataques contra la revista Luces del Siglo; contra Sergio Caballero, corresponsal de Proceso; contra el portal Noticaribe; así como la detención arbitraria de Pedro Canché y el hostigamiento contra la periodista Lydia Cacho.

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En este contexto, las amenazas en línea se han convertido en una forma de agresión constante. Ejemplo de ello es lo sucedido entre marzo y mayo de este año, cuando Canché, quien dirige su portal informativo Pedro Canché Noticias, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, recibió mensajes amenazantes de alguien que afirmaba ser integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En los primeros mensajes, esta persona le exigía al periodista remover contenido que había publicado en su página web y también lo coaccionaba para publicar notas sobre determinados homicidios que habían sucedido en el municipio.

Sin embargo, luego de que Canché ignorara los mensajes, llegaron otros de mayor calibre: “Quiero que saques una nota que diga que el muerto de la zona de cancun fue gent de lety de 40 (sic)”, “te voy a enseñar q a un parcero no se le evita perro t vamos a picar. (sic)” y, “ya sup q andas d sapo perro t voy a picar (sic)”. Estos fueron enviados el 30 de abril, 2 y 8 de mayo, respectivamente.

Además. recibió otros mensajes por parte de esa persona donde le pedía trabajar para él además de exigirle que no publicara nada relacionado con otro cartel que tiene presencia en la zona. También, el periodista relató haber recibido un comentario en Facebook donde una persona le amenaza con “cortarle la lengua”.

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Por su parte, en el mes de mayo de 2019, el locutor de la radio Punto Sipse, Gonzalo Hermosillo, del municipio de Chetumal, recibió amenazas de muerte por medio de mensajes enviados a través de WhatsApp por parte de un hombre que afirmó ser integrante del CJNG. En ellos, le exigió adjudicar unos asesinatos al cartel enemigo y no relacionarlos con ellos. Incluso, le ofreció trabajar para ellos a cambio de dinero.

Afortunadamente, las amenazas en contra de Canché y Hermosillo no se han materializado. Sin embargo, lo mismo no sucedió con Francisco Romero, director del medio digital Ocurrió Aquí. ARTICLE 19 pudo comprobar que Romero recibió un mensaje privado en su cuenta personal de Facebook, del usuario “Dante Monterubio”, quien dijo que le haría daño a su familia si no publicaba información que favorecía al CJNG.

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El 16 de mayo, sicarios dispararon al periodista a las afueras del estacionamiento del bar “La Gota”, matándolo a tan sólo tres cuadras de la base de la Policía Estatal del municipio de Solidaridad.

Antes de su asesinato, fue detenido arbitrariamente el 7 de marzo por elementos municipales de tránsito mientras cubría un accidente. En su momento, Romero aseguró a ARTICLE 19 que la detención fue ordenada por la presidenta municipal, Laura Beristáin, y un comandante de la policía municipal, conocido como “El Oso”, ya que luego de ser trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública él le dijo: “¿Ya ves? Y eso que no te metimos una putiza. No nos debes echar mierda a mí ni a la jefa (sic)”.

Luego de permanecer detenido durante dos horas fue llevado con una funcionaria de la misma corporación, quien le dijo: “la licenciada Laura Beristáin te mandó a soltar. Pero que ya te calmes y te quedes tranquilo”. Estos hechos, al igual que la amenaza recibida en Facebook mencionada anteriormente tuvieron lugar semanas antes del homicidio.

Ocurrió Aquí fue fundado en 2018 por Romero, posterior a los asesinatos de sus colegas José Guadalupe Chan y Rubén Pat, del Semanario Playa News, del cual también había sido integrante. Además del asesinato de su director, otro integrante del medio fue blanco de agresiones.

En febrero, Ricardo Cáceres, fue agredido por policías municipales del municipio de Solidaridad, quienes trataron de impedir la transmisión en vivo de un accidente vial. “Ya estábamos fuera del acordonamiento cuando llegaron los elementos de la patrulla y me agredieron. Uno de los policías me jala e intenta quitarme el celular”, relató el periodista.

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Además, ARTICLE 19 documentó actos tendientes a criminalizar a la prensa en la entidad. Estos han sido protagonizados por las mismas autoridades que en lugar de actuar para garantizar a libertad de expresión, señalan a periodistas como supuestos operadores de la delincuencia organizada.

Uno de ellos se registró el 24 de febrero, durante la Reunión Nacional sobre Turismo, celebrada en Chetumal, cuando Beristáin acusó públicamente a los medios de comunicación pertenecientes a las empresas Grupo Cantón y Grupo Quequi de ser “sicarios periodísticos”. Esto después de que estos medios evidenciaran la situación de violencia en el municipio de Solidaridad.

Los asesinatos a periodistas en Quintana Roo y la falta de respuesta del Estado

La violencia extrema en el estado ha dejado el saldo inaceptable de 3 periodistas asesinados en menos de dos años: Rubén Pat, José Guadalupe Chan y Franciso Romero. Estos hechos fueron consumados en circunstancias similares. Chan fue asesinado el 30 de junio de 2018 por impactos con arma de fuego en el bar “La Baticueva”, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. El 24 de julio del mismo año, Pat también fue asesinado por impactos de bala afuera del bar “ARRE” en el municipio de Solidaridad. Y menos de un año después, sicaríos cegaron la vida de Romero exactamente bajo el mismo modus operandi.

Tanto Pat como Romero eran beneficarios del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), institución que no cumplió con proteger sus vidas. A la fecha los tres homicidios continúan sin esclarecerse y con señales de permanecer en la impunidad.

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Tres meses antes del asesinato de Chan, ARTICLE 19 presentó en esta entidad la Agenda Mínima en materia de libertad de expresión, cinco recomendaciones y una hoja de ruta para garantizar el ejercicio del periodismo dirigidas a Carlos Manuel Joaquín González, previo a su toma de protesta como gobernador electo. No obstante, ninguna de las recomendaciones y propuestas enviadas por esta organización hacia el actual gobierno fue atendidas de manera puntual.

Desafortunadamente, mientras el Estado no otorgue garantías para ejercer la libertad de expresión, este clima no podrá sino empeorar. Quintana Roo se convertirá en una zona silenciada para la libertad de expresión, perdiendo de forma paulatina y continua las voces que aún producen información local de interés público, a pesar de las presiones del crimen organizado y de los grupos políticos en pugna[7].

Parte de la responsabilidad de la descomposición de la situación de libertad de expresión en Quintana Roo recae necesariamente en el gobierno estatal. El gobernador Carlos Manuel Joaquín González generó grandes expectativas por ser la primera alternancia de la entidad. Sin embargo, deja hasta el momento un saldo rojo en materia de garantías al periodismo. Es su obligación actuar con urgencia para revertir esta tendencia en el tiempo que le queda.

Quintana Roo vive un contexto de amenazas múltiples y sistemáticas a periodistas por parte del crimen organizado que opera en la zona y cuyas facciones se mantienen una pugna por dominar el tráfico de drogas en la entidad. Para estas redes de crimen organizado mantener el control del discurso público y de la información vital, es un asunto estratégico para la consecución de sus fines delictivos.

Exigencias

Actualmente cientos de periodistas en Quintana Roo sufren las consecuencias de las pugnas entre grupos de la delincuencia organizada que busca utilizarlos como portavoces de la violencia hacia sus contrarios mientras que el Estado falla en proteger y otorgar las garantías necesarias para que las y los periodistas puedan desarrollar su trabajo.

Por esto, frente al deber de las autoridades para proteger a la prensa ARTICLE 19 realiza las siguientes exigencias:

1.- Al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a asumir públicamente el compromiso de frenar la violencia contra la prensa en Quintana Roo y a actuar con voluntad política de manera contundente para la consecución de tal fin.
2.- Al Gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González a condenar públicamente la violencia ejercida contra periodistas del Estado y a asumir públicamente el compromiso de frenar la violencia en la Entidad. Además, deberá construir protocolos de protección que regulen la actuación de autoridades con periodistas para el cumplimiento de los estándares de prevención, protección y procuración de justicia en crímenes contra la libertad de expresión.
3.- A los presidentes municipales y Ayuntamientos, a garantizar que las investigaciones administrativas sobre el uso desproporcional de la fuerza pública y sobre cualquier acto denunciado de forma administrativa como censura a los medios y periodistas avancen se dicten sanciones ejemplares.
4.- A la Fiscalía Especial para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República (FEADLE), atraer el caso de Francisco Romero, Rubén Pat y José Guadalupe Chan, para que, con base en la aplicación del Protocolo Homologado para la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, se sancione a los responsables.
5.- Al Fiscal General del Estatal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca a coadyuvar con la FEADLE de manera diligente con la investigación de los casos mencionados anteriormente.
6.- Al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a realizar de manera urgente las gestiones necesarias de coordinación con el gobierno estatal, a fin de poner en marcha estrategias de protección y prevención integrales en el Estado. Así como medidas tendientes a salvaguardar la vida e integridad de las víctimas indirectas de los homicidios cometidos contra periodistas.
7.- A la Fiscalía Especial para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República (FEADLE), atraer el caso de Francisco Romero, para que, con base en la aplicación del Protocolo Homologado para la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, se sancione a los responsables.
8.- A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se le solicita realizar un análisis de la violación sistemática de derechos Humanos en la entidad, y en su caso, emitir recomendaciones a las autoridades responsables por violaciones a los mismos, poniendo especial énfasis en la libertad de expresión.
Fuente: articulo19

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