Reportajes - Page 21

«Jesús Alberto Capella Ibarra, el ‘Rambo’ que viene a salvar a Quintana Roo»

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Vida y Memoria

-Alberto Capella trae el Mando Único a Quintana Roo-

Por Abraham Gorostieta

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El nombre de Jesús Alberto Capella Ibarra ha sonado por lo menos en los últimos quince años en la vida pública de México. Tijuanense, abogado de profesión se ganó el mote de “Rambo” cuando él solo y sin experiencia en el manejo de armas, repelió un ataque armado que fue directo a su casa.
Cercano al hijo de “El Profesor” Carlos Hank González, Alberto Capella fue llevado de la mano por Jorge Hank Rhon al mundo de la Seguridad Pública. Durante la gestión como alcalde de Tijuana, Jorge Hank enfrentó un alza de homicidios en la ciudad fronteriza de México. En ese entonces el Cártel de Los Arellanos Félix era uno de los más poderosos y Tijuana era su centro de poder.
El polémico Jorge Hank Rhon, ha estado atrapado varias veces bajo los reflectores de los medios de comunicación. Su amor a los animales exóticos lo han llevado a la cárcel, pero el poder e influencia del padre siempre lo salvaron. Amo y señor de las apuestas, su Hipódromo Agua Caliente se ha multiplicado por todo el país. Beneficiario del Fobaproa, el asunto más grave en el que ha estado envuelto es el asesinato del periodista Héctor Félix Miranda, “El Gato Félix”. Don Jorge, como le gusta que le llamen, ha sido el Padrino de Alberto Capella.
En 2005 el joven abogado Jesús Alberto era un activista que exigía que las autoridades hicieran su trabajo y sometieran a los narcotraficantes y su violencia. En Baja California, fue coordinador del Consejo Ciudadano por la Transparencia y el Combate a la Corrupción. También consejero del Comité de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República (PGR) y presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California.
La violencia y los homicidios eran inauditos en Tijuana. El Cártel de Los Arellano era dirigido por el temible y violento Ramón Arellano y su carácter visceral se hacía sentir en la ciudad que tenía al terrible y exótico alcalde Hank Rhon. Capella encabezó un movimiento ciudadano que denunciaba la corrupción en las corporaciones policíacas y en el gobierno. Organizó una serie de marchas ciudadanas en donde vestidos de blanco, cientos de ciudadanos imploraban a las autoridades acabar con la ola de secuestros, homicidios y asaltos. Resultado de la presión social de su carácter como activista, Capella fue amenazado de muerte por el Cártel de los Arellano Félix.

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Como si hubiera sido una película de Jean Claude Van Dame o de Terminator, el 27 de noviembre de 2007, Capella repelió un ataque armado solo y sin experiencia y salió ileso, por tal motivo los medios tijuanenses comenzaron a llamarlo “El Rambo”.
Jorge Hank Rhon quería ser gobernador de Baja California y desde la Ciudad de México recibía apoyo de Roberto Madrazo y de Elba Esther Gordillo. Pero los índices de violencia en Tijuana le cerraron la puerta.
Como interino, quedo designado el empresario priista Kurt Honold Morales quien fue director comercial de Hipódromo de Agua Caliente y que gobernaba una ciudad en la que no vivía, el buen Kurt tenía su residencia en la vecina ciudad de Coronado, California.
Un mes después del increíble enfrentamiento entre Capella y sus matones, el Cabildo de Tijuana lo nombra titular de la Secretaría de Seguridad Municipal.
A partir de entonces la vida de Alberto Capella despega y se hace pública. Pronto se hizo notar con sus acciones, dentro de las más controversiales, fue la suspensión de policías municipales que no habían aprobado los exámenes de control y confianza; incluso fue acusado por el abogado de 33 de los agentes destituidos de haber contactado autoridades del Consulado de Estados Unidos en Tijuana, para que les retiraran las visas de turista a los policías suspendidos y a sus familias.
Capella tenía una idea firme: No puede haber buena seguridad si no hay ética en sus elementos policíacos. Pero Tijuana era más que un polvorín, era un campo de guerra entre el Cártel de Sinaloa y los Arellano Félix. Tan sólo en un fin de semana se registraron 40 asesinatos violentos. En diciembre de 2008 Alberto Capella fue removido de su cargo.
Los Arellano Félix fueron un cártel muy violento. El experto en temas de seguridad, Héctor de Mauleón cuenta la siguiente historia: “En 1994, Teodoro García Simental, alias El Teo, llegó al cártel de Tijuana como escolta personal de Ramón Arellano. Durante una década vivió tras las espaldas del miembro más violento de ese grupo. Cuando Arellano murió acribillado en Mazatlán, García Simental pasó a ocupar lugares cada vez más importantes en la estructura del cártel. A lo largo de su siniestra trayectoria hizo lo que pudo para que su imagen no se filtrara a los medios. Una mañana de 2009 despertó con la noticia de su foto, extraída de una licencia de conducir, colgaba en todos los puestos de periódicos.
Realizó entonces la “instalación” más espeluznante en la historia criminal de Tijuana. Mandó que colgaran de un puente el cadáver, castrado y torturado de manera indecible, del jefe de la oficina de licencias de la entidad, al que acusó de filtrar la imagen. Tijuana se paralizó de terror”.

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Carlos Bustamante hijo de Alfonso Bustamante, uno de esos políticos que de abajo llegaron hasta arriba. Se hizo de una pequeña distribuidora de gas en Tijuana y creó un imperio que después vendió a la familia Zaragoza de Chihuahua y así nació la compañía “Z Gas”. Sin embargo, los Bustamante acumularon terrenos por todo Baja California. Al morir don Alfonso, la estrella de su hijo Carlos se apagó. Su participación en la política no tuvo brillo, influencia ni respeto, intentó ser candidato a gobernador pero no le alcanzó.
A pesar de ello, Carlos Bustamante logró hacerse de la presidencia municipal de Tijuana en 2011. A su llegada, nombró nuevamente a Alberto Capella como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Bustamante defendió la designación de Capella asegurando que después de su gestión en el mismo puesto, Tijuana recuperó los niveles de seguridad tras la ola de violencia de 2009.
En su segunda gestión estableció un programa de premios a policías honrados y detuvo a policías sorprendidos en actos de corrupción. Los policías honrados recibían desde tarjetas de descuento en tiendas locales, hasta casas donadas por empresarios, que mostraban así su agradecimiento a policías honestos.
Su programa de ética también incluía denuncias de intentos de soborno que los ciudadanos hacían a los policías. Los elementos que reportaban grandes cantidades de droga y dinero en efectivo encontrados en operativos eran premiados.
Pero la violencia se incrementó en Tijuana y en el norte del país con la llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación que hizo alianza con el Cártel de los Arellano Félix para desplazar al Cártel de Sinaloa que pretendía apropiarse de la plaza que dejaba una ola de violencia y un promedio de 100 muertes al mes.
En Tijuana se ubican las garitas de San Isidro y Otay, a través de las cuales se puede llegar a importantes destinos de California como Los Ángeles, San Diego y San Francisco. El Colegio de la Frontera Norte informó que la ciudad ha sido el cruce de aproximadamente el 60% de la marihuana, cocaína y metanfetamina que llegó a Estados Unidos en los últimos 15 o 20 años.
El Cártel Jalisco Nueva Generación se ha enfrascado en una guerra con el Cártel de Sinaloa, el cual domina la mayor parte de la frontera norte del país.
Al terminar su gestión como titular de la Secretaría de Seguridad Municipal en 2013, Tijuana tuvo un repunte de homicidios y de incidencia delictiva: 534 homicidios en Tijuana en 2013, cifra equiparable al total de homicidios en todo el estado (590).

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En la prensa se dio a conocer un documento que se titula “Antecedentes de la dinámica delictiva en el estado de Morelos” y fue elaborado por el Consejo Estatal de Seguridad. En él se registran los vínculos entre los funcionarios y gobernadores con el crimen organizado durante las administraciones de Jorge Carrillo Olea, Sergio Estrada Cajigal y Marco Antonio Adame. Este documento es un retrato fiel de la vida en Morelos que pocos conocían:
“Un gobernador de Morelos se enreda sentimentalmente con la hija del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, ‘El Azul’, y entrega literalmente el estado a grupos criminales procedentes de Sinaloa. El gobernador utiliza el helicóptero oficial para pasear a la hija del célebre capo. La nave es conocida entonces como ‘el helicóptero del amor’. El hijo del gobernador que sucede al anterior roba a su propia familia para pagar, según él, una extorsión: la información que llega a la procuraduría de Morelos dice que el robo fue para saldar, en realidad, deudas derivadas del consumo de drogas. Las pesquisas no prosperan porque la familia del gobernador se desiste de la denuncia”.
Con la llegada del perredista Graco Ramírez a la gubernatura de Morelos también llegó Alberto Capella. Desde su llegada a la entidad, a principios de 2014, José Alberto Capella recibió amenazas de muerte constantes por parte de los grupos criminales que operan y operaban en Morelos. El combate que emprendió en ese estado para regresarle la paz a los ciudadanos comenzó con la idea del Mando Único.
El Mando Único no sólo implicaba simplemente unificar corporaciones municipales y colocarlas bajo un solo comando. Tampoco se trataba de la suma, bajo ese mando único, de todos los policías de una entidad. El Mando Único implica, lo ha explicado Capella en distintas entrevistas, construir una nueva policía, con nuevos parámetros y mecanismos de selección y operación.
La idea de este modelo policial, es contar con mandos únicos para referirse a centralizados y operativos, que pueden contemplar márgenes de autonomía en ciertos municipios con capacidad real de garantizar la seguridad ciudadana, pero siempre en torno al eje de articular de los mandos estatales, mismos que deben, a su vez, estar estrechamente relacionados con la Policía Federal.
Capella llegó al estado con esa idea y fue comisionado estatal de Seguridad Pública de Morelos. Capella quería regresarle la paz y tranquilidad a los morelenses que vivía en un infierno: Los Rojos, los Guerreros Unidos, la Familia Michoacana, escisiones del cártel de los Beltrán Leyva se dedicaban y dedican al robo, el secuestro y la extorsión. Morelos es una tierra controlada por el narco. A la cabeza, el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Analistas, académicos y especialistas en temas de seguridad han escrito que lo que ha detenido parcialmente el horror del narcogobierno ha sido el Mando Único. Política que alcaldes de Morelos se han empeñado en quitar u obstaculizar.
Capella llegó a combatir a todos. Políticos y malhechores se resistieron. La banda de Los Rojos fueron sus enemigos acérrimos. Marco Antonio Aviña, alias “El Maseca”, le pidió a su jefe, Santiago Mazari Miranda, “El Carrete”, que el comisionado estatal de seguridad de Morelos, José Alberto Capella, fuera asesinado.
José Valdés Chapa, El Señor de la V, considerado líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Morelos es otro de los enemigos de Capella.
En 2017 un enfrentamiento entre una familia de Temixco, Morelos y elementos policíacos sacudió a México. Un operativo policíaco resultó en un enfrentamiento en el que murieron seis personas, entre ellas cuatro mujeres, un adolescente y un bebé, debido a amenazas de presuntos grupos criminales. Entre las víctimas se encontraba la madre de José, su hermana, su prima, su sobrino de apenas 13 años, un bebé de dos meses y otra mujer de la cual se desconoce su parentesco.
José Valdés Chapa, afirmó que se iba a vengar de esto “cada gota de sangre derramada de mi familia” será pagada. “El Señor de la V” amenazó fuerte: “Voy a bajar a toda mi gente y les van a dar en toda la torre, se van a arrepentir”. Al día siguiente apareció una narcomanta que ofrecía cien mil pesos “por cada cabeza de un policía de Morelos o Mando Único”. En esa narcomanta, firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, había también un mensaje dirigido al comisionado estatal de Seguridad, Alberto Capella: “Ya están todos tus putitos policías ubicados”.
Alberto Capella ha tenido que demostrar la eficiencia de su idea de Mando Único y de la pertinencia de llevarla a cabo, hasta ahora, tanto en Tijuana como en Morelos, lo que ha hecho es incrementar la violencia y los homicidios y ejecuciones.
El periodista Raymundo Riva Palacio ha seguido y narrado la violencia del crimen organizado en Morelos y en su muy leída columna ha ubicado a los responsables del incremento de la violencia y muertes en el estado: “La tragedia humana tiene cara de incompetencia y rivalidades políticas en Morelos. En el centro de la denostación e ira se encuentra el gobernador Graco Ramírez, pero no puede dejar de incorporarse en el cóctel lesivo a su esposa Elena Cepeda, descrita públicamente como déspota, y al comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella, el detonador de la crisis política por la manera absurda y represiva con la que, para esconder las vendettas de su jefe, incendió la sensible pradera”.

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Gisela Mota, una política morelense que tenía a la izquierda como su bandera política y su razón de ser. Su madre, Juanita Ocampo la llevaba de la mano a los mítines del político de izquierda que desde hace décadas encabeza en Morelos, Graco Ramírez Garrido.
Modelo de guía político, Gisela hizo carrera política en el PRD de Morelos y a los 33 años de edad fue electa alcalde de Temixco. Tomó posesión el 1 de enero de 2016 y en menos de 24 horas, a las 7 de la mañana del día 2, fue acribillada en su domicilio por cinco sicarios. Dos de estos fueron posteriormente abatidos por la Policía. De los tres detenidos, uno tenía 17 años y el otro, 18.
La joven edil quería para su municipio la política de Mando Único Policial que se intentaba implantar en Morelos, pero los narcotraficantes no lo permitieron. Graco Ramírez, había puesto en marcha el plan “subversivo” contra el narcotráfico y las bandas criminales: El Mando Único, que era quitar el poder de la seguridad al alcalde y a la policía municipal, con el argumento de que son fácilmente sobornables con dinero o amenazas, y responsabilizar del orden público y de la lucha criminal a la policía estatal.
Su asesinato fue un mensaje al gobernador. Fue también una amenaza colateral a los alcaldes del sur de esa entidad: Coatlán del Río, Tetecala, Maztepec, Amacuzac (de donde fue presidente municipal Alfonso Miranda, dirigente del Partido del Trabajo, tío de “El Carrete”) y en menor medida Miacatlán, Jojutla y Xochitepec.
El documento “Antecedentes de la dinámica delictiva en el estado de Morelos” nos refiere a la historia inmediata de las relaciones del narcotráfico y el gobierno. Pero no era la única advertencia que había. Periodistas y diarios habían revelado presuntos vínculos entre políticos morelenses y criminales. Raymundo Riva Palacio publicaba su columna “Partidos, franquicias para criminales”. El periodista Héctor de Mauleón escribía en El Universal “Los Otros Abarca”, y el diario Milenio informaba que “órganos de inteligencia del gobierno federal y de Morelos detectaron siete diputados locales que presuntamente guardan relación con el crimen y otros delitos, entre ellos el petista Alfonso Miranda Gallegos, tío de Santiago Mazari Miranda, ‘El Carrete’, líder de la banda Los Rojos en ese estado”.
También en el programa Punto de partida de Denise Maerker, se reportó que grupos criminales podrían estar representados por políticos, bien en el Congreso del Estado de Morelos, bien en algunas alcaldías, como la de Amacuzac.
El Mando Único había alborotado el avispero.

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“Quiero reconocer con mucha humildad que faltan muchísimas cosas por hacer y que en este esfuerzo de cuatro años y medio el tiempo fue insuficiente para alcanzar y lograr los objetivos que esta administración se había planteado. En particular recuperar de manera absoluta la paz y la tranquilidad del estado de Morelos”, así se despedía Alberto Capella Ibarra, de su cargo como comisionado estatal de Seguridad en Morelos.
Capella Ibarra reconocía “que aún quedaban pendientes en el tema de la seguridad en la entidad”. Mediante un vídeo expresó: “mi admiración, reconocimiento y agradecimiento a las miles de ciudadanas y ciudadanos que son parte de los Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVES) en Morelos, quienes durante los 4 años y medio de gestión, apoyaron sus esfuerzos para recuperar la paz en el estado”.
Morelos fue pionero en la implementación del Mando Único policial, pero… los homicidios dolosos para los años 2015, 2016, 2017 y 2018 muestran que hubo un incremento en los niveles de violencia y ejecuciones. En 2015 se registraron en promedio 41 homicidios al mes, en 2016 se registraron en promedio 51 homicidios, en 2017 el promedio ha sido de 64 homicidios y en lo que va del 2018 se registran 66 homicidios al mes.
El delito de secuestro en Morelos se ubica en el octavo lugar nacional de acuerdo a documentos estadísticos elaborados por la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE).
Los cárteles y grupos delictivos han gozado de la protección policíaca, desde los tiempos de Amado Carrillo Fuentes, Juan José “El Azul” Esparrágoza Moreno; el Cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leyva. La corrupción policial, junto con la llegada de grupos armados de las organizaciones de las drogas, se conjuntaron para volver a Morelos un estado conflictivo. Desde entonces comenzaron a proliferar armas, narcomenudeo, extorsión, plagios, homicidios, crímenes entre bandas de narcotraficantes y otros delitos asociados.
Alberto Capella llega a Quintana Roo, fue nombrado secretario de Seguridad Pública estatal. Su idea de Mando Único lo acompaña. Su idea de los Comités de Vigilancia Vecinal también.
Quintana Roo se prepara para proyectar su imagen de manera inusitada. El proyecto del Tren Maya atrae inversionistas, empresarios y flujos de capitales, quienes proyectan construir más atracciones turísticas, hoteles, centros de recreación. La ampliación de carreteras y transporte público. El flujo de trabajadores que habrá en toda la península de Yucatán será enorme. La Secretaría de Turismo, encabezada por el consuegro de Carlos Slim, la ampliación de los aeropuertos y el despegue económico que se tiene proyectado en Quintana Roo parecen buenas noticias para todos.
La apuesta es muy grande. Ojalá Alberto Capella no se equivoque. Ojalá su idea de Mando Único de paz y tranquilidad a este estado.
Pero la historia que trae consigo no lo ayuda. Hay Vida y Memoria para contarlo.

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Los otros circos en la mira o el fin de delfines en cautiverio

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Arturo Mendoza Mociño /
Pedro Canché Noticias

Cancún, Quintana Roo, a 25 de septiembre de 2018.- Hasta un 53 por ciento de los delfines que sobreviven al proceso de captura mueren en los primeros tres meses del cautiverio, revela el Programa Nadar con Delfines y Terapia Asistida con Delfines.
Los delfines son el movimiento perpetuo porque pasan aproximadamente el 80 por ciento del tiempo por debajo de la superficie explorando las profundidades del océano. Se ha registrado que pueden viajar hasta 40 millas todos los días y que el proceso de captura de los delfines salvajes tiene efectos traumáticos sobre ellos porque, de golpe, dejan de buscar comida por ellos mismos y se acaban los juegos y las luchas que los integran como manadas. En lugar de estar en una mesa, se les confina en un vasito de agua. Muerte por depresión garantizada.
Esa es la razón que esgrimen los críticos de los delfinarios, los otros circos, los consideran, porque creen que el mantenimiento de delfines salvajes en cautiverio es cruel y debe ser detenido y prohibido porque los científicos consideran que con el tiempo se aburren y tienen una muerte prematura. A diferencia de los delfines salvajes, los delfines cautivos pasan sólo el 20 por ciento del tiempo bajo la superficie.
Aún así el número de delfines mantenidos en cautiverio aumenta considerablemente y Quintana Roo es santuario de estos centros de entretenimiento que justifican sus millonarias ganancias con investigaciones científicas de la única especie que se ha comprobado que resiste mejor el cautiverio: el delfín nariz de botella.
Juguetones por naturaleza, los delfines son incorporados a espectáculos acuáticos donde suelen quedar varados, sin embargo, esto nunca ocurre en su vida en mar abierto. Los científicos creen que es muy perjudicial para ellos porque descansan apoyando su vientre sobre una superficie dura, lo que con el tiempo puede llegar a dañar sus órganos internos.
Al menos la mitad de los delfines en cautiverio mueren en menos de siete años. Enfermedades, envenenamiento por cloro y el estrés son las principales razones que provocan su muerte.
Hasta ahora no hay ninguna investigación científica que explique por qué los delfines en cautiverio viven menos, cuando la mayoría de los animales salvajes en cautiverio, protegidos de sus depredadores naturales, siempre sobreviven a sus contrapartes en ambientes naturales.

Ganaderos de los océanos

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Delphinus de Grupo Xcaret, Dolphinaris del fondo Adventure Capital y Vallarta Adventures son los dueños de los delfinarios en México.
Su boyante negocio se vio amenazado cuando en junio de 2014 se aprobó la ley para prohibir los circos con animales en Ciudad de México por el menos ecologista de los partidos políticos en el mundo: el Partido Verde Ecologista de México.
Aunque no lo admitan los dirigentes de cada una de estas empresas, su negocio está siendo cercado poco a poco en el principal activo del negocio: el negocio, porque ya hay dos Normas Oficiales Mexicanas (NOM), la 059 y la 155, que prohíben capturarlos, importarlos y exportarlos.
Ahora el negocio exige más cuidados extremos, ideas frescas y nueva mercadotecnia.
Cuando nace un delfín, relata Eduardo Albor, presidente de Dolphin Discovery, que tiene 40% del mercado en México, hay personal vigilándolos 24 horas un año, incluso para contar sus respiraciones por minuto y sus patrones de nado.
“Ni siquiera a mi hija la cuidamos así cuando era bebé”, confesó el empresario al columnista de negocios Carlos Velázquez.
A finales de la década de los años noventa, Dolphin Discovery contaba con nueve delfines y dos delfinarios; ahora tiene 14 centros en México y el Caribe y de ellos ocho están en Quintana Roo.
Albor era abogado de la compañía, resalta Velázquez, y tras la muerte de uno de los socios se hizo cargo del negocio con la visión de que éste estaría muy regulado, lo que ocurrió en sólo seis años.
El panorama empresarial se ennegreció. Hacia 2004 ya no era posible comprar delfines en otros países y menos capturarlos. Así es que de los 144 ejemplares que tiene en sus parques, 76 ya han nacido en ellos.
Como los delfines son animales muy territoriales se ha descartado que pudan sobrevivir si son puestos en libertad, aunque, detalla axial, liberarlos acabaría con una actividad que involucra unos 30 delfinarios, con 320 ejemplares y que generan unos dos mil 300 empleos directos con ganancias de oscilantes, pero que, según Eduardo Albor, director general de Dolphin Discovery, dejan una derrama económica de más de 3 mil millones de pesos en la región.
Su competencia son Delphinus de Grupo Xcaret, Dolphinaris, adquirido recientemente por el fondo Adventure Capital, y Vallarta Adventures.
En Delphinus participan empresarios como Miguel Quintana Pali y los hermanos Constandse, entre ellos Carlos, quien es presidente de la Cruz Roja de Cancún.
Vallarta Adventures es propiedad de Ricardo Farcas, precursor del turismo de aventura, y quien se inició en el negocio en el 2004 con un delfinario en Cabo San Lucas, con 12 delfines, y una inversión de nueve millones de dólares.
Cada uno de estos grupos son, en sí, cofradías empresariales. Albor, por ejemplo, es socio de Alejandro Zozaya de AM Resorts, José Chapur de Moon Palace, Abel Matutes de hoteles Sirens y hermano de un ex ministro de turismo de España: y José Luis Martínez, presidente de Lomas Travel.
Sobra decir que el político que más los incomoda es Jorge Emilio González, también conocido como “El niño verde”, quien en su paso como senador propuso cerrar los negocios de estos hombres para liberar a los delfines.
Rodrigo Constandse, presidente de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos (Amhmar), se expresó así del político “ecologista”.
“(La ley que propuso) está detenida, como sucede en muchas leyes, no han convocado a ningún especialista, no han llamado al debate ni a la revisión de la ciencia, ni de las consecuencias que puede causar de aprobarse”, dijo.
Las reformas al Artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), aprobadas por la Cámara de Diputados, ahora indican que queda prohibida la operación de delfinarios y la inhibición de la reproducción de especies en cautiverio.
El empresario externó que solicitarán ante el Senado el que no derrumben 30 años de trabajo y estudios, además de generar alrededor de 15 mil empleos en todo el país.
“A mí me gustaría que se abran los foros para que la gente conozca el tema”, manifestó.
“Los 300 animales (delfines) que están bajo cuidado humano no hacen nada malo, más que contribuir al bienestar, a una mejor conservación, a una derrama económica y empleos”, resaltó el también director general de Delphinus.
Indicó que se han acercado a dialogar con los senadores; sin embargo, expuso que no hay nada asegurado, ya que “les llega una orden de otro lugar” y los partidos se alinean.
Dentro de la reforma aprobada al Artículo 60 Bis de la LGVS se mantuvo la modificación que permite por única ocasión la reproducción de las hembras en cautiverio, a fin de que exista otra generación y después, hasta la muerte de los animales que aún no nacen, desaparezcan por completo los delfinarios, lo que podrá suceder aproximadamente en 50 años.
A final de cuentas, para respiro de los ganaderos marinos, el Senado de la República aplazó en diciembre de 2017 la aprobación de la reforma que prohíbe utilizar a delfines en espectáculos fijos o itinerantes, ello en el marco de un debate entre legisladores de los partidos Verde Ecologista, Acción Nacional y del Trabajo.

Trato humano

En mayo de este año se dio a conocer seis delfinarios de Quintana Roo obtuvieron la certificación de American-Humane Association a través del Programa de conservación por el bienestar de los animales bajo su cuidado y trato humano, luego de auditorías rigurosas realizadas en cada recinto de Dolphin Discovery.
Como parte de las nuevas estrategias de conservación del negocio, Dolphin Discovery busca el respaldo de organizaciones internacionales que avalen las buenas condiciones de vida de sus ejemplares.
Mark Stubis, chief communications office de American Humane, resaltó que es de vital importancia contar con programas de cuidado animal, verificando que todos los animales de acuarios y zoológicos sean atendidos con el máximo cuidado.
«American Humane ha estado detrás de cada avance en cuanto al cuidado animal, toca la vida de mil millones de animales cada año, a través de programas de rescate, programas para cuidar a los animales que están en el mundo de entretenimiento y a los que están en las granjas alrededor del mundo. Hoy cada día más personas demandan que los animales que se encuentran en cautiverio sean tratados de la mejor manera y por eso la organización más grande que certifica ha creado este programa», externó Stubis al portal Noticaribe.
Mientras Edgar Urbina, director de especialistas en mamíferos marinos de grupo Dolphin Discovery, destacó que esta certificación cobra más importancia en estos momentos en el que está de moda ser protector y defensor de los animales y muchas veces juzgan trabajos de hábitats sin tener conocimiento real de lo que ocurre en estos lugares.
La inspección de American Humane incluyó primero la legal procedencia de cada uno de los animales presentes en cada uno de los hábitats, independientemente de la especie que sean; posteriormente pasan al área de veterinaria para conocer las medidas preventivas de salud y el registro general de cada animal; el conocimiento de los cuidadores, ambientes seguros y estimulantes incluyendo factores de iluminación y sonido, entre otros puntos.
Las instalaciones certificadas fueron Isla Mujeres, Dreams en Puerto Aventuras, Cozumel, Playa del Carmen, Riviera Maya en Puerto Aventuras y Dolphin Discovery Tulum en Akumal.
Allí, según ellos, viven delfines felices, en condiciones cada vez más humanas.

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Mario Villanueva, entre el narcotráfico y la absolución

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Por Abraham Gorostieta /
Pedro Canché Noticias

La historia criminal de Mario Villanueva salió a relucir en marzo de 1998 con el llamado «Maxiproceso». Como enemigo era temible e implacable. Con sus fieles era generoso y hasta bondadoso. Le decían a sus espaldas “El chueco”, pero de frente siempre fue “don Mario” y con sus amigos era un tipo de palabra. Derecho hasta decir basta. Sólo que un día se le acabó la buena suerte. Un juez federal giró un centenar de órdenes de aprehensión en contra presuntos miembros y colaboradores del Cártel de Juárez, entre ellos el gobernador Mario Villanueva.
A principios de 1999 la Procuraduría General de la República ejecutó la orden que involucraba a los principales jefes del Cártel encabezado por el extinto Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.
Mario Villanueva vivía momentos de gran esplendor. Gozaba del apoyo del presidente Carlos Salinas de Gortari y de la protección de su hermano Raúl Salinas de Gortari.
Como gobernador Villanueva gastaba cantidades millonarias en publicidad para glorificar su imagen, pero con la llegada del nuevo gobierno de Ernesto Zedillo comenzó su desgracia.
Lejos, pero muy lejos de lo que ocurría con otros gobernadores, Mario Villanueva se vanagloriaba del poder que ejercía con mano dura. Sus vínculos con Raúl Salinas de Gortari lo hacían sentirse intocable y vaya que lo era.
Tan sólo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari 17 gobernadores fueron cesados o renunciados. Así, cayeron, entre otros: en Nuevo León, Sócrates Rizzo; en Tabasco, Salvador Neme García; en Michoacán, Luis Martínez Villicaña y Eduardo Villaseñor; en Yucatán, Víctor Cervera Pacheco; en San Luis Potosí, Fausto Zapata Loredo (quien sólo permaneció 13 días) y Gonzalo Martínez Corbalá (quien únicamente estuvo un año); Teófilo Torres Corzo (también otro año); Guillermo Cosío Vidaurri (por las explosiones del alcantarillado de Guadalajara); en Chiapas, Patrocinio González Garrido, Elmar Seltzer Marselle y Eduardo Robledo Rincón.
Mario Villanueva fanfanorreaba por su gran cercanía con el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Y sobretodo con su hermano Raúl, “Mister ten percent”, como era conocido por pedir el 10 por ciento en cada negocio que el gestionaba con el Presidente.
Las cosas cambiarían drásticamente para Villanueva con la llegada de Zedillo, quien comenzó con mano dura su mandato. Le abrió un proceso y metió a la cárcel a Raúl Salinas de Gortari por el asesinato de Mario Ruiz Massieu.

Caído en desgracia

Así los Salinas cayeron en desgracia y Mario Villanueva quedó desprotegido. Fue entonces que los medios de comunicación nacionales comenzaron a presentar pruebas que lo involucraban con el narcotráfico, señalando que daba facilidades para el transporte de droga de Colombia a Estados Unidos a través de Quintana Roo.
En 1994 la PGR documentó la entrada en operación del cártel de Amado Carrillo Fuentes «El señor de los cielos» en el estado, ese mismo año Villanueva se habría coludido con la organización de Carrillo Fuentes.
Fue la propia investigación difundida por la PGR la que afirma que Villanueva Madrid recibió entre 400 mil y 500 mil dólares por permitir la libre manipulación de cargamentos de droga en la entidad. El contubernio habría durado de 1994 a 1999, años en que la fortuna del mandatario se “volvió sospechosa” para las autoridades. La PGR aseguró que el entonces gobernador, manejó cuentas en bancos de Estados Unidos, Suiza, Panamá y Bahamas.
Villanueva siempre negó los cargos, pero desde el Gobierno Federal se iniciaron investigaciones llegando incluso a interrogarlo en el Palacio de Gobierno de Chetumal.
Ante las pruebas encontradas por la PGR, todo hacía suponer la detención de Villanueva en el momento en que entregara el cargo de Gobernador a su sucesor Joaquín Hendricks Díaz, el 5 de abril de 1999.
Pero Mario Villanueva desapareció dos días antes, llegando incluso a estar ausente en la ceremonia de transmisión de poderes. Permaneció prófugo de la justicia dos años, hasta que finalmente fue capturado el 24 de mayo de 2001 en Cancún en la región de Alfredo V. Bonfil.
Villanueva Madrid enfrenta una sentencia por el proceso penal 101/2003 en el que es acusado de los delitos de delincuencia organizada, asociación delictuosa e intimidación, por lo que habrá de cumplir con una sentencia que como mínimo establecía 22 años en prisión.
La justicia mexicana lo mantuvo preso en la Cárcel del Altiplano en Almoloya de Juárez y luego lo trasladó al Reclusorio Norte en la capital mexicana. Inicialmente un juez lo sentenció en 2008 a 36 años con 9 meses de cárcel. El 8 de mayo del 2010 salió de la cárcel mexicana para ser entregado en el aeropuerto de Toluca a la justicia estadounidense en un proceso de extradición ordenado por el juez Víctor Marrero, de la Corte del Segundo Distrito Sur de Nueva York, para cumplir una condena de 131 meses tiempo que podría reducirse considerando que tenga buena conducta en la prisión de Lexington Kentucky por los delitos de narcotráfico y la lavado de dinero.
Las autoridades en Estados Unidos lo acusaron de haber aceptado millones de dólares en sobornos por parte del cártel de Juárez a cambio de facilitar la exportación de 200 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Villanueva Madrid enfrentaría una sentencia mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua por los cargos de tráfico de drogas, y un mínimo de 20 años por cada una de las 14 acusaciones que enfrentaba por lavado de dinero.
Sólo y sin los apoyos de sus protectores políticos, Mario Villanueva enfrentó el proceso penal en su contra. El exgobernador cumplió una condena en prisión de 113 meses por el delito de lavado de dinero en el país norteamericano, impuesta por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York.
En paralelo, Raúl Salinas de Gortari después de 10 años en la cárcel salía libre, sin que se probara su autoría en el asesinato de su cuñado Mario Ruiz Massieu. A finales del gobierno de Vicente Fox y ya en el mandato de Enrique Peña Nieto el juez XIII de Distrito en Materia Penal exoneraba al hermano incómodo de Salinas. El 19 de julio de 2013 la PGR desistía al no poder lograr acreditar la procedencia ilícita de sus bienes. Ese mismo año la revista Forbes a través de una encuesta de percepción ubicó a Raúl Salinas como una de las «10 Personas más corruptas en México».

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Se declara culpable de lavado de dinero

Mientras el calvario para Mario Villanueva continuaba después de que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo se había comprometido a terminar con los políticos intocables. Así en el mandato de también fueron renunciados los gobernadores de Morelos, Jorge Carrillo Olea y Jorge Morales Barud; el de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, debido a la matanza de Aguas Blancas, y Julio César Luis Ferro, en 1998 después de la masacre de Acteal.
Villanueva estuvo seis años y siete meses encarcelado en Estados Unidos, pero un juez decidió concederle la libertad al considerar su buena conducta y los nueve años pasados en una prisión de México.
Durante su proceso en Estados Unidos, la corte del distrito de Manhattan, N.Y., le otorgó el acceso al expediente para que analizara y tradujera los cientos de libros de pruebas así como grabaciones de voz que se le hicieron cuando fue gobernador del Estado de Quintana Roo.
La demanda firmada por el abogado James B. Comey, en representación del gobierno de americano, estableció que Mario Villanueva Madrid y su hijo Luis Ernesto Villanueva Tenorio y la Sra. Consuelo Márquez participaron en lavado de dinero en instituciones financieras de los Estados Unidos, y realizaron movimientos ilegales por cerca 30 millones de dólares los cuales insertaron en el sistema financiero de ese país de manera fraudulenta.
El exgobernador Villanueva se declaró culpable ante la Corte Americana el 2 de agosto de 2012: “De 1993 al año 2001 participé en una conspiración para organizar transacciones financieras, sabiendo que se trataba del producto de una actividad ilícita, para ocultar el carácter y el origen de ese producto”, declaró ante el juez de la causa Víctor Marrero. Así lo difundió el diario Reforma, El Universal (http://www.eluniversal.com.mx/notas/862491.html) y la revista Proceso. De acuerdo con la carpeta de investigación, las autoridades de EU aseguraron 19 millones de dólares de Mario Villanueva, producto de actividades ilícitas.
De acuerdo con la revista Contralínea, Mario Villanueva, utilizó el sistema financiero mexicano, para lavar al menos 100 millones de dólares, mismos que utilizó en complicidad con el ex alcalde de Cancún, Rafael Lara y el ex Secretario de Finanzas. Este último, Testigo protegido de la DEA.
Para evitar que esos fondos fueran rastreados y se localizara su origen ilícito, tuvieron la asistencia de Consuelo Márquez que, en su calidad de representante registrada de Serfin Securities y Lehman Brothers, coordinó el establecimiento de esas cuentas off shore.
Algunas cuentas estaban a nombre de Carlos Patiño, Brígida Patiño y Felipe Patiño, que Consuelo Márquez abrió utilizando información falsa de los beneficiarios. Abrió otra cuenta en Banamex, Inc, en Nueva York, a nombre de Lehman Brothers Private Clients Services, sin conocimiento de Lehman Brothers. Otra más, abierta en esa firma, a nombre de Bank One Investment Management and Trust Group, que utilizó Consuelo Márquez para depositar los recursos procedentes del narcotráfico como una cuenta temporal antes de transferir sus fondos a otras cuentas.
Después de cumplir su sentencia
En junio de 2013 un juez de Nueva York sentenció a Mario Villanueva a pasar 11 años en prisión. Lo culparon de confabularse para importar cientos de toneladas de cocaína y de lavar millones de dólares en sobornos. Mario Villanueva se declaró culpable del delito de lavado de dinero. La fiscalía de Manhattan, de Nueva York le retiró 13 de los 14 cargos por los que lo acusaba.

Pide el arresto domiciliario

En México, en contra de Mario Villanueva Madrid está pendiente una Sentencia Condenatoria emitida, en segunda instancia, dentro del proceso penal 101/2003 del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.
Según el juicio radicado en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Villanueva, también fue acusado del delito contra la salud, sin embargo, en 2007, se le dictó sentencia absolutoria por este delito en particular.
Después de cumplir su condena en Estados Unidos, acabado políticamente y enfermo Mario Villanueva fue liberado a mediados de enero de 2017 y trasladado a México por autoridades migratorias de Estados Unidos que repatriaron a Villanueva, quien fue recibido en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por personal de la Agencia de Investigación Criminal, adscrito a Interpol México, y del Instituto Nacional de Migración.
Tan pronto pisó territorio mexicano Mario Villanueva Madrid fue trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial ubicado en el municipio de Ayala, Morelos.
Entonces Mario Villanueva movió las pocas influencias que tenía. Le pidió a un periodista abogar por él y este le dio focos y cámara a nivel nacional. Mario Villanueva, en entrevista con Ciro Gómez Leyva pedía pasar el resto de su condena en prisión domiciliaria.
Villanueva no cumple con los requisitos para obtener este beneficio, sin embargo fue trasladado a Quintana Roo al penal de Chetumal. De cumplirse la pena, el exgobernador debería cumplir su pena y salir de prisión a los 91 años de edad.
Pero don Mario quiere apelar a la misma suerte con la que corrió el narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto” quien salió de la cárcel a los 86 años de edad al terminar su sentencia de 40 años y por motivos de salud

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Gobierno de Quintana Roo arrecia batalla legal contra Aguakán por “la desaparición” de millones de pesos

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Por Arturo Mendoza Mociño /
Pedro Canché Noticias

Puerto Morelos, Quintana Roo.- El pasado miércoles 19 de septiembre las oficinas de Aguakan en Playa del Carmen y Cancún fueron intervenidas por agentes de la Policía Estatal y Federal para aclarar un presunto desvío de más de mil 200 millones de pesos.

Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V. (DHC), denominación fiscal de Aguakan, siempre ha estado en el ojo del huracán por la calidad y las tarifas de su servicio de agua potable en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen, pero las rachas de vientos de corrupción arreciaron cuando en octubre de 2016 la empresa que comandan Jorge Eduardo Ballesteros Franco, su hijo Jorge Eduardo Ballesteros Zavala, Diego Ramos González de Castilla y Enrique Rojas Blásquez dejó de pagar la contraprestación que le corresponde como concesionaria del servicio de agua.

Todo empezó en el guadalupanísimo 12 de diciembre de 2014 cuando la XIV Legislatura de Quintana Roo prorrogó la concesión de DHC hasta el 31 de diciembre de 2053. También ese día los diputados locales aprobaron el Decreto 251 mediante el cual la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo (CAPA) contrató un crédito bancario por 980 millones de pesos, el cual sería usado para inversión en infraestructura, aunque su aplicación real se desconoce hasta el momento.
El préstamo tendría que pagarse trimestralmente a través de la contraprestación que debería pagar Aguakan. Sin embargo, la concesionaria promovió un recurso ante un juzgado federal para depositar ahí los pagos de las contraprestaciones que se realizan cada tres meses y que cada año suman más de 200 millones de pesos.

Perla adicional: Tampoco se sabe en qué se usaron los mil 55 millones de pesos que recibió el ex gobernador Roberto Borge por parte de la empresa para impulsar la concesión ampliada hasta el 2053, pero el Gobierno de Quintana Roo está obligado a pagar esos préstamos como aval que es.
Los montos de los que se desconoce su paradero, el del préstamo y el del pago extraordinario, duraron sólo unos minutos en las cuentas bancarias de CAPA antes de que fueran transferidos a una cuenta de la Secretaría de Finanzas, bajo la que dirección de Juan Pablo Guillermo Molina, de la cual desaparecieron.
Por ello, el gobierno de Carlos Joaquín González ha intensificado acciones legales para verificar el cumplimiento económico y operativo de Aguakan. En tanto la concesionaria del clan Ballesteros anticipó su defensa en los juzgados para evitar la cancelación del título de concesión que le fue prorrogado en el último año del quinquenio de Borge.
(Fuente: Gobierno de Quintana Roo)

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Los Ballesteros, dueños de Aguakan, una historia familiar de fraudes y rescates millonarios

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Por Abraham Gorostieta /
Pedro Canché Noticias

Jorge Eduardo Ballesteros es ejemplo exacto del grueso de esa dicotomía tan mexicana: empresa en banca rota, pero empresario multimillonario.
El dueño de Aguakan tiene un largo historial de empresas quebradas y en banca rota pero sus finanzas personales nunca menguan. El gobierno desde la época de Carlos Salinas lo ha rescatado una y otra vez. Luego Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Aguakan, empresa de la que es propietario en Quintana Roo está endeudada a pesar de que cada año incrementa sus ingresos. Así mientras sus empresas dan lástima, su billetera da mucho gusto, pues el señor Ballesteros es asiduo invitado a las fiestas y reuniones de los hombres de negocios en México.
La familia Ballesteros Franco siempre ha estado en el ojo del huracán, pues se han beneficiado de los recursos de los contribuyentes, merced a sus “contactos” y “negocios” con los poderosos en turno.
Crescencio Ballesteros, patriarca de la familia y quien creó la empresa Grupo Mexicano de Desarrollo en 1959 con apoyo del gobierno de Adolfo López Mateos. En 1968 adquirió acciones de Mexicana de Aviación que estaba en suspensión de pagos. La compañía logra cerrar en 1970 con utilidades y un total de 1.28 millones de pasajeros transportados. Sin embargo, en 1982 la mala administración de la empresa la lleva a la ruina y Crescencio Ballesteros se ve “obligado” a vender la aerolínea. Amigo cercano de Miguel de la Madrid, Ballesteros vende al Gobierno el 54% de Mexicana de Aviación sin avisarle a los otros accionistas de Estados Unidos con lo cual los defraudó pero no había problema, contaba con la amistad del señor Presidente.
Tres años antes, en 1979 se cayeron los edificios que habían sido construidos por la empresa de Ballesteros durante el sismo en la Ciudad de México en ese año. El diagnostico que dieron los expertos fue que al hacer la construcción se hizo mal y se utilizaron materiales baratos. Así comenzó a hacerse fama el Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) la empresa constructora de la familia Ballesteros.

Consentido del Sistema

Uno de los mecenas y protectores de Jorge Ballesteros fue Salinas de Gortari, quien le otorgó la concesión de la construcción y operación de la Autopista del Sol que va de la Ciudad de México a Acapulco, en 1989, una de las carreteras más caras de América Lantina.
No sólo ese negocio hizo el empresario en Acapulco, Guerrero, su constructora Grupo Mexicano de Desarrollo construyó en la exclusiva zona de Punta Diamante las calles, banquetas y drenaje de esa parte de la ciudad, incluso anunció pomposamente, el haber invertido 1 billón 700 mil millones en la obra, que resultó defectuosa pues al poco tiempo de ser inaugurada se inundó y vino abajo cuando el huracán “Manuel” apenas la tocó.
En el medio de las constructoras se conoce a la empresa GMD como una de las consentidas en el sexenio zedillista. A pesar de que la familia Ballesteros siempre lo negó, en 1995 se supo la verdad: los Ballesteros y sus empresas, fueron de los más favorecidos por las operaciones del Fobaproa, incluyendo el rescate carretero, con cerca de 30 por ciento de los recursos públicos destinados a tal fin.
No sólo eso, en el sexenio de Ernesto Zedillo, los Ballesteros fueron beneficiados también con la política de salvamento en la emisión de un eurobono y como deudores individuales de la banca. En total, el gobierno zedillista les salvó 10 mil 700 millones de pesos. Los claros beneficiarios fueron: Jorge, José Luis y Carlos Ballesteros Franco.
Hace tres años, la familia Ballesteros entró en el programa fiscal “Ponte al corriente” y con el pago de 163.1 millones de pesos liquidaron los créditos fiscales que adeudaban desde hace 15 años. Con está acción del descuento del 80 por ciento a las empresas de los Ballesteros se libraron de pagar 653 millones de pesos.
En el año de 2002, la bancada del PRD dio a conocer una lista de los beneficiarios del Fobaproa. En la lista aparecían las empresas de GMD, la empresa de Ballesteros Franco. En marzo de 2016, la deuda de México respecto de los pagarés del Fobaproa y del FARAC se elevaba a 1 billón 62 mil millones de pesos: 877 mil millones en el primer caso y 185 mil millones de pesos en el segundo.

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Fraudes en todas partes del mundo

La familia Ballesteros no sólo ha hecho de las suyas en México sino que su fama de fraudulentos es conocida en Estados Unidos. En 1999, José Luis Ballesteros, hermano de Jorge, siendo miembro de la empresa química Nalco Chemical Company informó a sus hermanos que las acciones de la empresa estaban en venta. La familia Ballesteros comenzó con la compra de acciones a través de una cuenta suiza propiedad del fideicomiso familiar.
Pero la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos descubrieron que la compra violaba las leyes de valores de este país “al realizar acciones masivas y altamente lucrativas”. Fue así que dicha comisión acusó de fraude al empresario mexicano Jorge Eduardo Ballesteros Franco, presidente del Grupo Mexicano de Desarrollo, así como a familiares y socios, por beneficiarse ilícitamente de información privilegiada, que les proporcionó ganancias por 3.7 millones de dólares.
La familia Ballesteros compraron 263 mil 329 acciones de Nalco a un costo de 9.8 millones de dólares usando múltiples fideicomisos en cuentas de bancos de ultramar con nombres fachada y fidecomisionarios en la isla de Jersey, así como a través de cuatro corredurías y cuentas en Estados Unidos y Suiza, logrando ganancias por 3.8 millones de dólares.
El fraude fue cometido
En 2001 Jorge Eduardo Ballesteros Franco fue procesado en Estados Unidos por utilizar “múltiples fideicomisos offshore­ a nombre de personas ajenas a la familia Ballesteros” en una operación de fraude financiero. Desde entonces, el empresario no puede hacer negocios en Estados Unidos ni pisar aquel país. Diez años después es acusado nuevamente de fraude por el fiscal de Distrito Sur de Nueva York. Quince de sus familiares también están acusados.
No es la primera vez que Jorge y su familia es acusado de ser beneficiarios de las privatizaciones, los rescates carreteros y bancarios, y de triangular recursos mediante compañías fantasma en las Bahamas.
En 2013 nuevamente el apellido Ballesteros fue motivo de escándalo. Los 11.5 millones de documentos internos del despacho panameño Mossack Fonseca en paraísos fiscales que obtuvo el periódico alemán Süddeutsche Zeitung reveló como miembros de la familia Ballesteros, Carlos Mauricio y Josefina, son los beneficiarios finales de Caribou Bahamas GP y Aramis Bahamas GP, dos empresas fantasma incorporadas en Bahamas el 29 de mayo de 2015 con la finalidad de “ser socios de una empresa canadiense”. Ambos señalaron como origen de los fondos: “herencia”.
Dicha herencia es el producto de la privatización del sector carretero hecha por Carlos Salinas de Gortari en 1989 y que posteriormente obtuvieron cantidades millonarias de los planes de rescate de las carreteras y del sector bancario delineados por la administración de Ernesto Zedillo, debido a los cuales el contribuyente mexicano, en 2016, sigue endeudado por 1 billón 62 mil millones de pesos.
Ambos son hermanos de Jorge Eduardo Ballesteros Franco, cofundador y actual presidente de GMD, así como accionistas e integrantes del consejo de administración de la empresa familiar.

Aguakan, la joya de la corona

Es así la vida y trayectoria de esta singular familia de “empresarios” mexicanos, el poderoso grupo GMD de los Ballesteros, lo mismo construye carreteras, maneja el 28% de los minerales del país y 7% de la energía que se produce con carbón que surte a través de sus puertos. No solo ello, la industria cementera está dentro de su cartera de negocios y empresas. Incluso, el servicio de agua es parte del consorcio, pues su empresa Aguakan, declarada en números rojos cada año, surte de agua a los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad.
Fue el contubernio de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, Mauricio Góngora, exedil de Solidaridad, ambos en proceso penal por fraude, desaparición y desvío de recursos públicos, Paul Carrillode Cáceres, entonces edil de Benito Juárez y Agapito Magaña Salazar, exadil de Isla Mujeres los que le abrieron la puerta a Jorge Eduardo Ballesteros para que con la venia del gobierno, pudiera extorsionar a los quintanarroenses del norte con la empresa Aguakan.
Fue tal el grado de complicidad, que Borge ordenó a los cabildos de los tres municipios la autorización de que Aguakán opere el suministro de agua potable y alcantarillado hasta el año 2053, dando con ello un golpe de muerte a la dependencia estatal Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
En 2017, Aguakan está declarada en banca rota, ahogada por las deudas a pesar de que sus ingresos netos aumentan cada año. Aguakan atiende a 1.6 millones de habitantes y a 3 millones de turistas. Sin embargo, presenta cientos de quejas al mes de cobros injustos, mal servicio y cierre de tomas sin previo aviso. Mensualmente, Aguakan cobra el servicio a más de 237 mil hogares en el norte de Quintana Roo. A pesar de ello, la empresa está en banca rota.
Pero Jorge Eduardo ya prepara heredar su poder en su hijo Jorge Ballesteros Zavala, de 38 años de edad, ingeniero civil de la Iberoamericana y con una maestría en la Universidad de Stanford. Ballesteros Zavala es director de una empresa filial en Quintana Roo, GMD Resorts, que tiene proyectos de desarrollo turístico en Cancún, Isla Mujeres y Acapulco en donde destaca el hotel boutique Banyan Tree Cabo Marqués.
La empresa se ha diversificado y opera en los puertos de México para GBM de Diego Ramos González de Castilla y Techint una terminal en Lázaro Cárdenas, por donde llega el 28% de los minerales al país, entre ellos el carbón que utiliza CFE.
En carreteras maneja la concesión de la autopista La Venta-Punta y un paquete de conservación de 734 kilómetros de vías en Veracruz. También GMD fabrica y monta estructuras de acero que a su vez utilizan otras constructoras. Una de sus últimas obras fue el Aeropuerto de Palenque con un valor de más de 540 millones de pesos.
Para continuar con la tradición familiar, padre e hijo fueron demandados por fraude por la empresa Obras y Proyectos del Pacífico, S.A. en abril de 2013.
Los Ballesteros, una familia que ni Orson Wells podría retratar en su gran obra, El ciudadano Kane.

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Aguakán, la corrupción galopante y los argentinos detrás de los Ballesteros

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Arturo Mendoza Mouciño /
Pedro Canché Noticias

Cancún, Quintana Roo.- Cuando Laura Beristain Navarrete era candidata a la presidencia municipal de Solidaridad por los partidos MORENA-PT prometió el 21 de junio del presente año que acabaría con la concesión de Aguakan a la familia Ballesteros.
¿Por qué? Porque los usuarios del servicio de agua potable en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad se quejan de lo mismo: mal servicio y altas tarifas.
“En beneficio de tu economía familiar, pondré fin a los abusos de la empresa Aguakan y se retomará el control del servicio público de agua potable y drenaje, el cual regresará a las manos del pueblo y puedan tener precios justos, porque mi prioridad es que le vaya bien a todos los que vivimos en Playa del Carmen, Puerto Aventuras y Uxuxubi”, comentó Beristain Navarrete antes de convertirse en la nueva presidenta municipal de Solidaridad bajo las siglas de Morena.
La guerra por sacar a Aguakan de Quintana Roo ha sido larga y ha tenido diferentes batallas. En abril de este año Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V. (DHC), conocida comercialmente como Aguakan, recibió una denuncia por lesividad por parte del Ayuntamiento de Solidaridad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.
En esa demanda se detalla, por una investigación del portal Noticaribe, difundida el 1 de julio de 2016, cómo en sólo 38 días y a cambio de 1,055 millones de pesos el gobierno de Roberto Borge Angulo vendió a DHC el servicio de agua potable para tres municipios.
A “Los papeles de Aguakan”, como Noticaribe llamó a su trabajo, se sumó otra querella de la empresa con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) porque en febrero se impusieron cuatro sellos a la empresa, luego de múltiples quejas por irregularidades en el servicio prestado.
Luego, como parte de una “tormenta perfecta”, el 26 y 27 de marzo se llevó a cabo una consulta pública para determinar la opinión de los 90 mil, 962 clientes de Aguakan en Solidaridad para saber si querían o no seguir contando con el servicio de DHC.
La alcaldesa de entonces, Cristina Torres, tuvo que acoger los resultados como un plebiscito anticipado de su gestión, porque sólo participaron 379 ciudadanos.

Larga concesión

Hasta 2053 acaba la concesión de Aguakan para operar el suministro de agua potable y alcantarillado en Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad e Isla Mujeres.
Así que el malestar ciudadano tendrá varios años para perdurar y manifestarse.
Hace algunos años, el periodista Carlos Cantón Zetina dio a conocer que detrás de la familia Ballesteros, considerados como los dueños de Aguakan, en realidad los argentinos Roberto Enrique Robles, Carlos Ignacio Broggi y César Gastón Borda eran los operadores de esta empresa que se vio beneficiada durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Roberto Borge.
Aún así, en el Consejo de Administración de Desarrolladores Hidráulicos de Cancún (DHC) hay cuatro consejeros propietarios y cuatro suplentes.
Los primeros son, según Cantón Zetina: Jorge Eduardo Ballesteros Franco (presidente), su hijo Jorge Eduardo Ballesteros Zavala; Diego Ramos González de Castilla y Enrique Rojas Blásquez.
Los suplentes: Diego Xavier Aviles, Paul Andrew Rangel Merkley, Fernando Ramos Gonzalez de Castilla y Manuel Rodriguez Arregui.
Todos ellos, según el periodista, subordinados a los argentinos.

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La fortuna del clan Ballesteros se liga a varios gobiernos priistas. Primero, con el presidente Carlos Salinas de Gortari se benefició de recursos públicos del Fobaproa. También, el Grupo Mexicano de Desarrollo de los Ballesteros consiguió, en 1989, el contrato para construir la Autopista del Sol (Cuernavaca-Acapulco), que pronto se hizo célebre por lo mal hecha que estaba.
GMD lo mismo construye carreteras que maneja 28% de los minerales del país, y 7% de la energía que se produce en el país se hace con carbón que surte a través de sus puertos. El cemento también está presenta en su cartera de negocios.
En los años 90, la familia Ballesteros se benefició del programa de rescate carretero autorizado por el entonces presidente Ernesto Zedillo. Y hace unos años, gracias a Roberto Borge, se adueñaron del agua potable del Caribe mexicano.

Operación “Salvar Aguakan”

En su investigación “La mafia de Aguakan en Quintana Roo”, Carlos Cantón Zetina apunta que la extensión de la concesión a DHC se hizo para salvar a la empresa por sus incontables deudas a pesar de sus ganancias: En 2013 obtuvo 960.7 millones de pesos, contra los 940.9 millones de pesos que logró en 2012 y los 857.3 de 2011.
El 30 de septiembre 2014, DHC debía 515 millones de pesos por dos créditos por 355 millones de pesos que le otorgó la dupla de consorcios aliados Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y GBM Hidráulica. Otras cuentas por pagar suman 68.2 millones, y adeuda otros 55.9 millones por concepto de impuestos.
“Para atenuar su crisis financiera, DHC tiene proyectado emitir certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 900 millones de pesos. Significa que recurrirá a una deuda bursátil de cinco años, dando como garantía… ¡el agua quintanarroense!. Es decir, su principal activo que es la concesión otorgada por el gobierno del estado y los ayuntamientos de Benito Juárez (Cancún) e Isla Mujeres el 20 de octubre de 1993. El de Solidaridad (Playa del Carmen) será nuevo cliente.
“Como condición para la bursatilización (instrumento de deuda), los evaluadores financieros exigieron a Aguakan conseguir la prórroga de su concesión para “evitar riesgos de una revocación” e incluso una eventual expropiación por parte de los gobiernos federal o estatal”.
Y es de esa forma que Aguakan podrá operar hasta 2053 en la región.

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«El arte de rodar la brisa de Cancún»

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Por Arturo Mendoza Mociño /
Pedro Canché Noticias

Cancún, Quintana Roo.- Es holandesa. Pesa 400 toneladas y se yergue a 54 metros de altura.
La Gran Rueda Cancún es una réplica de otras repartidas en 14 ciudades del mundo. No es tan alta como la que hay en Puebla que alcanza una altura de 80 metros, pero René Asís, director general del proyecto, resalta que la de esta ciudad tiene vistas privilegiadas hacia el Mar Caribe y la Laguna Nichupté con un horario privilegiado porque está en operaciones desde las 10 de la mañana hasta la primera hora de la madrugada durante los 365 días del año.
Su nueva sede es el Estacionamiento de Plaza La Isla luego de que se revelara que en su ubicación original, donde se encuentra el Mercado de Artesanías Coral Negro, en el kilómetro 9.5 del Boulevard Kukulkán, se carecía de permisos municipales y federales para operar.
Así que la inversión de Dutch Wheel International de 10 millones de euros y la prometida inauguración, el 14 de febrero de 2017, tuvieron que aplazarse y, literal, desplazarse unos kilómetros más hacia el sur para brindar sus vistas espectaculares con los siguientes precios:

• $99MXN para los residentes de Quintana Roo
• $275MXN turista nacional
• $15USD para los extranjeros

Quien lo desee se puede montar en las 42 góndolas, una de ellas es VIP porque cuenta con una base de cristal para crear la sensación de que quien esté ahí está flotando y desplazándose en el aire. Las góndolas tienen una capacidad para 8 niños o 6 adultos. El recorrido es de cuatro vueltas que duran 20 minutos, más 10 de acceso y descenso.
Se dice que Dutch Wheel International cuenta con la capacidad de desmontarla en 24 horas en caso de huracanes, pero, hasta el momento, no ha enfrentado una emergencia de este tipo aún.
El 16 de marzo de este año comenzó sus operaciones este juego mecánico que aspira a convertirse en uno de los atractivos turísticos más concurridos de la ciudad.

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Redonda polémica sin fin

La ambientalista Aracely Domínguez Rodríguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), unió fuerzas con la pionera Tiziana Roma, asociaciones civiles, empresarios, Comisión de Imagen Urbana y ciudadanía en general, porque estaban en total desacuerdo con la instalación de la estructura en Punta Cancún.
Lo consideraron un “ícono de la impunidad y la ilegalidad” de Cancún porque carecía de estudios y permisos municipales y federales.
Cynthia Dehesa Guzmán, directora general de la Asociación Ciudadanos por la Transparencia, también formó parte de la coalición de organizaciones civiles que demandaron claridad en la edificación de la Gran Rueda.
La petición de información jamás fue respondida aunque después se supo que la estructura ya fue retirada y almacenada por la empresa Torresbaca Tecnogrúas S.A. de C.V.
Queda, para registro de aquella estrategia de ocultamiento, las palabras de Javier Zubirán Padilla, secretario de Ecología y Desarrollo Urbano del gobierno municipal, quien dijo que la edificación de la rueda de la fortuna del kilómetro 9.5 de la zona hotelera, no era una construcción como tal, pues era un caso especial.
“Es un caso especial, no es una construcción común y corriente, realmente las ruedas de la fortuna en todo el mundo son estructuras que se empotran al inmueble, no son permanentes, son temporalmente, entonces lo que se hace es que se ponen en puntos que son muy concurridos peatonalmente y (para poder operar) se saca como un permiso de feria, como cualquier otra feria que se empotra en un terreno o en un inmueble y ese es el permiso que se va a extender y ahí ya no entraría Desarrollo Urbano como tal, sino entraría otra dirección”.

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OBSERVATORIO: Los cambios en el gabinete de Carlos Joaquín

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El asesor Juan de la Luz lleva a cuestas 700 cadáveres desde 2016

En la Noche todos los Gatos son Pardos

Fue Graco Ramírez, el gobernador del Estado de Morelos, quien llevó a Carlos Joaquín al Comité Nacional del PRD en sus días aciagos cuando Roberto Borge y Félix Gónzalez Canto confabularon en el seno del PRI nacional no darle la candidatura. Graco es para Carlos Joaquín un hermano, un consejero. Ahora que se acumulan 700 ejecutados en Quintana Roo desde el 25 de Septiembre de 2016 cuando tomó el poder Graco es clave también en recomendarle a su comisionado de Seguridad Pública, a Alberto Capella Ibarra, cuyo mayor orgullo es haber formado los Comités de Vigilancia Vecinales en Morelos para la seguridad.

En efecto, Alberto Capella Ibarra está preparado desde mediados de Septiembre para tomar las riendas de la Secretaría de Seguridad Pública en sustitución de Rodolfo del Ángel Campos, quien se incorporará como asesor en esa materia en el gabinete joaquinista. Capella es en Morelos el coco de los narcos. Tiene a cuenta decenas de mantas contra su vida. Pero ni se inmuta. El crimen organizado aún no reacciona en Quintana Roo con este cambio en el que promete atosigarlos.

Alfonso Durazo, virtual secretario de Seguridad de Andrés Manuel López Obrador ve con buenos ojos este nombramiento en Quintana Roo. Ha dicho Durazo que la mejor forma de combatir ese flagelo del narco que deja muerte a su paso, con el consumo y las ejecuciones para sostener el liderazgo, es pegarle a sus finanzas, tanto los bloques de dinero en efectivo como los sujetos y empresas que lavan el circulante.

Será el sereno pero los números de ejecutados a la baja o a la alta marcarán el nuevo escenario de Capella.

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La política de seguridad de Carlos Joaquín en estos dos años de su mandado sufrió un embate huracanado por parte de 4 grupos del narco en la Zona Norte que se pelean la plaza que dejó vacante Leticia Rodríguez, «Doña Lety» protegida por los funcionarios de Roberto Borge en ese quinquenio. Juan de la Luz, el asesor de las sombras, el hombre oscuro de Carlos Joaquín ha sufrido una derrota. Pesan sobre Juan 700 cadáveres de una guerra que no supo controlar. Un cartel de Jalisco que llegó a Quintana Roo y los rebasó. Con miles de policías federales que llegaron y nunca dieron un golpe contundente al crimen organizado. Ahora que se van Rodolfo del Ángel Campos y el fiscal Miguel ángel Pech Cen, la pregunta obligada es, ¿también se va Juan de la Luz, el fallido asesor de seguridad de Carlos Joaquín? Lo menos sería echarlo del gabinete.

Por cierto el ex fiscal Carlos Arturo Álvarez Escalera, brazo de Roberto Borge en esos tiempos de los pactos y el dinero y las injusticias regresa por la puerta grande con la inmadura Laura Beristain, la Perla Tun II por aquellos de los berrinches y confundir la política y la administración pública con su casa en donde pueden gritarle al marido o a la familia. Los pactos de la hermana incómoda, Luz María Beristain con Félix Gónzalez Canto y Roberto Borge, al admitir a la plantilla borgista en el Ayuntamiento de Solidaridad, nos hablan de un posible financiamiento o negocios de la familia Beristain afortunada que un día llegaron a Playa del Carmen de hippies a fumar mota y terminaron en el poder.

Con 2200 millones de pesos de recaudación anual en Playa del Carmen, Laura Beristain enloquecerá con el poder. Desde ahora ha perdido el piso y esto lo aprovechan Chano padre y chano hijo quienes son los que realmente mandarán en este trienio y la prueba es que han incrustrado a borgistas en esta próxima administración.

En la terna para sustituir al fiscal Miguel Ángel Pech Cen están Lili Campos, la consejera jurídica del gobernador, Rosaura Villanueva, la fiscal anticorrupción y la abogada apartidista, Aracely Andrade. Pech Cen regresará a trabajar de catedrático donde lo hace mejor y ya empaca sus libros para irse y entregar las llaves de la Fiscalía sin ningún respingo. Y se va como un profesional: Sin ningún amague. Su ventaja fue que no pactó con el crimen organizado, en un trabajo que no tuvo el respaldo de la PGR ni Seguridad Nacional.

Juan Carlos Pereyra, el diputado y ejecutor político de Carlos Joaquín tuvo la «brillante idea» de recomendar a Paoly Perera como parte del gabinete de Carlos Joaquín, quien sustituirá a Candy Raygoza del Instituto Estatal Para la Educación de los Adultos (IEEA) ahora que termine su mandato. En el razonamiento de Pereryra, las mujeres como Perla Tun y Laura Beristain van conformar un bloque y es necesario conformar otro para tenerlas de aliadas del gobernador. Así Paoly Perera, la política del PRI de Felipe Carrillo Puerto que casi fue reelecta se suman al bloque de Mara Lezama y Laura Fernández para hacer contrapeso a los grupos priistas y borgistas que se fortalecen en MORENA.

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Este pragmatismo no le gustó a José Esquivel quien enseguida protestó, por los desvíos de la tesorera de Gabriel «El pato» Carballo. Tanto Carballo como Perera tienen denuncias de la Auditoría Superior del Estado por desvíos de recursos. Su adquisición de Pereyra dará dolores de cabeza al sistema joaquinista. Por cierto también Esquivel muestra su pragmatismo al andar de la mano con el corrupto Balfre Cetz Cen, que se enriqueció con la presidencia municipal y viene por más.

Carlos Joaquín integrará a Cristina Torres en su gabinete de inmediato para evitar que Laura Beristain la agarre de piñata. Laura Beristain tomó de manera personal que en la administración de Cristina no le hayan aceptado 16 aviadores que propuso y algunos negocios que les beneficiarían a su hermano Juan Carlos Beristain Navarrete

Todo apunta que Perla Tun II , Laura Beristain no se coordinará con el gobierno del Estado para las ejecuciones de medidas en materia de seguridad y desde ahora le llora a AMLO para que tenga el control del C4 y quiere echar a la policía estatal de seguridad pública.

¿De que sirve que un alcalde se aísle, como le pasó a Perla Tun? Las consecuencias en inversión en salud y seguridad pública al final lo pagan los ciudadanos. Los Ayuntamientos no deben estar al capricho de una familia conflictiva…

De noche , todos los gatos son pardos…

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El fin de la oligarquía de medios; otro saldo del 1 de julio

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Explicación surrealista de eventos surrealistas en un país surrealista

Por Raúl Caraveo Toledo (@raulcaraveo)

La izquierda por vía del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) tomó los poderes ejecutivo y legislativo el pasado uno de julio; la derecha moderada y reaccionaria fue fumigada por obra de los electores; la oposición histórica y legendaria tomo los poderes y por si fuera poco también los congresos locales necesarios para cambios constitucionales. El soberano actuó de forma contundente.

Lo que podría ser la oposición –con este radical cambio- quedó pasmada, incrédula, debilitada tanto que dos partiditos desaparecieron y los veteranos PRI, PAN y PRD sufrieron tantas fracturas que se pierden en las contradicciones y singular ausencia para que alguien de calidad moral pueda ser la nueva oposición, solo uno, solo uno, no lo hay.
Singular papel quedó para la potencial oposición.
A casi tres meses de ocurrida la colisión, ni los perdedores logran reponerse, ni el Gobierno Federal asumir su labor; ni la nueva oposición legislativa puede asumir su función; ¿cómo lo va a hacer? si es meramente simbólica por número de legisladores y calidad de éstos.
No hay oposición política clara y/o fuerte. Formalmente sí; pero en los hechos no sirve. ¿quién puede creer en Pablo Emilio Madero o en Miguel Ángel Osorio Chong, o en Enrique Ochoa Reza? Absolutamente nadie, ni en sus partidos los quieren.

Día a día aparecen nuevos eventos que descubren casos de desvío de recursos, dinero por aquí que se esfumó, otro que se desvió, uno más que se prometió pero no se llevó a cabo, como los 50 millones que el pasado Congreso dispondría para los damnificados del temblor de hace un año, y que con cinismo increíble el Presidente de la LXIV legislatura Ernesto Cordero anunció, ordenó comerciales y nunca apareció; o lo esfumaron o no lo obtuvieron pero si lo publicitaron. ¿Cuántos eventos de corrupción seguirán apareciendo? No lo sabemos, pero seguramente seguirán apareciendo y con mayor medida a partir del 1 de diciembre.
El cinismo de la clase política no tiene límite.
Entonces el lector se preguntará ¿no hay oposición?

Efectivamente quienes debieran ocupar esos espacios no los hay, no hay nivel, no hay estatura, no hay dignidad para asumirlo. Definitivamente no, pero el vacío de éste espacio –como todo en política- alguien lo llena, si, en política no hay vacíos. Aquí es donde entra la clase de comentocratas oficialistas del régimen pasado, un mediano grupo de enanos de la información que siempre jugaron para dar legitimidad y respaldo a los políticos en desgracia hoy, han asumido el papel de severos cuestionadores de los nuevos poderes uno en ejercicio ya y otro a dos meses de asumir la presidencia de la República.

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Un grupo de periodistas privilegiados por generaciones, algunos son simplemente hijos de, o esposas de, o sobrinos de; el grupo acapara los medios de mayor difusión en radio y televisión, medios favorecidos por los regímenes anteriores. Hoy asumen el papel de censores de cualquier expresión del Presidente electo o de los líderes de las Cámaras, en su burda reacción recortan y tergiversan las declaraciones, asumen lo que ellos pretenden y sacan de contexto expresiones de los líderes del naciente régimen.

En una burda maniobra editorializan, incluso gesticulan y hasta hacen debates entre ellos para desacreditar los primeros pasos del régimen que eligieron los ciudadanos. La oposición docta e iluminada pretenden ser su personificación, descalifican y, en un ejercicio estéril, son incapaces de proponer, no pueden ni tienen la capacidad de influir en sus minorías; ahí su fracaso.
Cito como ejemplo muy reciente la forma absurda que León Krauze pretende descalificar a su colega Hernán Gómez Bruera sin argumentos serios.
Hasta dónde puede llegar la prepotencia profesional de esa camada de periodistas sin principios adictos al dinero. Todos conocemos las voces y plumas que ostentan hoy el papel de censores, cuando nunca antes pudieron cuestionar una sola disposición, orden o proyecto del Presidente, o de los legisladores; Televisa, EL Universal, Grupo Fórmula, Milenio, Reforma, Excélsior, entre otros, durante un año quisieron vendernos la idea de un País que no existe en el que ganaría su candidato oficial, producto de un Presidente esencialmente corrupto.

Hoy esos medios fueron el poder informal que más afectado quedó de las pasadas elecciones, no lo entienden, como no entendieron antes, y ese error los condena a su desaparición. Un proceso de adaptación no puede provenir de las mismas personas, su pasado los condena; aquí mismo en tres artículos tratamos el caso de Joaquín López Dóriga versus María Asunción Aramburuzavala, pudimos pronosticar el fin del vocero oficial al comprobarse su perfil extorsionador. A los cuatro meses con cero audiencia y credibilidad salió de la pantalla.
Hoy los voceros y la oligarquía comentocrática tiene sus días contados. No es porque Andrés Manuel López Obrador lo pida, no es por el dinero que dejaran de recibir de forma indirecta (chayote) no es porque sus medios cambien su línea editorial; simplemente dejarán de aparecer porque no tienen credibilidad, no son líderes de opinión, nunca lo fueron, ni son los más leídos o vistos con empatía; se irán porque los ciudadanos les están dando la espalda.

Una vez que surjan otros medios con la apertura que se ofreció para nuevas concesiones en radio y televisión, habrá de cerrarse un ciclo en la historia moderna de los medios de comunicación en México.
Mientras hoy seguiremos viendo y escuchando el análisis pormenorizado, editorializado, descontextualizado, denostador de los mismos que tenemos que ver o leer; soportando su arrogancia y certidumbre auto proclamada, con el solo objetivo de debilitar la fortaleza del naciente régimen.

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Por comparar a Maduro con un burro podrían pasar 20 años en la cárcel

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Mérida, Venezuela.- Estamos recibiendo la visita del presidente Maduro”, se escucha decir a un hombre en un video en el que aparece un burro paseando dentro de una estación de bomberos en Venezuela. Es una grabación apenas dos minutos en la que comparan al animal con el presidente Nicolás Maduro y critican las condiciones del lugar, pero los bomberos Ricardo Prieto y Carlos Varón podrían pasar hasta 20 años de prisión por “incitación al odio”.
Los dos miembros de bomberos del Estado de Mérida, de 41 y 45 años, fueron aprehendidos el miércoles pasado luego de que un tribunal ordenó la “medida privativa de libertad” por la divulgación de las imágenes que se hizo viral.

En dichas imágenes se oye una voz que llama “presidente Maduro” al burro que es paseado con una correa y bromea al decir que el presidente lleva a cabo una inspección en el lugar.
Durante una conferencia de prensa el martes, el reportero de la AFP Esteban Rojas cuestionó a Maduro por el hecho de ambas personas, pero el mandatario descalificó al periodista y dijo que no iba a responder debido a que no estaba al nivel.

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Según Foro Penal, la acusación contra los trabajadores se basa en la Ley contra el Odio, aprobada a finales de 2017 por la oficialista Asamblea Constituyente y denunciada por la oposición como un instrumento para “criminalizar la disidencia”. La norma prevé penas de hasta 20 años de cárcel, la ilegalización de partidos políticos y el cierre de medios de comunicación.
Un hombre y una mujer que protestaban por la falta de comida fueron los primeros detenidos en aplicación de esa ley, en enero, según Foro Penal. Se les arrestó en una pequeña manifestación que cerró una avenida en Valencia.

Las autoridades gubernamentales no han hecho declaraciones sobre el caso de los bomberos, presentados en tribunales el fin de semana. “La pena de cárcel como castigo a la libertad de expresión es desproporcionada e innecesaria, contraria a tratados internacionales de derechos humanos”, señaló sobre el caso la ONG Espacio Público.
El propio Maduro, quien afronta un enorme rechazo popular por la crisis económica, bromea en sus actos públicos afirmando que sus adversarios lo llaman “Maburro” por sus gazapos.
Según Foro Penal, en Venezuela hay cerca de 240 “presos políticos”.

Otra burla sobre el presidente le salió cara a una familia en agosto, al ser desalojada de una vivienda que le había asignado el gobierno por supuestamente bromear en un chat de WhatsApp de vecinos sobre la explosión de dos drones cargados de explosivos durante un acto de Maduro.
Con información de: AFP

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